El presidente Obama da tantos giros de 180 grados en sus posiciones políticas que es complicado seguirle el rastro. Después de presentarse a presidente respaldando el matrimonio tradicional, “evolucionó” para respaldar el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora su Departamento de Justicia ha instado oficialmente a la Corte Suprema a que derogue esa ley por completo.
La Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer en lo referente a la ley federal, fue aprobada por el Congreso con una aplastante mayoría de votos de ambos partidos y fue ratificada por el presidente Bill Clinton en 1996. Dicha ley será objeto de una impugnación judicial que será vista por la Corte Suprema el próximo 27 de marzo. El viernes pasado, el Departamento de Justicia de Obama presentó un informe ante la Corte Suprema estableciendo la posición de la administración de que la DOMA es inconstitucional.
Normalmente, es tarea del Departamento de Justicia el hacer cumplir las leyes de la nación. Pero como ha observado el analista de la Fundación Heritage Hans von Spakovsky, la administración de Obama es diferente:
Pero ahora tenemos un Departamento de Justicia tan politizado que en realidad está argumentando en los tribunales en contra de los estatutos federales y no lo está haciendo basándose en los dictados de la ley…sino basándose en las preferencias normativas aparentes y en la ideología política de esta administración. Hasta aquí llegó el preocuparse de que las leyes se ejecuten fielmente.
La Corte Suprema también oirá los argumentos contra la Proposición 8, la enmienda constitucional del estado de California que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, que fue aprobada por el voto popular de los ciudadanos de ese estado. Los argumentos del 26 de marzo se presentarán el día antes de los argumentos de la DOMA. Diversas organizaciones, lideradas por la Organización Nacional para el Matrimonio, van a celebrar en Washington D.C una Marcha por el Matrimonio ese mismo 26 de marzo.
John C. Eastman, profesor de derecho y antiguo decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Chapman, redactó un Memorándum Legal para la Fundación Heritage, detallando las cuestiones constitucionales presentes en estos casos. Eastman explica que las demandas en torno al matrimonio “implican dos conceptos constitucionales fundamentales. El primero es si las leyes en cuestión prohíben el ejercicio del derecho fundamental a casarse en violación de la Cláusula de Respeto de las Garantías Legales. El segundo es si estas tratan a algunas personas de forma distinta debido a su orientación sexual en violación de la Cláusula de Igual Protección”.
Eastman argumenta que la Constitución no ofrece una respuesta sobre el matrimonio y que:
La pregunta definitiva ante la Corte es entonces si la decisión de embarcarse en tal experimento debe ser tomada por las personas, bien mediante sus asambleas o directamente mediante iniciativas populares o si se debe interpretar que la Constitución, que no se pronuncia sobre esta cuestión concreta, ya ha respondido a dicha pregunta.
Durante años ha habido un firme debate sobre esta cuestión. Los ciudadanos de 41 estados han expresado una y otra vez que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Corte Suprema debería permitir que el debate en torno al matrimonio continuase y debería dejar que la gente (no los tribunales) decida la normativa relativa al matrimonio.
El matrimonio existe para unir a un hombre y a una mujer como marido y esposa para que sean padre y madre de cualquier hijo que produzca su unión. Por ello, la normativa referente al matrimonio trata de mucho más que de la intensidad emocional. El gobierno no está encargado de afirmar nuestro amor, sino que deja al consentimiento de los adultos libres el vivir y amar del modo que elijan, como ha expresado el analista de la Fundación Heritage Ryan Anderson:
Contrariamente a lo que dicen algunos, no hay ninguna prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nada en torno al mismo es ilegal. En todos y cada uno de los 50 estados, dos personas del mismo sexo pueden elegir vivir juntos, elegir unirse a una comunidad religiosa que bendiga su relación y elegir un lugar de trabajo que les ofrezca diversos beneficios conjuntos. Muchas casas de culto y empresas progresistas así han decidido hacerlo voluntariamente. No hay nada ilegal en ello. No hay ninguna prohibición al respecto.
Lo que está en cuestión es si el gobierno reconocerá tales relaciones como matrimonios y luego obligará a que todos los ciudadanos y empresas lo hagan también. En cuestión está si la normativa obligará e impondrá el que otros reconozcan y afirmen que las relaciones homosexuales son matrimonios.
En vez de en los deseos de los adultos, la normativa referente al matrimonio debería estar basada en las necesidades de los hijos: el producto de esta relación única de un hombre y una mujer.
Chuck Donovan, presidente de Susan B. Anthony List Education Fund, comentó anteriormente para la Fundación Heritage que:
Lo que está en juego es toda la labor de la sociedad de garantizar que tantos niños como sea posible sean criados por sus madres y sus padres. Las consecuencias de no conseguirlo son impactantes y el actual Estados Unidos, como tantas otras naciones occidentales, está comprobando esas consecuencias de primera mano. Los efectos de las familias rotas son estadísticamente significativas en todas las categorías: delincuencia juvenil, pobreza infantil, logros educativos y salud mental entre la población adulta de la próxima generación. Para los contribuyentes, los costos de las disoluciones familiares y, cada vez más, del fracaso en la formación de las familias, son angustiosamente altos y crecientes. Sería irracional no privilegiar el matrimonio frente a estas preocupaciones.
Redefinir el matrimonio incluiría un nuevo concepto en la ley: que el matrimonio es cualquier vínculo emocional que como tal establezca el gobierno. La confusión resultante de desvincular aún más la maternidad del matrimonio obligaría a que el estado interviniese más a menudo en la vida familiar. En lugar de redefinir el matrimonio, deberíamos estar luchando por restituir la cultura del matrimonio, un pilar fundamental de la sociedad civil y del gobierno limitado.
La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.
