Una nueva encuesta de opinión realizada por el Instituto Pew dice que la mayoría de los americanos cree que la redefinición del matrimonio es “inevitable”.
Ya hemos oído con anterioridad el discurso de lo “inevitable”, especialmente por parte de estadistas de toda índole. La historia está llena de causas supuestamente “inevitables” que resultaron no serlo. Nada en la vida es inevitable excepto la muerte y los impuestos, así que en la Fundación Heritage estamos haciendo lo que podemos respecto a los impuestos.
El matrimonio es la piedra angular de toda la civilización humana. Todos los americanos, especialmente los conservadores, deberían respetar esta institución fundamental de la sociedad civil. Es por eso por lo que 41 estados y el gobierno federal afirman que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Algunos antiguos responsables del Partido Republicano están exhortando a la Corte Suprema para que redefina el concepto de matrimonio para toda la nación. Sin embargo, el respaldo al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer es esencial para los principios americanos (y conservadores). De hecho, nada podría ser menos conservador que exhortar a un tribunal activista para que redefina una institución esencial de la sociedad civil.
La Corte Suprema anunció la semana pasada que verá los casos que tratan sobre la definición del matrimonio durante su actual mandato. La Corte considerará las causas presentadas contra la Ley de Defensa del Matrimonio, aprobada en el Congreso por ambos partidos con una mayoría aplastante y firmada por el presidente Clinton, así como contra la Proposición 8, la enmienda constitucional de California que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
El matrimonio es esencialmente un vínculo emocional. Tal visión posiblemente no pueda explicar mediante principios o respaldar en la práctica las reglas maritales de monogamia, exclusividad y permanencia, o explicar por qué el estado está involucrado en el tema del matrimonio desde el principio. Resolver esta cuestión es una labor de los ciudadanos y de sus representantes electos, no de una corte usurpadora.
