Cambiar el rumbo de América

18 / 03 / 2011

EL PROBLEMA:

Estados Unidos es la nación más fuerte del mundo, la más próspera, la más justa y la más libre. Sin embargo el camino que hemos estado siguiendo está convirtiendo América en un lugar muy diferente: un país ahogado por una economía extremadamente regulada, industrias nacionalizadas, atención médica dirigida por el gobierno, reguladas más por burócratas y jueces que por el consentimiento de los gobernados y con una política exterior que da demasiadas deferencias a organizaciones internacionales que socavan la soberanía. El pueblo americano ahora está ante la posibilidad de elegir entre la continuación de políticas progresistas o cambiar el rumbo a una nueva dirección que se guíe por principios y orientada hacia la renovación del más grande propósito y la mayor promesa de América.

LOS HECHOS:

Nosotros mantenemos estas verdades. América es única en su dedicación a los principios de la libertad y del gobierno constitucional. América está a favor de la proposición proclamada en la Declaración de Independencia y consagradas en la Constitución donde todos somos iguales y dotados por el Creador de derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El gobierno existe para garantizar estos derechos y sus legítimos poderes se derivan del consentimiento de los gobernados. Una estructura duradera de gobierno limitado garantiza la independencia nacional y el Estado de Derecho, proporciona oportunidades económicas, libertad religiosa y mantiene una floreciente sociedad republicana de autogobierno.

El rechazo del progresismo a los principios de América. A lo largo del siglo XX el progresismo moderno rechazó los principios básicos de América sosteniendo que no hay verdades evidentes, sólo valores relativos, no hay derechos permanentes, sólo derechos cambiantes dependiendo de la indulgencia del gobierno. La Constitución es un documento “vivo” que evoluciona y crece sin cesar con los tiempos y este es el nuevo propósito del gobierno para diseñar una sociedad mejor, asegurando resultados iguales y una redistribución de la riqueza a través de un distante y paternalista Estado del Bienestar que regula cada vez más la política, sociedad y economía americana.

Gobierno ilimitado. Por consiguiente, el gobierno federal ahora domina prácticamente todas las áreas de la vida, y estamos envueltos en una intricada red de sus políticas y procedimientos. Mientras el Congreso aprueba enormes piezas de legislación con poca seriedad a la hora de deliberar, la mayoría de las “leyes” son promulgadas bajo el disfraz de “regulaciones” por los administradores que en su mayoría no tienen que rendir cuentas y son invisibles para el público. El gobierno de Estados Unidos ahora controla bancos anteriormente privados, una de las principales empresas de seguros, una importante compañía de préstamos inmobiliarios y tiene en propiedad acciones de grandes compañías automovilísticas.

Gasto insostenible: El gasto federal anual ha aumentado un 242% desde 1970, ocho veces más rápido que la renta promedio de los hogares. El presupuesto del gobierno federal anual no alcanzó el billón de dólares hasta 1987 pero excedió 2 billones en 2002 y 3 billones en 2009. La expansión del gasto del gobierno federal está siendo impulsada principalmente por el crecimiento de los derechos garantizados, ahora más de la mitad de todos los programas de gastos y se espera que casi se doble durante la próxima década. Como resultado de ello, la actual deuda nacional (unos 68,000 dólares por familia) se duplicará en 5 años y casi se triplicará en los próximos 10 años.

El colapso del autogobierno. Al asumir más y más tareas en cada vez más ámbitos fuera de sus responsabilidades, el gobierno moderno ha perjudicado enormemente la autonomía americana. El gran alcance del Estado, impulsado por la imperativa necesidad de imponer una neutralidad moral en la arena pública, continúa empujando a las instituciones sociales tradicionales a la sombra. Al alimentar una mentalidad de ayuda social y de dependencia en vez de promover la independencia y la autosuficiencia, el gobierno administrativo promueve un carácter incompatible con el republicanismo.

Un mundo cada vez más peligroso. El terrorismo transnacional, el anti-americanismo desenfrenado, instituciones internacionales irresponsables, la proliferación nuclear y los conflictos regionales amenazan nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestra prosperidad. La capacidad de estados paria y hostiles actores no gubernamentales para usar armas de destrucción masiva contra Estados Unidos crea un nuevo y gran interés para que América se defienda activamente. La complacencia, ya sea en casa o en el extranjero, pone en riesgo no sólo el futuro pacífico y productivo de este país, sino también la de sus amigos y aliados.

LAS SOLUCIONES:

Restablecer la brújula de América. A pesar de las continuas críticas y el desprecio de las elites académicas, políticos y medios de comunicación, la mayoría de americanos todavía cree en la singularidad de este país y respetan los principios que definen su significado. Debemos mirar hacia los principios y prácticas de la Fundación de América, no como una cuestión de curiosidad histórica, sino como una fuente de seguridad y dirección en estos tiempos.

Desencadenar el espíritu emprendedor americano. El sistema americano de capitalismo democrático está bajo ataque concertado y debe ser defendido. El gobierno debería ser el marco para fomentar oportunidades ilimitadas y prosperidad generalizada y la clave está en aumentar los incentivos para producir mediante la eliminación de obstáculos al trabajo y la inversión: rebajando los impuestos, reduciendo el gasto del gobierno y evitando la sobreregulación de la empresa privada. Es imperativo dar libertad de acción a los emprendedores americanos y permitir que el poder de la creatividad económica florezca.

Recuperar nuestro futuro fiscal. El primer paso hacia la restauración presupuestaria responsable es la reforma del proceso presupuestario de modo que el Seguro Social, Medicare y Medicaid – los principales culpables del creciente déficit – ya no funcionen con el piloto automático puesto. Con el fin de garantizar una futura y mejor dirección fiscalmente sostenible para las generaciones mas jóvenes, los derechos a beneficios deberán transformarse y pasar de ser beneficios subvencionados para todos independientemente de la necesidad a ser un verdadero seguro en el que el gobierno dispersa el riesgo y protege a las personas contra sucesos inesperados y devastadores.

Restablecer las instituciones de la sociedad civil. Libertad y gobierno limitado descansan sobre la solidez de las instituciones que preceden nuestro orden constitucional. En lugar de ampliar la intervención del gobierno en la vida familiar y restringir la influencia religiosa en la arena pública, debemos impulsar cambios políticos que fortalezcan el matrimonio y la familia y reconozcan una sólida comprensión de la religión en la sociedad.

Mirar a los estados. El autogobierno no puede ser revitalizado sin una decidida inversión de la tendencia centralizadora de la administración en Estados Unidos y eso significa una importante descentralización del poder y de amplias áreas de la elaboración de política del gobierno federal revertida a los estados, comunidades locales, barrios, familias y ciudadanos. La educación, la asistencia médica, el transporte, la aplicación de la ley penal y la seguridad nacional – todos temas que en los últimos decenios se han convertido en preocupaciones federales pero que son mejor tratado a nivel estatal y local – están listos para este tipo de reforma.

Promover la libertad y la independencia. Como principio fundamental, Estados Unidos debe ser capaz y estar dispuesto y preparado en todo momento a defenderse así como a sus instituciones, así como fomentar la prosperidad a largo plazo y el bienestar de su pueblo. Un profundo compromiso con el concepto de soberanía debe estar en el centro de la política de nuestra nación. Pero la libertad no pertenece sólo a Estados Unidos y este país debe reconocer su especial responsabilidad para defender la causa de la libertad en el mundo.

Restaurar los límites del gobierno. Para proteger la libertad individual los artífices de la Constitución enumeraron cuidadosamente los poderes que corresponden al gobierno federal rechazando como peligroso cualquier planteamiento más amplio. Esta gran limitación ha sido cercenada a casi nada. Hoy en día, el Congreso rutinariamente legisla sin tener en cuenta los límites de sus facultades constitucionales y raras son las ocasiones en las que las cortes de justicia actúan para hacer cumplir estos límites. En realidad, el Congreso no solamente no hace caso de las limitaciones constitucionales sobres sus poderes. Los miembros han fallado repetidamente en su cumplimiento de leer los proyectos de ley sobre los que estaban votando y algunos incluso han declarado que primero tienen que aprobar proyectos de ley gigantescos para así poder descubrir lo que hay en ellos. Nada de esto inspira confianza ni el Congreso como institución ni en sus miembros que juran defender la Constitución.

Reforma del gobierno. El Congreso debería publicar con tiempo los textos de sus proyectos de ley para los otros miembros del Congreso así como para el público. Cada Cámara del Congreso debería aprobar una norma que exija que, en ausencia de circunstancias especiales, se publique el texto de todos los proyectos de ley en Internet, al menos dos días antes de que su debate dé lugar. Los miembros deberían mantener procedimientos parlamentarios para que puedan protestar por las desviaciones de las normas que requerirían por lo menos mayoría simple para su cambio. El Congreso no debería usar medios inadecuados para promulgar importantes leyes como el “proceso de reconciliación” reservado para las leyes del presupuesto. Y el Congreso debería adoptar procedimientos adecuados para considerar la constitucionalidad de proyectos de ley pendientes en línea con lo establecido en la Ley de Poderes Enumerados, lo que requeriría que toda la legislación en el Congreso contenga una concisa explicación de la autoridad constitucional que faculta al Congreso a actuar en consecuencia.