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EL PROBLEMA:

América necesita una política energética que promueva la sostenibilidad medioambiental y el crecimiento económico. Sin embargo, muchos miembros del Congreso y de la administración están promoviendo políticas y promulgando normativas que centralizan el poder en Washington: un planteamiento que lleva a mayores precios, escasez de energía y dependencia del exterior que los políticos utilizan para justificar sus fracasadas políticas de gran gobierno. Los americanos deberían exigir una política energética que se fundamente en el libre mercado, se edifique sobre el derecho a la propiedad privada y se apoye en la iniciativa y el espíritu emprendedor del sector privado. Esto no sólo promoverá el crecimiento económico, también ayudará a los americanos a alcanzar sus objetivos medioambientales. A fin de cuentas, la prosperidad económica, no el dictado del gobierno, es lo que proporciona los medios para proteger el medio ambiente.

LOS HECHOS:

• ¿Se nos acaba el petróleo? Hace tres décadas, las reservas mundiales comprobadas de petróleo eran de 645,000 millones de barriles; hace cinco años, eran 1.28 billones y en 2009 eran 1.34 billones. Nuevas y sofisticadas tecnologías así como políticas razonables que permiten el acceso ayudarán a recuperar ese petróleo y descubrir más. Desafortunadamente, las políticas de la administración mantienen mucho de estos recursos fuera de alcance, lo que se traduce en mayores precios y más dependencia.

• Subsidios y obligaciones energéticos. La energía solar y la eólica reciben subsidios de más de $23/MWh (megavatios-hora) comparados con $1.59/MWh para nuclear, $0.44/MWh para carbón convencional y $0.25/MWh para gas natural. Esto no incluye los $27,200 millones asignados en la ley de “estímulo” de 2009 para eficiencia energética e investigación e inversión de energías renovables. El Congreso ha ordenado que se mezcle combustibles renovables con el suministro de gasolina y ha requerido una producción de 36,000 millones de galones de etanol para el año 2022. Los subsidios y mandatos de la energía reducen la competencia, inflan los precios, perjudican la innovación tecnológica y los americanos tienen que pagar doble por los subsidios: primero con impuestos más altos y después con mayores precios de la energía.

• Acceso a los recursos naturales de América. El gobierno federal posee y controla 650 millones de acres de tierra en Estados Unidos, incluidas grandes áreas del oeste del país. Por ejemplo, el gobierno federal es dueño de aproximadamente el 85% de las tierras de Nevada, el 69% de Alaska, el 57% de Utah y el el 53% de Oregón. El gobierno federal no mantiene adecuadamente sus tierras, muchas de las cuales se pueden someter a un uso mucho más productivo, por ejemplo ganadería, minería o explotación forestal a través de la propiedad privada.

• Electricidad asequible. La ciencia detrás del calentamiento global es de todo menos definitiva, pero hay algo que sí sabemos con certeza: las políticas que imponen límites al dióxido de carbono y hacen obligatoria la producción de energías “limpias” son muy caras. La Ley de Energía Limpia y Seguridad de 2009 aprobada en la Cámara de Representantes resultaría en 1.9 millones menos de empleos en 2012, $9.4 billones de crecimiento económico perdido en el periodo 2012–2035 y un aumento del 90% del precio de la electricidad para el año 2035. No son mucho mejores las propuestas para hacer obligatoria más electricidad de renovables que requeriría que un 20% de la electricidad de la nación (actualmente el 3%) viniera de fuentes renovables elegidas por el gobierno. Destruirían un millón neto de empleos, reducirían los ingresos nacionales (PIB) en $5.2 billones entre 2012 y 2035 e incrementarían los precios de la electricidad un 36%. Ninguna de estas políticas tendría un impacto ambiental mensurable, pero ambas resultarían en mayor control gubernamental de la economía y por tanto más cabilderos inundando las salas del Congreso en busca de sus intereses particulares.

• Energía nuclear. Estados Unidos obtiene el 20% de su electricidad (y el 70% de su electricidad libre de emisiones) de 104 plantas de energía nuclear. Además, a menos de dos centavos por kilovatio-hora, la energía nuclear está entre las fuentes de electricidad menos caras que se produce en Estados Unidos y también entre las más seguras al no haber heridos ni muertos como resultado del uso de la energía nuclear comercial en Estados Unidos. Sin embargo, debido a una onerosa carga regulatoria y a la fracasada estrategia del gobierno federal para gestionar los residuos nucleares, no se ha dado permisos para nuevas plantas durante más de tres décadas.

LAS SOLUCIONES:

• Aumentar la producción petrolera continental en áreas previamente restringidas, incluyendo el Refugio Nacional de Vida Salvaje del Ártico (ANWR) en Alaska, donde se estima que hay unos 10,000 millones de barriles de petróleo —16 años de las actuales importaciones de Arabia Saudita — bajo unos pocos centenares de acres a los que se puede acceder con mínimo impacto ambiental.

• Abrir la plataforma continental exterior de América a la exploración de petróleo y gas. Las prohibiciones de perforación en alta mar impiden la exploración en el 85% de nuestras aguas costeras. Un revitalizado programa energético en el continente y en alta mar podrían crear de 113,000 a 160,000 nuevos empleos para el año 2030.

• Acabar con todos los subsidios a la energía. El gobierno federal debe dejar de escoger ganadores y perdedores en el sector energético. Los subsidios crean complacencia en la industria y reducen los incentivos para la innovación. En la mayoría de los casos, los subsidios o transfieren al público parte del costo de una inversión viable en el mercado o desvían de proyectos más eficientes la inversión directa. Distorsionan el mercado y tienen un costo para la mayoría pero van en beneficio de unos pocos. Liberar a las industrias energéticas de todos los subsidios gubernamentales permitiría a las compañías depender de la innovación y la eficiencia, no los regalos del contribuyente, para seguir siendo competitivas y permitir que haya competencia entre todas las fuentes de energía, incluyendo las renovables.

• Reformar el régimen de responsabilides del petróleo y gas de alta mar. El Congreso debería establecer un proceso para responsabilidades y reclamaciones de daños que asignaría riesgos de forma exhaustiva para las operaciones de petróleo y gas en alta mar, permitiría que las víctimas fueran compensadas completamente por los daños y protegería a las compañías de frívolas demandas judiciales. Tal régimen debería incluir un seguro multiniveles y un sistema de responsabilidades que se basarían en cobertura por seguros privados en caso de operaciones normales, así como un consorcio de asegurados voluntarios para responsabilidades que excedieran $1,000 millones; una organización financiada por la industria, dirigida por un consejo independiente para reducir la probabilidad de derrames al establecer y hacer cumplir estándares de seguridad en instalaciones concretas, recogiendo datos de seguridad, compartiendo las mejores prácticas y trabajando conjuntamente con los reguladores gubernamentales; y una preparación y capacidad de respuesta anteladas y financiadas por la industria, certificadas por una organización independiente, para atender de forma proactiva y eficaz los accidentes si ocurren, así como una supervisión federal y respuesta nacional más sólidas y mejor integradas.

• Permitir al Departamento de Interior de Estados Unidos que provea los arrendamientos apropiados, cuando sea posible, para el petróleo de arenas bituminosas. Según el Departamento de Interior (DOI) y la Oficina de Administración de Tierras (BLM), la moderada estimación de 800,000 millones de barriles de petróleo que se podría recuperar de las arenas bituminosas de la Formación de Green River es tres veces mayor que las reservas comprobadas de Arabia Saudita. La tecnología para colectar y refinar el petróleo de arenas bituminosas se está desarrollando a buen ritmo y las compañías privadas están dispuestas a invertir en ella. Cuando el sector privado demuestre que ese petróleo es económicamente extraíble y que se puede hacer con seguridad, el DOI debería permitir que la comercialización prosiga.

• Enmendar la Ley de Aire Limpio para excluir el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero del campo de acción de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Nunca fue la intención que la Ley de Aire Limpio regulase el dióxido de carbono y sin embargo eso es precisamente lo que la EPA está intentando hacer. El resultado sería que escuelas, granjas, restaurantes, hospitales, edificios de apartamentos, iglesias y cualquier cosa con un motor — desde vehículos de motor hasta cortadoras de césped, motos de agua y soplahojas— podrían estar sujetas a restricciones que aumentarían los costos.

• Introducir principios de mercado en la reforma de gestión de los residuos nucleares. Se cita frecuentemente la incapacidad del gobierno federal para cumplir con sus obligaciones legales bajo la Ley de Política de Residuos Nucleares de 1982 como un obstáculo para la construcción de más plantas nucleares. Dado el potencial de la energía nuclear para ayudar a resolver muchos de los problemas energéticos de la nación, este es el momento de romper este punto muerto sobre la gestión del combustible nuclear usado de nuestro país.

• Reformar el arduo proceso de concesión de permisos para nuevas plantas nucleares. El primer paso es crear un calendario de permisos que reduzca el actual de cuatro años a dos años para reactores tradicionales. Segundo, establecer otro camino para las licencias de nuevas tecnologías nucleares podría ayudar a construir el necesario apoyo regulatorio del que depende en último término su éxito comercial.

• Mantener viva la opción de Yucca. Bajo cualquier escenario realista de gestión de residuos nucleares, hace falta un almacenamiento geológico de largo plazo. La Comisión Reguladora Nuclear (NRC) está actualmente revisando la solicitud de un permiso solicitado por el Departamento de Energía para construir un depósito en Yucca Mountain. El Congreso debería apoyar este proceso sin reservas.

Este artículo pertenece a la serie Soluciones para América.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.