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  • Daniel Ortega y las elecciones presidenciales en Nicaragua

    Es una apuesta segura decir que Daniel Ortega será el próximo presidente de Nicaragua, el 6 de noviembre. Como líder del disciplinado Partido Sandinista, a los 65 años de edad, el previamente rebelde marxista-leninista se enfrenta a una oposición fragmentada y mal financiada. Ortega cuenta con sólidos fondos para su campaña gracias al respaldo de cerca de $2,000 millones que ha sabido dispensar ​​en estos últimos cuatro años su alma gemela venezolana, Hugo Chávez. Él ejerce una creciente influencia sobre, o incluso el control total de, la mayoría de los canales de televisión y de las estaciones de radio nicaragüenses.

    A pesar de estas ventajas, puede que Ortega también recurra al fraude electoral a gran escala. Si lo hace, Estados Unidos debería estar preparado para poner en tela de juicio la legitimidad de dichas elecciones y potencialmente reducir la ayuda económica en el futuro.

    El control del Consejo Electoral

    De cara a las elecciones presidenciales, la mejor carta de Ortega sigue siendo el corrupto Consejo Supremo Electoral (CSE), cuarto poder coigual del Estado. Sus miembros sandinistas ingeniaron un masivo y flagrante fraude en las elecciones municipales de 2008 y se robaron entre 40 y 50 alcaldías, incluida la capital, Managua.

    El CSE, que está bajo el control de Ortega, ha anunciado que no habrá observación electoral sino “acompañamiento” y que se hará bajo los términos del gobierno. Todavía queda por saber si se trata de una mera diferencia semántica o de un intento de limitar la vigilancia electoral. Sea como fuere, la invitación para “acompañar” no llegó sino hasta bien entrado el mes de agosto y se ha encontrado con numerosos obstáculos burocráticos. La Unión Europea dice que va a enviar un pequeño equipo de observación, pero aún se sigue quejando de que el CSE no haya aclarado las condiciones. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha ofrecido a enviar un equipo, pero no puede encontrar finaciamiento. El Centro Carter, que ha servido de observador en todas las elecciones en Nicaragua desde 1990, ha decidido no asistir esta vez debido a los retrasos en el establecimiento de las normas de observación.

    Grupos de la sociedad civil de Nicaragua que han participado como observadores electorales en jornadas anteriores (como el muy respetado Transparencia y Ética y el IPADE) y nuevas organizaciones no partidistas (como Hagamos Democracia) todavía no tienen el estatus legal para participar como tal. Ética y Transparencia, de hecho, ha decidido saltarse el permiso legal porque sabía que probablemente sería denegada. En su lugar, tomará el riesgoso paso de enviar a sus miles de observadores a las urnas el día de las elecciones sin el permiso del CSE.

    No obstante, ¿por qué recurriría Ortega a cualquier tipo de artimaña? ¿Por qué no permitirá una observación sin restricciones? Después de todo, encuesta tras encuesta, todas indican que Ortega conseguirá entre el 38% y el 48% de los votos, más que suficiente para darle la victoria en primera vuelta sobre la fracturada y reñidora oposición.

    Fracturar a la oposición

    Su rival más cercano, Fabio Gadea, un octogenario periodista y propietario de una emisora de radio con impecables credenciales democráticas y una integridad intachable, está rondando entre el 18% y 25%. El siguiente candidato en liza es el desacreditado expresidente Arnoldo Alemán, quien está acusado de haberse llevado unos $100 millones durante su mandato, no llega a alcanzar cifras de dos dígitos en la mayoría de las encuestas. Otros dos candidatos opositores también están haciendo campaña, pero en conjunto no disponen de más del 2% o 3% del favor del público.

    Además, y en marcado contraste con los sandinistas, la oposición carece de dinero. Sus fuentes tradicionales de financiamiento, destacados miembros del sector privado, han manifestado a menudo que la comunidad empresarial mantendrá la billetera cerrada a menos que la oposición se una en torno a un único candidato. Pero puede haber otra razón, igual de convincente: El gobierno de Ortega ha llevado a cabo políticas macroeconómicas prudentes y ha mantenido la paz laboral, siendo ambas cosas algo beneficioso para las empresas. Estos factores, junto con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y los precios récord de las principales materias primas que exporta el país, han conducido a un modesto auge económico en Nicaragua.

    Sin embargo, Ortega no quiere correr riesgos. Él pensó que iba a ganar abrumadoramente en 1990 y todas las encuestas sugerían que así sería, pero cuando la hora de la verdad, sufrió una derrota contundente. Por ello teme que lo mismo pueda volver a ocurrir, que la gente esté mintiendo a los encuestadores. Es lo que los nicaragüenses llaman el “Güegüense”, o el arte del engaño inteligente. Por lo tanto, no importa lo que las encuestas indiquen ni importa cuán dividida esté la oposición, no importa lo llenas que estén las arcas para su campaña, los sandinistas utilizarán el CSE para manipular el proceso y, si es necesario, los resultados.

    ¿La Constitución es inconstitucional?

    Otra cuestión relacionada con las elecciones, y que ha estado casi relegada durante la campaña, es la legitimidad de la candidatura de Ortega. La Constitución de Nicaragua es clara: No se permite a nadie servir más de dos mandatos como presidente y nadie puede servir mandatos consecutivos. Ortega estaría inhabilitado para ejercerlos en ambos casos. Hizo un intento en 2008 y 2009 para enmendar la constitución y que permitiera su reelección, pero fracasó. Así que recurrió a la Corte Suprema, la cual también controla.

    Mientras que los magistrados de la oposición estaban asistiendo a una conferencia en España –y durante un fin de semana–, los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se reunieron y se apresuraron a declarar que las disposiciones que limitaban a Ortega a dos mandatos y prohibían los mandatos consecutivos violaban sus derechos humanos.

    El juez que suscribió el fallo fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para explicar el caso al cuerpo de embajadores. Él describió lo que llamó una “antinomia”. Sí, él dijo, la Constitución era explícita, pero seguramente los legisladores ignoraban la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, escrita durante la Revolución Francesa y la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la ONU – y que  ambos documentos respaldan la decisión de la Corte Suprema. Los magistrados, dijo, tuvieron que elegir entre dos principios legítimos –la antinomia– y que habían decidido que la Constitución tenía menor rango legal. Fue declarar en efecto que la Constitución es inconstitucional.

    Los juristas, entre ellos muchos desencantados sandinistas, denunciaron la decisión. Los periódicos publicaron editoriales y artículos de opinión, todos cuestionando la decisión, cómo y por qué se hizo y apuntando que tendría terribles efectos sobre las instituciones del país. Los políticos de la oposición se unieron al coro y amenazaron con anular la decisión en la asamblea legislativa.

    Ortega había agarrado claramente a contrapié a sus enemigos. Si se negaban a reconocer su candidatura como legítima y boicoteaban las elecciones (como lo habían hecho en 1984 aunque por otras razones) se presentaría sin oposición y aduciría tener un mandato. Pero si participaban en las elecciones, implícitamente estarían condonando el escándalo judicial. Se decidieron por la segunda opción. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, no tuvo más remedio que acatar esta forma de encauzar el problema y por las mismas razones.

    Conforme los nicaragüenses opositores del sandinismo se preparan para ir a las urnas en noviembre, ellos se enfrentan a la candidatura ilegítima e ilegal del favorito y a la manipulación por el partido gobernante de los procesos electorales. Se preocupan por una efectiva y creíble observación electoral. Ellos sospechan que si, a pesar de todas las ventajas de las que disfruta el partido en el poder, Ortega pierde las elecciones en las urnas, el CSE se las robará durante el proceso de escrutinio.

    Recomendaciones

    El gobierno de Estados Unidos ha llegado a ignorar o tolerar muchas de estas acciones claramente antidemocráticas por parte de los sandinistas y es probable que continúe tolerándolas, si no van a peor, a pesar del enérgico antiamericanismo de Ortega . Pero si estas elecciones estuviesen marcadas por el fraude al igual que lo fueron las elecciones municipales de 2008, Estados Unidos debería:

    • Condenar claramente y, llamando a las cosas por su nombre, el fraude y a sus autores y declarar que no reconocerá los resultados y por lo tanto la victoria de Ortega.

    • Trabajar con la OEA, a pesar de sus limitaciones, para investigar y denunciar el fraude y los resultados.

    • Si se hubiera designado ya un embajador de Estados Unidos, se debería detener el proceso de designación. El encargado de negocios debería seguir a cargo de la embajada. La futura presencia del embajador de Nicaragua en Estados Unidos también depende de las libres y justas elecciones del 6 de noviembre.

    • Retener las dos dispensas respecto a la iniciativas de Nicaragua para compensar a ciudadanos americanos por propiedades confiscadas durante el primer régimen sandinista y por su falta de transparencia presupuestaria. Esto daría lugar a la suspensión automática de otros programas de ayuda y requeriría que Estados Unidos vote en contra de las solicitudes de crédito de Nicaragua en ciertas instituciones de préstamos internacionales.

    Un llamamiento a la acción americana e internacional

    Ortega ha hecho lo suficiente hasta la fecha para evitar provocar una importante reacción negativa por parte de Estados Unidos y de la comunidad democrática internacional. Sin embargo, si incurriese en un fraude a gran escala en una elección nacional, Estados Unidos y otros países deberían exigirle responsabilidades y desenmascarar a su cada día más corrupto y autoritario gobierno.

     

    -El embajador Robert J. Callahan es un diplomático retirado que fue embajador de Estados Unidos en Nicaragua desde 2008 hasta 2011. El Dr. Ray Walser es analista especializado en América Latina del Centro Douglas y Sarah Allison para Estudios de Política Exterior, una división del Instituto de Estudios Internacionales Kathryn y Shelby Cullom Davis. 

     

    La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.
    Posted in Análisis, Estudios, Gobierno de Estados Unidos, Informes, Liderazgo Americano, Opinión, Política Exterior, WebMemo