Datos sobre la ley PATRIOT

09 / 02 / 2011

Anoche, a pesar de tener una fuerte mayoría de votos para aprobar la ley, la Cámara de Representantes se quedó siete votos corta de los dos tercios requeridos para suspender las reglas y aprobar tres enmiendas clave de contraterrorismo para la ley FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera). Muchos de los titulares que leeremos hoy dirán cosas como “La Cámara no aprueba la extensión de la ley PATRIOT*”, pero en realidad la mayor parte de la ley PATRIOT ya se ha promulgado de forma permanente. De las tres enmiendas a la ley FISA a votarse anoche, dos eran parte de la ley PATRIOT original y una era parte de la Ley de Reforma de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 y las tres caducan a fin de mes.

Ocho de los 26 votos republicanos negativos fueron emitidos por los nuevos congresistas que ganaron en noviembre y quienes, según cuenta la web Politico, “sintieron que sus líderes los habían dejado completamente desinformados”. El congresista Todd Rokita (R-IN), que votó a favor de la ley, incluso le dijo a Politico que él “no supo nada [del voto] hasta hoy mismo”.

Las tres enmiendas votadas anoche se han modificado extensamente con el transcurrir de los años y ahora incluyen nuevas protecciones importantes que incluyen una considerable supervisión de la justicia. Entre ellas están:

Autoridad para vigilancia itinerante (Roving Surveillance Authority): Las escuchas telefónicas itinerantes se han utilizado de forma rutinaria en casos de criminalidad común desde mediados de los años 80. Sin embargo, los agentes de seguridad nacional no tenían esta ordinaria herramienta de investigación hasta la aprobación de la ley PATRIOT en 2001. La sección 206 de la ley PATRIOT permite a las fuerzas de la ley, después de que lo apruebe una corte FISA de seguirle los pasos a un sospechoso mientras va cambiando de celular a celular. El gobierno debe probar primero que hay “causa probable” para creer que el objetivo es una potencia extranjera o el agente de una potencia extranjera. Además requiere un control continuo por parte de la corte FISA y exige que el gobierno rinda considerable información a esa corte.

Órdenes de documentación de empresas (Business Record Orders): Las fuerzas domésticas de la ley trabajando con fiscales locales suelen usar de forma ordinaria la documentación de las empresas en el curso de sus investigaciones, a menudo a través de una orden de la corte para entregar documentación. Sin embargo, los agentes de seguridad nacional no tenían esa misma autoridad para obtener evidencia similar hasta que se aprobó la sección 215 de la ley PATRIOT. Esta disposición permite que las fuerzas de la ley, con la aprobación de la corte FISA, requiera el acceso a documentos y otros expedientes de empresas e instituciones (terceras partes) sin el conocimiento de un sospechoso. Las terceras partes que reciban una órden 215 pueden incluso apelar cualquier orden a la corte FISA.

La disposición del “Lobo Solitario”: La sección 6001 de la Ley de Reforma de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Terrorismo permite que las fuerzas de la ley les sigan los pasos a ciudadanos no americanos que actúen solos para cometer actos terroristas y que no estén relacionados con grupos terroristas organizados o con otra potencia extranjera. Aunque el FBI ha confirmado que esta sección realmente nunca se ha utilizado, hace falta que esté a la disposición en caso se presentase la situación en la que un individuo solo pueda buscar hacer daño a Estados Unidos.

Se sabe que se han frustrado al menos 36 complots terroristas desde el 11 de septiembre. Estados Unidos sigue enfrentándose a la grave amenaza del terrorismo. A los investigadores de seguridad nacional les sigue haciendo falta tener autorización para actuar en los tres casos aquí expuestos y así rastrear pistas terroristas y desarticular tramas antes de que el público esté en peligro. Los que se oponen a estas disposiciones han producido poca evidencia de abuso de la ley PATRIOT. Todas las disposiciones antedichas están siempre bajo el escrutinio habitual tanto de la corte FISA como del Congreso y nunca se ha declarado inconstitucional ninguna disposición de la ley PATRIOT. El Congreso no debería permitir que estas disposiciones prescriban automáticamente y más bien debería buscar que se conviertan en algo permanente.