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A la ciudad de Hamtramck en Míchigan, se le está acabando el dinero. El administrador municipal William Cooper dice al New York Times: “Podemos llegar hasta el 1 de marzo – quizá”. Y Hamtramck no está sola. Según el New York Times, hay 15 municipios buscando la bancarrota en los últimos dos años. Y si la economía no aumenta sus ingresos, muchos otros gobiernos locales estarán en el mismo predicamento.

Muchas de estas ciudades, como Hamtramck, han recortado ya el gasto en el mantenimiento de parques, centros para la tercera edad y carreteras. Pero hay un área en la que no pueden hacer recortes: los sueldos, beneficios y pensiones de sus funcionarios. Nuevamente, según el New York Times, el 60% del fondo general de Hamtramck va para pagar a 75 policías y bomberos así como cerca de 240 pensiones de empleados municipales y sus cónyuges. Dice Cooper al periódico: “Ellos tienen algo así como un plan Cadillac, mientras que nosotros tenemos algo más parecido a un plan Chevy”.

Hacer una reforma que afecte el pago de la policía y los bomberos es un hueso duro de roer en términos políticos, pero los sondeos muestran que cuando se educa al votante, este se abre al cambio. Una reciente encuesta encargada por la Liga de Ciudades de la Florida sobre los beneficios de la policía y los bomberos reveló que, inicialmente, la mayoría de los encuestados creía que los beneficios que ambos cuerpos reciben estaban “en lo justo” o que eran “demasiado bajos”. Pero al explicárseles que los agentes de policía y los bomberos pueden jubilarse después de 20 años de servicios y recibir el 80% de sus sueldos por el resto de su vida, el 66% de los encuestados se opuso contundentemente a esta política. Y cuando se les preguntaba si sabían que la paga por jubilación de un policía promedio era de unos $70,000 anuales, el 71% contestó que era demasiado alta.

El efecto acumulativo de estas pensiones y promesas de beneficios es abracadabrante. Un reciente estudio de Robert Novy-Marx de la Universidad de Rochester y Joshua Rauh de Northwestern University reveló que los planes de jubilación más importantes para empleados municipales sufren de una falta de fondos combinada que se estima en 574,000 millones de dólares. El académico de la Fundación Heritage David John detalla que: “Por ejemplo, Chicago tiene solamente unos 22,000 millones de dólares en activos de jubilación para pagar 66,000 millones de dólares prometidos en jubilaciones para sus funcionarios, mientras que la ciudad de Nueva York tiene 93,000 millones de dólares disponibles para pagar 215,000 millones en promesas de jubilación municipal y Boston tiene solamente 3,500 millones disponibles pagar 11,000 millones en promesas. Eso significa que cada hogar en Chicago debe cerca de 42,000 dólares solamente para pagar pensiones a los trabajadores municipales, mientras que cada hogar de Nueva York debe  39,000 dólares y cada hogar en Boston debe cerca de 31,000 dólares”.

El problema es incluso peor a nivel estatal. Un estudio previo de Novy-Marx y Rauh sobre los 116 planes de jubilación más importantes que patrocinan los 50 estados de la Unión reveló que estos planes tenían activos por cerca de $1.8 billones para pagar promesas de jubilación de entre $3.6 y $5.2 billones. Esto deja un hueco de entre 1.8 y 3.4 billones de dólares. La insostenible remuneración de los empleados públicos es la principal razón por la que estados grandes como California, Illinois y Nueva York están al borde de la insolvencia.

Al final, las ciudades como Hamtramck podrían librarse de sus contratos sindicales para empleados públicos declarándose en bancarrota. Pero es un camino muy difícil. Casi la mitad de los estados tiene leyes que permiten declarar la bancarrota municipal. Pero muchos han establecido límites, incluyendo a Míchigan, y el estado parece abocado a forzar a Hamtramck a pedir un préstamo de emergencia antes de que pueda solicitar la bancarrota. Pero, ¿qué sucede cuando a los estados se les acaba el dinero rescatando a sus gobiernos locales? En la actualidad, los estados no tienen la capacidad de declararse en bancarrota. ¿Qué harán entonces? California ya vino a tocar la puerta a Washington solicitando un rescate urgente de 8,000 millones de dólares el año pasado. El manirroto 111º Congreso dijo que no. Como mínimo, el 112º Congreso deberá seguir en esa línea y rechazar todo rescate financiero a cualquier gobierno estatal. Más bien, el Congreso debería pensar en una manera para que los estados puedan declararse en bancarrota o su equivalente fiscal. Aunque esa ley plantearía algunos serios interrogantes al federalismo, mientras sean los estados los que busquen la bancarrota voluntariamente, podría ser constitucionalmente aceptable. Pero David John advierte que: “Un proceso semejante no debería ser parte de un trato bajo el cual los estados también pudieran recibir dinero federal para rescates financieros. Los gobiernos estatales y locales hicieron un lío de sus finanzas y deberían verse en la obligación de poner las cosas en su sitio. El Congreso debería facilitar un mecanismo para hacer el proceso más directo, dando a los estados la flexibilidad que necesitan para abordar sus problemas fiscales de forma coherente con el federalismo y los principios de gobierno constitucional limitado”.

Este artículo está disponible en inglés en Heritage.org