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Devuelvan los dólares de educación y la toma de decisiones

La administración Obama tiene otro problema en sus manos. El poderoso brazo del gobierno federal tiene dominada la educación mediante la ley federal de educación pública Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB), pero el gran problema es que la ley no está funcionando. En vez de implantar un enfoque educacional de arriba abajo, ya es hora de restaurar el control estatal y local sobre la educación a la vez que se reduce el tamaño del Departamento de Educación.

Esa es una lección que el secretario de Educación Arne Duncan necesita aprender.

En una entrevista la pasada semana, Duncan mostró su frustración ante el “choque de trenes a cámara lenta” que ha resultado ser la NCLB que está pendiente de ser prorrogada. Bajo esta ley, se exige que todos los niños sean competentes en matemáticas y lectura para el año 2014 — un estándar que podría acabar con tres cuartos de escuelas de Estados Unidos catalogadas como fracasadas y bajo riesgo de perder su financiación federal.

Pero el gobierno federal no tiene ni la autoridad ni la capacidad de lograr la mejora de las escuelas locales, como muestra su historial de fracasos de medio siglo. Como resultado, las escuelas y los estados están luchando porque eso no suceda y el mandato de NCLB ha llevado a “serias consecuencias no planeadas, como el debilitamiento de los estándares de desempeño estatal y la pérdida de transparencia del logro académico real de los estudiantes ante padres y contribuyentes”, según la experta de la Fundación Heritage Lindsey Burke. Pero hay incluso mayores problemas como la considerable expansión del rol federal en la educación que lleva a una burocracia restrictiva que ata de pies y manos a los líderes educativos en estados y gobiernos locales.

Los costos de cumplir con las obligaciones legales federales son extraordinarios. Burke escribe que “las estimaciones de 2006 son que las nuevas directrices y reglamentos creados por la NCLB aumentaron el papeleo anual de las agencias estatales y locales de educación en 6.7 millones de horas, con un costo de $141 millones”. Ese número continúa creciendo. Según el representante John Kline (R–MN):

Los estados y los distritos escolares emplean 7.8 millones de horas anuales en recopilar y diseminar la información exigida por el Título I de la ley educativa federal. Estas horas cuestan más de $235 millones. La carga es tremenda y es solo una de las muchas leyes federales que abruman a nuestras escuelas.

Y a pesar de los reglamentos y regulaciones, no digamos ya el triplicado de los gastos federales por alumno y $2 billones de dinero del contribuyente empleados desde 1965, el logro académico y el índice de graduación siguen estando al mismo nivel.

En vez de aceptar que un enfoque de arriba abajo no es la solución para la educación, el presidente Barack Obama y el secretario Duncan quieren mantener el actual curso de las cosas y quizás conceder dispensas de los requisitos en exámenes de competencia académica. No quieren perder el control de las escuelas locales.

La buena noticia es que hay una alternativa.

La ley “El Trabajo Conjunto Nos Lleva al Éxito Educativo” (A-PLUS), una alternativa conservadora a la NCLB, eliminaría las toneladas de normas que la burocracia del Departamento de Educación ha puesto sobre los estados y los empoderaría para dirigir el gasto de sus dólares en educación. Permitiría a los estados no tener que participar en la ley NCLB y aumentaría el control estatal y local sobre la educación a la vez que aumentaría la transparencia de los resultados obtenidos de cara a los padres y los contribuyentes.

A-PLUS da a los estados la oportunidad de poner en práctica la Décima Enmienda de la Constitución de forma inmediata, permitiendo salirse de muchos programas federales que están bajo la NCLB. A su vez, los responsables políticos deberían trabajar para llevar la ley restante en la misma dirección: enviar el dinero y la toma de decisiones a aquellos más próximos a los estudiantes mediante la eliminación de programas, aumentando la flexibilidad y haciendo que se rinda cuentas a padres y contribuyentes, no a burócratas en Washington.

Hay unos 60 programas de subvenciones por concurso y aproximadamente 20 por fórmula definida legislativamente solo bajo la ley NCLB. En conjunto, el Departamento de Educación opera más de 100 programas, entre los de concurso y los de fórmula. Los procesos de tramitación son terriblemente complejos, llevando a las escuelas a dedicar preciosos recursos y tiempo con la esperanza de conseguir financiación desde Washington.

Los políticos federales deberían reducir el peso federal en el ámbito educativo mediante la eliminación de la mayoría de subvenciones por concurso y consolidando la mayoría de las subvenciones por fórmula de modo que más dinero llegue a los estudiantes que lo necesiten, en vez de perderse en la burocracia. Los políticos debería también permitir a los estados la portabilidad del dinero federal del Título I ($14,500 millones para escuelas de bajos ingresos), de forma que el dinero siga al niño hasta la escuela de su elección.

Burke escribe que ha llegado la hora de que el gobierno federal valore honestamente su desempeño en el área educativa y reflexione sobre su papel:

Durante más de 45 años, Washington intentó y falló en la reforma de la educación. El logro académico languidece, el índice de graduación se ha estancado y las diferencias de rendimiento escolar persisten. Es hora de que Washington devuelva las riendas a los líderes estatales y locales y de que el gobierno federal deje de atenazar la política educativa.

Los cerros de normas reguladoras y billones de dólares en gasto educativo han conseguido poco, si es que algo, en esta área. El gobierno federal ha tenido su oportunidad y los niños americanos han padecido por ello. El Congreso y la administración Obama necesitan dar por finalizado el “choque de trenes a cámara lenta” que continúa creando el caos en las escuelas de Estados Unidos.

 

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.
Posted in Educación, Estudios, Gobierno de Estados Unidos, Opinión