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  • Diez años después del 11 de septiembre: Pensemos con inteligencia sobre la seguridad interior

     

     


    América en riesgo #11-04

    Los atentados del 11 de septiembre actuaron como catalizador de importantes cambios en las iniciativas de seguridad de Estados Unidos. Los atentados alteraron no solo cómo la nación identificaría las amenazas y se prepararía para ellas sino también qué hacer para prevenirlas. El décimo aniversario de los atentados, que ya está a la vuelta de la esquina, da a los políticos una oportunidad para acometer una valoración realista y retrospectiva de la política de seguridad interior desde el 11 de septiembre.

    Hora de evaluar

    La creación del Departamento de Seguridad Interior (DHS) fue uno de los mayores cambios. La intención era que liderara una iniciativa más amplia en seguridad interior, integrando las actividades de los gobiernos federal, estatales y locales; el sector privado; y los ciudadanos en una aglutinante “empresa de seguridad interior”.

    Casi una década después, esta empresa ha experimentado una evolución significativa, indudablemente para bien y para mal. Las amenazas contra la nación continúan. No ha habido año después del 11 de septiembre en el que los terroristas no hayan intentado atacar el territorio nacional. Los americanos dan valor a la seguridad y comprenden la amenaza real del terrorismo. Pero también han desarrollado aversión a la interminable serie de obstáculos burocráticos a la hora de viajar y que lo convierten cada día en menos conveniente.

    Determinar qué cambios nos han hecho más ágiles y nos han preparado mejor para los desastres — y cuáles han sido un desperdicio colosal de dinero del contribuyente — asegurará que las futuras inversiones sean inteligentes.

    Para realizar tal valoración no hace falta recurrir a preguntas hipotéticas. Las 39 conspiraciones terroristas frustradas desde el 11 de septiembre son historias reales y persuasivas de lo que funciona. Las investigaciones muestran que las inversiones hechas desde el 11 de septiembre en herramientas como la Ley PATRIOT — que da poderes a las fuerzas de la ley para rastrear pistas a nivel local — y en el fortalecimiento de la capacidad de compartir información son la forma correcta de invertir en seguridad. En esencia, si la inteligencia no fluye sin problemas entre las fuerzas policiales, Estados Unidos no será capaz de detener los complots terroristas antes de que el público esté en peligro.

    Centralización de la preparación de desastres

    Sin embargo, por cada dólar empleado en inversiones adecuadas, cinco más se han gastado en esfuerzo tontos para blindar a prueba de niños la cadena de suministros. Ejemplos abundan, como escanear todo contenedor de mercancías o pasajero, inspeccionar cada caja o sobrerreglamentar la seguridad. Estas labores se han mostrado como un agujero negro: se emplean millones (si no miles de millones) de dólares del contribuyente con poco resultado que mostrar en seguridad.

    Es también evidente que demasiado a menudo se prefiere dirigir la seguridad interior desde Washington. Los burócratas federales toman decisiones sin aportación de — o peor aún, sin cooperación de — las comunidades locales, a pesar del hecho de que las comunidades son la fuerza de primera respuesta cuando el desastre golpea. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) adquiere más poder para dirigir acciones que pertenecen a los niveles estatales y locales.

    Una de las lecciones más importantes del 11 de septiembre y subsiguientemente del huracán Katrina fue que los gobiernos estatales y locales son los primeros en la escena cuando llega el desastre. Washington no debería y no puede ser el centro del universo de la seguridad interior. Sin embargo, cada presidente en los últimos 50 años ha sobrepasado a su predecesor en el número de declaraciones de desastre promulgadas — promoviendo la dependencia de Washington y perjudicando las acciones estatales y locales.

    Tomar medidas para utilizar los recursos inteligentemente

    Ciertamente, hay un sinnúmero de ejemplos positivos de cómo los cambios posteriores al 11 de septiembre siguen dando seguridad a los americanos contra el terrorismo. Es ya el momento, sin embargo, de recalibrar las políticas que no hacen más segura la nación, transferir competencias a las comunidades para que tengan un mayor papel en las iniciativas de preparación y volver a los principios del federalismo que hacen a la nación libre, segura y próspera. En concreto, el Congreso y la administración deberían:

    • Dejarse de tonterías con la seguridad. El Congreso y la administración deberían acometer una evaluación seria de qué políticas hacen o no más seguro al país. Por ejemplo, se ha determinado que la obligación de escanear el 100% de la carga marítima es completamente irreal en términos de costo y logística y podría causar enormes retrasos en la cadena de suministro y, sin embargo, sigue siendo la ley. Mientras tanto, las cláusulas con expiración automática de la Ley PATRIOT — una herramienta vital de investigación — deben ser reautorizadas.
    • Reformar la supervisión que el Congreso hace de la seguridad interior. Conseguir la seguridad interior adecuada en el futuro depende en gran medida de la capacidad del Congreso para supervisarla de manera efectiva. La estructura actual es demasiado caótica, con demasiados comités con jurisdicción sobre la seguridad del país. Los líderes del Congreso deberían solucionar este problema consolidando la inspección en dos comités permanentes de seguridad interior (separando de Seguridad Interior al Comite de Asuntos Gubernamentales del Senado ), los comités de asignación presupuestaria y los comités de inteligencia.
    • Modificar la Ley Stafford para frenar la federalización de los desastres naturales. La Ley Stafford simplemente no tiene límites estrictos sobre qué puede servir para una declaración de “desastre”. El Congreso debería establecer requisitos claros que limiten los tipos de situación en que se pueden promulgar esas declaraciones, eliminando completamente ciertos tipos de desastre de entre las responsabilidades de FEMA . Además, el Congreso debería limitar la cláusula federal de compartición de costo de todas las declaraciones FEMA a no más del 25% de los costos. Esto permitiría a FEMA concentrase en la planificación y preparación de desastres catastróficos — situaciones que verdaderamente agotarían la capacidad de los recursos locales.
    • Transformar el proceso de subvenciones. El Congreso debería reformar la estructura de las subvenciones de seguridad interior. Esto debería incluir limitar permanentemente el número de ciudades que pueden optar a la Iniciativa de Seguridad de Áreas Urbanas a las 35 ciudades de más riesgo y llegar a acuerdos de cooperación en vez de dar subvenciones. Con tales acuerdos, el gobierno federal y los estados, condados y otros gobiernos locales pueden sentarse como verdaderos socios de igual peso y negociar resultados desde el principio, incluidos requisitos programáticos y de supervisión financiera para después asignar fondos de forma que se alcancen los resultados deseados sin la necesidad de hacer solicitudes anuales.

    Seguridad para el siglo XXI

    América está en peligro. Es fundamental que los políticos de hoy tomen decisiones inteligentes que mantengan el país seguro y que contrarresten las amenazas emergentes del siglo XXI.

     

    La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.

     

    Posted in Defensa, Estudios, Gobierno de Estados Unidos, Informes, Opinión, Seguridad, Terrorismo