A las pocas horas de que el juez federal Roger Vinson, un graduado de la Academia Naval de Estados Unidos, se convirtiera en el segundo juez federal que declaró inconstitucional el mandato individual (Sección 1501) de Obamacare, un cargo anónimo de la Casa Blanca cuestionó toda la sentencia del juez Vinson diciendo a los periodistas: “Hay algo totalmente extraño y poco convencional acerca del análisis”. La única cosa “extraña y poco convencional” aquí es que un funcionario de la Casa Blanca sintiese que era imprescindible menoscabar la legitimidad de un poder del Estado del mismo rango.
Desafortunadamente, este incidente encaja dentro de un patrón de comportamiento más amplio que hace que uno se pregunte qué tan lejos está dispuesta esta administración a interpretar la ley según le convenga mejor para proteger el logro emblemático del presidente Barack Obama: Obamacare.
Según el experto en temas legales de la Fundación Heritage, Robert Alt, la sentencia declaratoria del juez Vinson obliga a todas las partes de este caso y eso incluye a los 26 Estados en la causa, la Federación Nacional de Empresas Independientes y al gobierno federal. Eso significa que, a falta de una suspensión decretada por la Corte, Obamacare no puede implementarse más en lo que le corresponde a estos 26 estados. Por tanto, la Casa Blanca ahora se enfrenta a una opción simple: ¿Acatará el presidente Obama una decisión válida emitida por una corte federal de distrito o unilateralmente hará caso omiso del Estado de Derecho? Si el pasado sirve de indicador, que se prepare el Estado de Derecho para recibir otra paliza.
Como documenta el ex congresista y distinguido miembro de la Fundación Heritage, Ernest Istook, la legislación de Obamacare contiene, en una jugada sin precedentes, miles de millones de dólares presupuestados por adelantado para su implementación. Estas partidas presupuestarias adelantadas fueron diseñadas para saltarse todo el proceso presupuestario anual del Congreso y para ir mucho más allá de las normales decisiones de gasto para este ejercicio fiscal y también para el siguiente. Algunas de estas partidas presupuestarias se prolongan a diez años vista, muchísimo más alla del periodo de mandato del presidente Obama.
Luego están también los cientos de dispensas que influyen sobre millones de americanos y que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la administración Obama está concediendo poco a poco. Justo la semana pasada, el HHS concedió 500 nuevas dispensas, triplicando el número de grupos exentos de la obligación de acatar Obamacare.
Los sindicatos que contribuyeron fuertemente a la campaña presidencial del presidente Obama constituyen el 40% de todos los empleados a los que se les autorizó esa dispensa la semana pasada. En total, más de 700 entidades ya no necesitan cumplir lo que ordena la ley de salud del presidente, llegando a sumar 2.1 millones de personas.
Anoche, antes de que el senado votara, siguiendo la disciplina de partido, por la derogación de Obamacare, el senador Jim DeMint (R-SC) explicó por qué se debe acabar con esta aplicación selectiva de la ley: “La mayoría de americanos no entra en estas triquiñuelas políticas. Ellos no tienen cabilderos ni comités políticos de los partidos (PACs) [que los defiendan], pero creo que todos los americanos también deberían conseguir una dispensa. Creo que deberíamos ponerle de nombre a este proyecto de ley que estamos votando hoy, “la gran dispensa americana’”.
El sistema de salud no es en ni de lejos el único sitio donde la administración Obama ha sacrificado el Estado de Derecho por su propia conveniencia política. Ha hecho trizas la Cláusula de Nombramientos de la Constitución para instalar a sus burócratas preferidos en agencias reguladoras. Luego también tiene en su haber la “indignante e ilegal” absorción de Chrysler, el chantaje a BP, la aserción de que el presidente Obama puede reescribir las leyes inmigratorias de nuestra nación simplemente haciendo que no se cumplan, la negativa de hacer cumplir las leyes antifraude electoral, y, nuevamente Obamacare, con la secretaria del HHS, Kathleen Sebelius amenazando con silenciar a las compañías de seguros.
Uno puede entender por qué la Casa Blanca está tan visiblemente sacudida ante su pérdida de Obamacare en corte federal. Los 26 estados que hacen parte de la causa de la Florida suman 266 votos en el Colegio Electoral para las próximas elecciones presidenciales. Auméntele los 13 votos electorales de Virginia, donde otra corte federal ha sentenciado en contra de Obamacare y la suma total son 279 votos – que es más de los 270 necesarios para elegir al siguiente presidente de Estados Unidos.
Pero la conveniencia política nunca es buena excusa para eludir el Estado de Derecho, y especialmente que lo haga el responsable máximo de hacer cumplir la ley en nuestra nación. El Congreso podría ayudar al presidente a tomar la decisión correcta. En un par de meses, cuando caduque la actual prórroga de gastos que está financiando al gobierno federal en estos momentos, los conservadores podrían añadir cláusulas al siguiente proyecto de ley presupuestaria de gasto que requeriría que todos los funcionarios de Obama acaten la decisión del juez Vinson.
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