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El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el viernes un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11° Circuito por la decisión de una corte federal de distrito negándose a emitir un mandato judicial en contra de partes fundamentales de la nueva ley de inmigración de Alabama.
El 28 de septiembre, la juez Sharon Blackburn ratificó la mayor parte de la ley de Alabama, incluyendo el requerimiento por el cual los agentes de policía pueden comprobar el estatus migratorio de aquellos a los que se les dé el alto, sean detenidos o arrestados cuando se tenga sospecha razonable de que dicha persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
El derecho inherente de los agentes de policía estatal y local para arrestar por violaciones de inmigración ha sido ratificado por numerosas cortes de apelación, incluyendo los Circuitos Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo. Incluso una decisión unánime de la Corte Suprema ratificó la autoridad de los oficiales de policía local para investigar el estatus migratorio de personas que han sido legalmente detenidas en 2005 en el caso Muehler v. Mena. Esto que la demanda del Departamento de Justicia sea incluso más injustificada y sospechosa.
La juez Blackburn también ratificó el requerimiento de que las escuelas informen sobre el estatus migratorio de sus estudiantes, así como también ratificó la disposición que prohíbe a los extranjeros ilegales hacer un contrato con el gobierno estatal o con la corte del estado o que se haga cumplir los contratos contraídos con extranjeros ilegales.
El Departamento de Justicia no pudo impugnar el nuevo requerimiento de Alabama que exige a las empresas utilizar el programa federal E-Verify para comprobar el estatus migratorio de nuevos empleados ni tampoco pudo impugnar la disposición que revoca las licencias de operación a empresarios que a sabiendas contratan trabajadores ilegales. Una disposición idéntica en la ley de Arizona se aprobó en 2007 y fue ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos en su último período de sesiones en el caso Whiting v. U.S. Chamber of Commerce. El Departamento de Justicia estaba en el lado equivocado del caso Whiting y otra vez la Corte le propinó una estrepitosa derrota.
La apelación propiamente dicha es engañosa, ya que el Departamento de Justicia afirma que ha entablado un proceso legal contra la ley de Alabama porque “es muy probable que esta exponga a personas que viven legalmente en Estados Unidos, incluyendo a niños de escuela, a nuevas dificultades en sus relaciones habituales”. Esta es una afirmación muy enormemente engañosa.
La administración Obama no parece estar preocupada por las personas que viven legalmente en este país ya que el efecto práctico de la demanda del Departamento de Justicia de Obama contra Alabama (y Arizona), si tiene éxito, será el de evitar el cumplimiento de nuestras leyes federales de inmigración. Esto garantizaría a los estados ampliar el mismo tipo de amnistía general para los extranjeros ilegales que la administración ha puesto en marcha en el Poder Ejecutivo sin autorización legislativa al no hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
La afirmación del Departamento de Justicia de que la ley de Alabama perturba las relaciones diplomáticas es un signo de la falta de voluntad en la administración americana a la hora de defender la soberanía ya que ningún país tiene el derecho de exigir a Estados Unidos que acepte inmigrantes ilegales. La apelación del Departamento de Justicia es también muy reveladora ya que la administración objeta a que la ley de Alabama impida a los extranjeros ilegales poder “conseguir una vivienda legalmente, hacer cumplir un contrato, o enviar a sus hijos a la escuela sin temor a que la inscripción sea utilizada como una herramienta para tratar de detener y expulsar a ellos y a sus familiares”.
En otras palabras, la administración Obama cree que los inmigrantes ilegales tienen derecho a vivir, trabajar, hacer contratos e ir a la escuela en Estados Unidos sin ser detenidos, apartados o deportados – algo en completa contradicción con la ley federal.
Desde luego, la ventaja de que el Departamento de Justicia haya apelado consiste en que con suerte pondrá la ley de inmigración de Alabama en una vía rápida para ser ratificada por el 11º Circuito y finalmente, por la Corte Suprema. Considerando que la sarta de casos sobre inmigración que ha perdido el Departamento de Justicia de Holder en la Corte Suprema, es muy probable que la mayor parte del planteamiento de Alabama, si no todo, sea ratificado con el tiempo por los magistrados de la Corte Suprema.
Mientras tanto, ya existe evidencia de que la ley de Alabama está funcionando y haciendo que los inmigrantes ilegales se autodeporten. Las autoridades de Alabama (y los contribuyentes) se enfrentan a enormes gastos que nadie les reembolsa, gastos causados por los extranjeros ilegales en educación, atención médica y encarcelamiento. Ellos estarán, sin duda felices de ver a aquellos que han violado la ley federal (y han tomado puestos de trabajo de los ciudadanos) dirigiéndose a estados como California, los cuales se han convertido en santuarios virtuales por sus legisladores y gobernadores.
Es dudoso, sin embargo, que los contribuyentes de estos estados, que tienen que pagar miles de millones de dólares en subsidios a extranjeros ilegales, vayan a estar muy contentos con la carga adicional que van a tener que soportar.
La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.
