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  • El Derecho al Trabajo va camino a Indiana

     

    En 22 estados de la Unión, los trabajadores tienen la libertad, bajo las leyes de “Derecho al Trabajo”, a decidir si pagan o no cuotas sindicales y ahora Indiana está en camino de ser el vigésimo tercer estado de esa lista, dando a sus trabajadores esperanza renovada en una economía que ha tenido pocos éxitos que mostrar.

    La pasada semana, la Cámara de Representantes y el Senado de Indiana aprobaron una propuesta de ley de Derecho al Trabajo tras semanas de maniobras políticas de los políticos prosindicatos que esperaban parar completamente la propuesta. Hoy, la legislación vuelve al Senado para una última votación y el gobernador Mitch Daniels (R) ha prometido promulgarla como ley.

    Mientras tanto, una docena de sindicatos han protestado por la medida legislativa con amenazas de “ocupar” la Super Bowl que se celebrará en Indianapolis la próxima semana. Nacionalmente, los estados de Derecho al Trabajo se han convertido en un objetivo también. El pasado año, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) atacó a Boeing Corporation por su decisión de situar una nueva factoría en Carolina del Sur, un estado con Derecho al Trabajo. La NLRB intentó impedir a Boeing tomar decisiones fundamentales sobre dónde emplazar su negocio — finalmente, retiró el caso después de que los negociadores sindicales alcanzaran un acuerdo que beneficiaba a sus miembros en un estado pro-sindicatos.

    Los que proponen la medida de Indiana —que protege a los trabajadores de ser despedidos si no pagan cuotas sindicales— dicen que la ley ayudará a que el estado atraiga más negocios y empleos, alimentando el crecimiento económico. Y hay datos para probarlo. James Sherk, de Heritage, escribe que los estados de Derecho al Trabajo tienen tasas más bajas de desempleo (9.2%) que los estados sin tales leyes (9.9%). Y aunque los críticos dicen que eso podría ser el resultado de diferencias regionales (los estados de Derecho al Trabajo están principalmente en el sur y el oeste), las investigaciones que comparan condados en distintos lados de las fronteras estatales muestran, como explica Sherk, que “El porcentaje de empleos manufactureros en condados de estados con derecho al trabajo es un tercio superior al de los condados adyacentes en estados sin Derecho al Trabajo”.

    Es comprensible que los estados quieran los beneficios que conlleva el Derecho al Trabajo, pero también es comprensible que los sindicatos se opongan tan fuertemente. Cuando Idaho y Oklahoma aprobaron leyes de Derecho al Trabajo, el número de miembros de los sindicatos cayó un 15%. Igualmente, el total de cuotas que recolectaron los sindicatos cayó junto con los miembros. Sherk escribe que, en Indiana, el Derecho al Trabajo ahorraría a los trabajadores del sector privado $18.4 millones anuales. En Michigan, baluarte de los sindicatos, donde algunos presionan porque haya tales leyes, los trabajadores ahorrarían $46.4 millones por año. Y aunque los sindicatos alegan que el Derecho al Trabajo mina su capacidad de mantener los salarios altos —el auténtico trabajo del movimiento sindical—, la mayoría de los estudios muestran que las leyes de Derecho al Trabajo tienen poco efecto en los salarios, en ninguna dirección.

    Dicho todo esto, a la vez que los trabajadores rechazan los sindicatos, quieren que sus voces se oigan en los centros de trabajo. Sherk explica cómo pueden funcionar tales sistemas en lugares de trabajo no sindicalizados:

     

    Muchos empleados (y empleadores) querrían programas y grupos de trabajo de implicación del empleado, en los cuales empleados y supervisores se reúnen para discutir asuntos laborales. Estos programas pueden tomar muy diversas formas. Ejemplos son los equipos autodirigidos, los comités de salud y seguridad y los comités de producción. El elemento esencial es el avance de los intereses del empleado a través de su implicación.

    Las encuestas muestran que el 60% de los trabajadores prefieren tales programas para mejorar las condiciones laborales por encima de más regulaciones gubernamentales o sindicatos. Abundan los ejemplos de programas efectivos para impulsar los intereses de los trabajadores.

     

    El problema es que la ley vigente prohíbe a los empleadores y empleados no sindicalizados que trabajen juntos para mejorar las condiciones de trabajo. Sherk escribe que el Congreso prohibió esos tipos de programas para evitar que las compañías, con objeto de impedir los intentos de sindicalización, creasen “sindicatos de las compañías” y que negociasen con ellos — una prohibición sin sentido hoy día dados los pocos trabajadores que quieren sindicalizarse de todos modos.

    Los programas de implicación del empleado pueden mejorar las condiciones de trabajo, ayudar a las compañías a atraer a empleados valiosos y crear un entorno que es beneficioso para los trabajadores — y para la compañía. El Congreso debería dar este tipo de flexibilidad a trabajadores y empleadores. Y en estados en que aún se obliga a los trabajadores a pagar cuotas sindicales, los gobiernos deberían dar a esos empleados el derecho a trabajar sin temor a represalias de los grandes sindicatos.

     

    La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.
    Posted in Actualidad, Análisis, Campana de Heritage, Economía, Estudios, Gobierno de Estados Unidos, Opinión, Temas legales