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El Índice 2010 de Dependencia del Gobierno

Informe del Centro de Análisis de Datos de la Fundación Heritage #10-08

 

Resumen: El número de americanos que pagan impuestos sigue disminuyendo y Estados Unidos está cerca del punto en el que la mitad de su población no tendrá que pagar impuestos por los beneficios que reciben del gobierno federal. En 2009, 64.3 millones de americanos dependían del gobierno (léase: sus conciudadanos) para sus gastos diarios de vivienda, alimentos y atención médica. A partir de 2015, el programa de Seguro Social no recibirá suficientes fondos provenientes de impuestos para pagar todos los subsidios prometidos – algo que será difícil para todos que tengan un trabajo, pero más devastador aún será para casi la mitad de la fuerza laboral americana que no tiene otro programa de jubilación.

Añádase a eso la absurdamente llamada Ley de Recuperación y Reinversión de 2009, la espiral de gasto en becas académicas, el inequívoco socialismo agrícola, las crecientes filas de americanos que se creen con derecho a beneficios”gratuitos” de fondos federales y ahora la toma de control por el gobierno federal del sistema de salud de la nación, la naturaleza misma de la forma republicana de gobierno del país queda en entredicho. Al igual que lo han venido haciendo desde el año 2002, los expertos en política de la Fundación Heritage les presentan los datos – que cada vez son más tétricos. ¿Pueden los americanos evitar caer en una completa dependencia del gobierno federal?

Los resultados del Índice 2010 resaltan considerablemente las inquietudes de Heritage de los últimos años. Según el Centro de Análisis de Datos (CDA) de la Fundación Heritage:

  • El Índice de Dependencia del Gobierno creció un 13.6% en 2009;
  • Las variables del Índice que se movieron más durante ese año pasado fueron

- Sistema de salud y asistencia social en un 22%,
- Servicios rurales y agrícolas en un 20% y
- Vivienda en un 15% ;

  • El incremento respecto al año pasado significa que el Índice ha crecido un 49% solo desde el año 2001;
  • El Índice se inicia en 1962 y se ha incrementado en más de 14 veces a lo largo de los 47 años transcurridos hasta el 2009;
  • Este rápido crecimiento del Índice se ha visto acompañado por un rápido incremento en el porcentaje de personas que no pagan impuestos. El porcentaje de personas que no pagan sus impuestos federales sobre ingresos y que no son declarados como dependientes de alguien que pague impuestos federales sobre ingresos, aumentó del 14.8% en 1984 a un 43.6% en 2008. Contado de esta manera, en 1984, 34.8 millones de contribuyentes que no pagaron impuestos; en 2008, fueron 132.5 millones los que no pagaron nada [1].

 

Es la conjunción de estas dos tendencias –un mayor gasto de  programas que crean dependencia y un número cada vez menor de contribuyentes que pagan por estos programas— lo que preocupa a aquellos interesados ​​en la suerte de la forma de gobierno de Estados Unidos. Los americanos siempre han expresado su preocupación de convertirse en dependientes del gobierno, incluso aunque comprenden que los retos de la vida llevan a la mayoría en algún momento a depender de la ayuda de otra persona. La preocupación de los americanos nace en parte de sus profundas convicciones de que la gente independiente consigue más fácilmente las bendiciones de la vida y que la creciente dependencia del gobierno erosiona el espíritu de autosuficiencia y superación personal. Estos puntos de vista ayudan a explicar el amplio apoyo público a la reforma de la asistencia social en la década de los 90.

Esta ética de la autosuficiencia combinada con un cometido de cuidado fraternal para aquellos en necesidad parece amenazado de una manera mucho mayor hoy que cuando este Índice apareció por primera vez en el año 2002. En este Índice marca el primer año con significativas jubilaciones de los llamados baby boomers (la generación de la posguerra). En los próximos 25 años, más de 77 millones de boomers comenzarán a cobrar sus cheques del Seguro Social, los beneficios Medicare y dependerán del cuidado extendido de Medicaid. Ningún otro rubro se comparará financieramente a estos importantes programas en las dos próximas décadas más que este paso a la jubilación de la generación más numerosa de la historia americana.

No son solo pruebas financieras las que estos programas van a encarar. Sin duda, los retos financieros serán grandes en las próximas décadas, dado que ninguno de estos programas de “derechos a beneficios” pueden cumplir ni siquiera ahora con sus obligaciones. Duplicar el número de personas jubiladas conllevará un crecimiento masivo de la población dependiente en Estados Unidos y una carga potencialmente ruinosa para las finanzas federales. Tal vez el aspecto más importante de la jubilación de los boomers es su dramático recordatorio acerca del rápido crecimiento de la dependencia del gobierno en Estados Unidos.

Hubo un crecimiento tan rápido de la dependencia en 2009 que las dos preocupaciones –cuánto daño ha hecho este crecimiento a la forma republicana de gobierno y cuán dañino ha sido para la situación financiera del país— se han ahondado considerablemente. No solo fue que el gobierno federal tomó a todos sus efectos el control de la mitad de la economía de Estados Unidos y amplió la deuda del sector público más que todos los gobiernos anteriores juntos, sino que también es testigo de la más grande expansión en un solo año de la deuda total del gobierno en la historia de Estados Unidos. Gran parte del crecimiento de la nueva deuda se puede encontrar en los programas que crean dependencia del gobierno.

El gasto y la deuda del gobierno de Estados Unidos son ahora tema de preocupación del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 14 de mayo de 2010, el FMI clasificó a Estados Unidos en segundo lugar entre los países que deben reducir su déficit estructural (provocado en parte por el gasto en programas que crean dependencia) o arriesgarse a un desastre financiero. El FMI prevé que la deuda del sector público de Estados Unidos sea igual al 100% de su producto interno bruto (PIB) en 2015 a menos que se tomen acciones inmediatas para reducir el déficit por un importe igual al 12% del PIB. Incluso la afligida Grecia solo necesita recortar su déficit en un 9% de su producción nacional.

El FMI y muchos observadores ciudadanos tienen derecho a estar preocupados por la deuda y dependencia crecientes. Los programas que crean dependencia rápidamente se transforman en activos políticos que los políticos adoptan fácilmente. Los votantes tienden a apoyar a los políticos o partidos políticos que les dan mayores ingresos o subvenciones para los elementos esenciales de la vida. No importan las buenas intenciones de los políticos cuando crean este tipo de programas de ayuda, estos mismos programas crecen rápidamente más allá de su misión y acaban por convertirse en graves lastres.

Muchos países ya han pasado el punto de inflexión fiscal donde el temerario crecimiento de los programas de dependencia ha producido una crisis de la deuda interna. ¿Qué tan lejos del camino a la crisis está Estados Unidos? ¿Están los americanos aproximándose a un punto de inflexión que pone en peligro el funcionamiento de su democracia? ¿Quizás los americanos ya han pasado este punto? ¿Puede soportar esta forma republicana de gobierno el peso político del masivo crecimiento de americanos que se creen con derecho a beneficios del gobierno y que contribuyen poco o nada por ellos?

Para explorar estos interrogantes debemos medir cuánto han crecido los programas sociales federales. ¿Cuánto han “desplazado” tales programas a los que una vez fueron obligaciones sociales y servicios llevados a cabo por grupos comunitarios, redes familiares e incluso gobiernos locales? En otras palabras, ¿ha cedido terreno importante la sociedad civil al sector público federal?

El Índice de Dependencia del Gobierno es un intento de medir estos patrones y proporcionar datos que ayuden a reflexionar sobre las implicaciones de estas tendencias. La Tabla 1 contiene las puntuaciones del Índice desde 1962 a 2009, con 1980 como año base. Como esta tabla indica, en las últimas décadas, la dependencia del gobierno ha crecido de forma sostenida a un ritmo alarmante.


Los desafíos fiscales de la creciente dependencia

Los derechos a beneficios. El tema sobre la dependencia es especialmente relevante hoy en día cuando más y más americanos están a punto de comenzar a depender del gobierno para su jubilación. A los 65 años, los jubilados tienen derecho a cobrar los ingresos del Seguro Social, así como los beneficios de atención médica vía Medicare o Medicaid [2]. En la actualidad, estos programas constituyen el 41% de todo el gasto de los programas federales sin intereses. Durante las próximas dos décadas, ese gasto aumentará a casi el 62% del gasto sin intereses ya que unos 10,000 baby boomers se jubilarán por día y comenzarán a cobrar beneficios. Conjuntamente, estos programas posibilitarán la dependencia del gobierno a casi 80 millones de baby boomers.

Esto es particularmente preocupante porque la mayoría de los que pronto serán usuarios de estos programas son americanos de clase media a clase alta que no necesitan el apoyo del gobierno. Debido a que la elegibilidad para estos programas está vinculada a la edad y no a la necesidad económica, multimillonarios y milmillonarios recogerán los mismos beneficios, como el de medicamentos subsidiados a través de Medicare Parte D, al igual que lo harán los jubilados de bajos ingresos.

Pagar estos beneficios a la clase media y alta en los próximos años requerirá niveles de gasto deficitario sin precedentes. De acuerdo con el Informe Financiero de Estados Unidos, el importe de la deuda que les espera a los americanos por estos compromisos es de $56,400 billones-$184,000 por cada ciudadano americano [3]. Se trata de un nivel insostenible de deuda que con seguridad desacelerará la economía y podría obligar a aumentar más las tasas de los impuestos en el futuro. Los altos costos de estos programas, que serán asumidos por los hijos y los nietos de los baby boomers, podrían llevar fácilmente a nuevos aumentos de dependencia a las generaciones futuras que probablemente necesitarán depender de la asistencia social durante, por ejemplo, una desaceleración económica. Esta bola de nieve de dependencia –provocada por la dependencia del Seguro Social, Medicare y Medicaid– podría enviar al país más allá de un punto de inflexión de dependencia sostenible que podría poner en peligro el funcionamiento de la democracia misma.

Además, el creciente costo ilustra el problema presupuestario de permitir que la dependencia crezca sin control. Una de las razones por las que este crecimiento será tan significativo es que estos programas crecen con el piloto automático puesto, lo que a su vez perpetúa la dependencia, ya que estos programas no son objeto ni de debate ni de una evaluación regular. A diferencia de casi todos los demás programas de gasto, el Seguro Social, Medicare y Medicaid son programas de gasto obligatorio que funcionan fuera del proceso presupuestario anual. Esta exención da derecho a que estos programas recurran a todos los ingresos fiscales federales en primer lugar, independientemente de otras prioridades presupuestarias. Hace falta una sustancial reforma política si ha de detenerse esta dependencia automática. La solución es convertir estos programas en programas sometidos a presupuesto de 30 años, sometiendo estos presupuestos a debate cada cinco años.

Otras reformas políticas que hagan hincapié en la independencia y la autosuficiencia deben también ser parte para abordar los problemas inherentes en ellos y en otros programas. Debería restaurarse el concepto de red de seguridad para orientar el Seguro Social, Medicare y Medicaid hacia a aquellos que realmente necesiten estos programas. Esto se puede lograr asociando los beneficios a los ingresos de los jubilados y alentando el ahorro personal durante los años de trabajo.

El crecimiento de la población no contributiva. Los desafíos que el  Congreso afronta para reformar los programas de derechos a beneficios  se acentúan por el rápido crecimiento de otros programas que crean dependencia, tales como subsidios a la alimentación, vivienda y asistencia financiera para la universidad y por el creciente número de americanos que no pagan nada por estos. ¿Qué tan probable es que el Congreso reforme los derechos a beneficios tan rápido como debería cuando hay tantos votantes que pagan poco o nada por los otros programas que crean dependencia, contenidos en este Índice? ¿Puede el Congreso frenar los enormes derechos a beneficios de la clase media en un entorno de rápido crecimiento de los programas de la dependencia?

En 1962, primer año en el que se midió el Índice de Dependencia del Gobierno, el porcentaje de personas que no pagaban sus impuestos federales y que no declarabas como dependientes de alguien que pague impuestos federales sobre ingresos se situó en el 23.7%, este se redujo al 12% en 1969 antes de comenzar un aumento irregular pero constante en última instancia. En el año 2000, el porcentaje era del 34.1% y del 43.6% en 2008 [4]. En suma, el país podría estar acercándose rápidamente a un punto donde la mitad de los “contribuyentes” no pagan impuestos al tiempo que sí reciben generosos beneficios federales.

Esta tendencia debería preocupar a todos los que apoyan la forma republicana de gobierno de Estados Unidos. Si los representantes de los ciudadanos son elegidos por un mayor porcentaje de votantes que no pagan impuestos sobre sus ingresos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que estos representantes respondan más a las exigencias de más derechos a beneficios y subsidios de los no contribuyentes que a exigencias de los contribuyentes para que se ejerza una mayor prudencia en el gasto?


1) El propósito y la teoría del Índice

El Índice 2010 de Dependencia del Gobierno se divide en cuatro grandes secciones: La Sección 1 explica el propósito y la teoría detrás del Índice; en la Sección 2 se estudian los cambios políticos importantes en las cinco áreas del programa; la sección 3 presenta una metodología que describe cómo se elabora el Índice; la Sección 4 habla del Índice en términos de la cantidad de americanos que dependen de los programas del gobierno.

El Índice de Dependencia está diseñado para medir el ritmo en el que han crecido los servicios y programas del gobierno federal en áreas donde existían o existen servicios y programas privados o comunitarios para abordar las mismas o similares necesidades. Mediante la recopilación y la sintetización de los datos en una sencilla puntuación anual (compuesta por las puntuaciones de los cinco componentes), el Índice proporciona una herramienta útil para el análisis de la dependencia del gobierno. Los analistas políticos y politólogos también pueden utilizar el Índice y los patrones que este desvela para desarrollar previsiones de tendencias y reflexionar sobre cómo estas tendencias pueden afectar la política del presupuesto federal.

El Índice utiliza datos extraídos de una serie cuidadosamente seleccionada de programas financiados con fondos federales. Los programas se escogieron por su tendencia a duplicarse o a reemplazar el apoyo proporcionado tradicionalmente a las personas necesitadas por organizaciones locales, barrios, comunidades y familias, tales como albergue, alimentos, ayuda monetaria, educación, atención médica, formación para el empleo o puestos de trabajo.

En el cálculo del Índice, los gastos de estos programas están ponderados para reflejar la importancia relativa de cada servicio (por ejemplo, albergue, atención médica o alimentos). El grado de dependencia de una persona puede variar según su necesidad. Por ejemplo, lo que primero necesita una persona que no tiene hogar, generalmente es albergue, seguido de alimentos, atención médica e ingresos. El CDA ponderó los gastos del programa basados en esta jerarquía de necesidades y que produce un índice ponderado de gastos centrados en el año 1980.

Históricamente, particulares y entidades locales han proporcionado más asistencia a los miembros necesitados de la sociedad que lo que hacen hoy en día. Especialmente durante el siglo XX, el gobierno ofreció gradualmente más y más servicios que previamente habían sido facilitados con autoayuda y organizaciones de asistencia mutua [5]. La vivienda de bajo costo es un buen ejemplo. Organizaciones de asistencia mutua, grupos religiosos y organizaciones educativas desde siempre habían ayudado a los americanos de bajos ingresos con ayuda limitada para la vivienda, pero después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos federal y estatales comenzaron a facilitar la mayor parte de las viviendas de bajo costo. Hoy en día, el gobierno proporciona casi toda la ayuda para la vivienda para los pobres y personas de bajos ingresos.

El sistema de salud es otro ejemplo de este patrón. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los americanos de ingresos modestos solían obtener atención médica y seguro médico a través de una amplia gama de instituciones comunitarias, algunos operados por iglesias y clubes sociales. Toda esa infraestructura del sistema de salud ha sido reemplazada por el seguro médico de provisión pública, principalmente a través de Medicaid y Medicare. Independientemente de si los resultados médicos y económicos son mejores hoy en día, la relación entre las personas que reciben ayuda para la atención médica y los que pagan por ello ha cambiado de forma fundamental. Pocos podrán negar que este cambio ha afectado negativamente el costo total del sistema de salud y la política de las relaciones entre pacientes, médicos y hospitales.

La ayuda financiera para los necesitados también ha cambiado profundamente. Las organizaciones benéficas locales y comunitarias alguna vez cubrieron la mayoría de las ayudas, algo que se traducía en una relación personal entre los que las recibían y aquellos en la comunidad que las proporcionaban. Hoy en día, el Seguro Social y otros programas gubernamentales cubren gran parte o todo el ingreso de los hogares indigentes y de ingresos modestos. Casi todos los ingresos para trabajadores temporalmente desempleados que alguna vez fueron cubiertos por sindicatos, sociedades de asistencia mutua y organizaciones benéficas locales ahora los cubren programas federales de ingresos, alimentos y atención médica. De hecho, la asistencia de ingresos se está convirtiendo rápidamente en un programa del gobierno con poca o ninguna conexión con la sociedad civil local.

Este cambio de asistencia local, comunitaria, de ayuda mutua a pagos anónimos del gobierno ha modificado claramente la relación entre la persona en necesidad y el proveedor del servicio. En el pasado, una persona en necesidad dependía de la ayuda de personas y organizaciones de su comunidad local. Los representantes de la comunidad por lo general eran conscientes de las necesidades de la persona y suministraban una ayuda a medida para satisfacer esas necesidades dentro de las limitaciones presupuestarias de la comunidad. Hoy son los burócratas del gobierno los que abordan el problema de la vivienda y otras necesidades y poco o nada tienen que ver con la comunidad en que vive la persona necesitada.

En ambos casos se trata de una relación de dependencia. Sin embargo, la relación de dependencia con elementos de la sociedad civil incluye sanas expectativas sobre la futura viabilidad y capacidad civil del asistido para a su vez ayudar a otra persona. La relación de dependencia con el sistema político no tiene expectativas recíprocas. La primera relación mencionada es esencial para la existencia de la propia sociedad civil. La otra relación se basa generalmente en ayuda unilateral donde el regreso del asistido a la viabilidad civil (o la falta de ella) no es un factor. De hecho, el “éxito” de los programas de gobierno se mide normalmente por el crecimiento del programa en lugar de medirlo por los resultados que produce. Mientras que la relación de dependencia con la sociedad civil lleva a un equilibrio entre los intereses de la persona necesitada y la comunidad, la relación de dependencia con el gobierno corre el riesgo de generar presión política para ampliar y consolidar el apoyo federal de diversos grupos de interés, tales como organizaciones de salud, comunidades locales y los propios beneficiarios de la ayuda.

El Índice de Dependencia ofrece una forma de evaluar la magnitud y las implicaciones del cambio en la dependencia del gobierno en la sociedad americana. Los pasos para preparar este Índice se describen en la sección metodológica, cerca del final de este documento y el Índice se basa principalmente en datos históricos a partir del proyecto presupuestario anual del presidente para el año fiscal 2011 [6]. El último año medido en el Índice 2010 fue el ejercicio fiscal 2009. El Centro de Análisis de Datos utilizó un esquema de ponderación simple y ajustado a la inflación para reafirmar estos datos que están a disposición del público. Los analistas del CDA exhortan a que les rebatan su trabajo y estarán encantados de proporcionar a petición estos datos que sustentan el Índice de este año.

2) Los cinco componentes del Índice

Los analistas del CDA comenzaron por revisar el presupuesto federal para identificar los programas federales y actividades estatales pagadas con  asignaciones federales que se ajustan a la definición de dependencia, lo que significa que racionalmente se puede argüir que el programa o la actvidad proporciona bienes o servicios que han desplazado o restringido alternativas privadas o de gobierno local. Además, el beneficiario inmediato del programa o actividad debe ser una persona.

Por lo general esta definición excluye programas estatales que podrían fomentar la dependencia. Sin embargo, los programas financiados con fondos federales en los cuales los estados actúan como intermediarios están incluidos.

La educación primaria y secundaria es el principal programa estatal excluido bajo esta disposición. La educación post secundaria es la única parte de la educación proporcionada por el gobierno incluida en el Índice [7]. Los militares y empleados federales también están excluidos porque la defensa nacional es una función elemental del gobierno federal y por lo tanto no promueve la dependencia tal y como la mide el Índice.

Los analistas del CDA dividen los programas que satisfacen los requisitos en cinco grandes componentes:

1. Vivienda

2. (A) Atención médica y (B) Asistencia social

3. Jubilación

4. Educación superior

5. Servicios rurales y agrícolas

Las siguientes secciones tratan sobre el ritmo y el contenido de los cambios de la política en estos cinco componentes.

1. Vivienda [8]. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) fue creado en 1965 mediante la consolidación de varias agencias federales independientes de vivienda en un solo departamento del gabinete presidencial. El propósito de la consolidación fue aumentar la importancia de la ayuda para la vivienda por parte del gobierno dentro de la constelación de los programas de gasto federal. En ese momento, se creía que los destructivos disturbios urbanos que estallaron en muchas ciudades en la década de los 60 eran consecuencia de malas condiciones de la vivienda y que estas condiciones estaban contribuyendo a la decadencia urbana. Dos iniciativas –la ayuda para la vivienda y la revitalización urbana se combinaron en una sola dependencia federal.

El gasto del HUD todavía refleja en gran medida esa misión dual. En cualquier año dado, aproximadamente el 80% del presupuesto del HUD tiene como objetivo la ayuda para la vivienda y el otro 20% se centra en temas urbanos a través del Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG). Dada la naturaleza de estas asignaciones programáticas, los recursos presupuestarios y de personal del HUD se concentran en hogares de bajos ingresos en una medida sin parangón con cualquier otro departamento federal.

Dentro del 80% del presupuesto del HUD destinado a la ayuda para la vivienda hay una serie de programas de vivienda según ingresos, algunos de los cuales se remontan a la época de la Gran Depresión. Por lo general, estos programas cubren a personas de bajos ingresos, incluyendo a mayores y discapacitados, con apartamentos de alquileres mensuales a medida de sus ingresos. Cuanto menor sea el ingreso, menor es el alquiler a pagar. Tradicionalmente, el HUD y las agencias de vivienda locales proporcionan a hogares elegibles de bajos ingresos con ayudas en “proyectos habitacionales” – un apartamento que es propiedad del gobierno y que administra el gobierno.

Los proyectos de vivienda pública han sido históricamente la forma más común de esa ayuda, pero comenzaron a caer en desgracia en la década de los 60 a causa de la descomposición y deterioro rampantes que surgió por concentrar a demasiadas familias con problemas y de bajos ingresos en un único complejo o barrio. Periódicamente, una nueva forma de programa de proyectos se adopta como “reforma”, pero el nuevo programa tiende a caer en desgracia después de varios años de resultados decepcionantes. HOPE VI es la forma más reciente de ayudas mediante proyectos, pero los altos costos y bajos beneficios llevaron a la administración de George W. Bush a intentar, sin éxito, acabar con el programa en 2006. Actualmente hay iniciativas por parte de algún sector de la administración Obama para aumentar la financiación del programa.

 

El HUD también ofrece ayuda para la vivienda en régimen de alquiler para hogares de bajos ingresos en forma de vales y cupones de alquiler. Estos cupones ayudan a que personas con bajos ingresos alquilen apartamentos en el sector privado al cubrir una parte del alquiler. Cuanto menor sea el ingreso de una persona o de una familia, mayor es la proporción del alquiler cubierto por el vale o cupón. Los vales se implementaron a inicios de los años 70 como un rentable reemplazo a la vivienda pública y otras formas de costosa ayuda en proyectos, pero los vales siguen representando aún una parte de la ayuda para la vivienda debido a la resistencia de la industria a dar por terminados los lucrativos programas en proyectos.

Por último, el HUD concede subvenciones en bloque para ciudades y comunidades a través del programa CDBG de acuerdo a una fórmula que se basa en la necesidad. Una comunidad puede gastar a discreción esa subvención escogiendo entre una serie de opciones permitidas. Entre las permitidas opciones de gasto está la ayuda adicional para la vivienda que muchas comunidades utilizan para proporcionar asistencia a un mayor número de hogares con bajos ingresos. En 2005, el presidente Bush propuso la transferencia del programa CDBG del HUD al Departamento de Comercio y reducir la financiación del programa.

Aunque los programas del HUD son según ingresos para determinar la elegibilidad, no son derechos a beneficios. Como resultado, muchos hogares elegibles no reciben ninguna ayuda para la vivienda debido a las limitaciones de financiación. En muchas comunidades, las listas de espera para la ayuda a la vivienda son largas –de varios años– y en algunos casos, las autoridades de viviendas locales no añaden nuevas familias a la lista porque simplemente no hay posibilidad de que las nuevas familias reciban un apartamento en un futuro previsible.

Reconociendo que la ayuda para la vivienda del HUD puede crear dependencia entre quienes reciben sus beneficios, algunos miembros del Congreso han tratado de ampliar a los programas del HUD los requisitos de trabajo de la Ley de 1996 para la Reconciliación de Oportunidades Laborales y Responsabilidad Personal. Los intercesores de los pobres han frustrado estos esfuerzos. Hasta la fecha, lo máximo que se puede pedir a un beneficiario del programa del HUD es ocho horas al mes de servicio voluntario en favor de la comunidad o del proyecto de vivienda en el que vive.

La complejidad de la cambiante mezcla de proyectos de asistencia para la vivienda del HUD pueden hacer difícil la medición de los niveles de dependencia, sobre todo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las tendencias en el gasto ajustado a la inflación del HUD sugieren que la dependencia ha ido en aumento desde hace muchos años [9]. Sin embargo, las medidas alternativas, tales como tabulaciones periódicas de la proporción de los inquilinos que reciben algún tipo de ayuda para la vivienda, indican que no hay cambio en el mismo período. Por ejemplo, el gasto ajustado a la inflación del HUD aumentó un 11.6% de 1993 a 1999, pero la proporción de inquilinos que recibieron algún tipo de subsidio de alquiler se redujo de 18.4% al 17.8% durante ese mismo tiempo, quizá reflejando el cambio al  programa más caro HOPE VI. Las estimaciones del censo están disponibles solo para los años 1993 y 1999, por tanto es difícil determinar el grado en que estos números caracterizan todo el período.

Después de un aumento a mediados de la década en que se reflejan los gastos para la reconstrucción de la infraestructura destruida por los huracanes Katrina y Rita, el componente de la vivienda del Índice de Dependencia aumentó de manera significativa y es probable que aumente aún más en los años venideros a medida que los programas de rescate de hipotecas continúan y mientras que la administración Obama cambia la política federal de vivienda que pasa de alentar la propiedad de la vivienda a  la creación de viviendas de alquiler más asequibles.

2(a) Sistema de Salud [10]. El aumento a la afiliación de programas públicos de atención médica, especialmente Medicare, Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), está dando paso a una mayor dependencia del gobierno. Estos tres programas registraron aproximadamente 98.2 millones de personas en 2009 -  lo que equivale al 32% de la población americana. En conjunto, estos programas representan $886,000 millones de gasto federal en 2009, lo que constituye un 35.8% del gasto nacional de salud y un 6.2% del PIB. El gasto del gobierno en 2009 en Medicare, Medicaid y CHIP fue un 122% mayor que los $399,100 millones gastados en estos programas en 1999, apenas una década antes.

En su encuesta anual sobre la cobertura del seguro médico, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó cifras en 2009 que ponen de relieve la tendencia actual hacia una mayor dependencia del gobierno [11]. El porcentaje de americanos con seguro médico privado está a la baja, principalmente como resultado de la constante erosión de la cobertura patrocinada por empleadores, mientras que el porcentaje de población americana afiliada a programas del gobierno aumenta aún más rápidamente, en gran parte debido a la expansión de Medicaid y CHIP así como al envejecimiento de la población que pasa a afiliarse a Medicare.

Medicare. El Congreso estableció Medicare en 1965 a través del Título XVIII de la Ley del Seguro Social. Medicare paga por la atención médica de personas mayores a partir de los 65 años y de personas con ciertas discapacidades. La afiliación a Medicare ha aumentado constantemente desde su promulgación en 1965 debido al aumento de la población y la esperanza de vida. En 1970, se estima que 20.4 de millones personas se afiliaron a Medicare. Para 2009, el número de afiliados se había más que duplicado llegando a 46.3 millones [12].

Durante los próximos 10 años, el número de personas afiliadas a Medicare aumentará drásticamente. Hay más de 77 millones de baby boomers que cumplirán los 65 años a partir de 2011. Esto aumentará drásticamente el número de personas que pagan por su atención médica utilizando el dinero de los contribuyentes. Además, la considerablemente subvencionada cobertura aumentará la demanda general de atención médica y pondrá una creciente presión sobre los precios del sistema de salud.

Aunque Medicare es la fuente fundamental de seguro médico para esta población, muchos afiliados tienen fuentes complementarias de cobertura privada, tales como la cobertura por jubilación que dan los empleadores. Sin embargo, la cobertura subsidiada por el público –como la adición de un beneficio universal de medicamentos recetados en 2003– deja sin lugar a las alternativas de cobertura privada. Por ejemplo, dos tercios de todas las personas afiliadas a Medicare ya tenían cobertura de medicamentos recetados antes de que el nuevo beneficio de Medicare fuese promulgado [13]. De acuerdo con un análisis realizado por Frank Lichtenberg y Sun Shawn, este nuevo beneficio de medicamentos desplazó la cobertura privada en un 72%. Por cada siete recetas pagadas por el gobierno, cinco habrían sido financiadas de forma privada [14]. Además, Medicare desincentiva a las personas para que trabajen más allá de los 65 años, lo que hace que la dependencia aumente. En la actualidad, menos del 30% de los hombres entre 65 a 69 años siguen trabajando, un descenso comparado con el 46% en 1960 cuando la gente moría más joven.

Medicaid y CHIP. Medicaid, el programa federal-estatal conjunto de salud para determinadas categorías de gente pobre, también se estableció en 1965 por el Título XIX de la Ley del Seguro Social. En 2009, 46.9 millones de americanos estaban afiliados a Medicaid, un aumento de 3.3 millones de personas en solo un año y un aumento de 16.1 millones de personas desde 1999. Medicaid atiende a una población diversa de gente pobre, incluyendo niños, madres, ancianos y discapacitados. En 2009, el 53% de los afiliados a Medicaid eran niños, [15], aunque casi dos tercios de los gastos Medicaid se destinaron a mayores y discapacitados, que son mucho más propensos a necesitar cuidados extendidos. El costo nacional de Medicaid en el año 2009 se estimó en $378,000 millones [16].

La estructura del programa Medicaid varía de estado a estado, porque los estados pueden determinar sus propios requisitos y niveles de beneficios, siempre que cumplan con un estándar federal mínimo. Los estados han utilizado esta flexibilidad para expandir la elegibilidad más allá de la escala de los ingresos y ofrecen generosos paquetes de beneficios. De hecho, la mayoría de los afiliados a Medicaid y los gastos son para grupos o servicios opcionales. Los generosos reembolsos federales que los estados reciben por los gastos de Medicaid motivan a los estados a ampliar sus programas Medicaid más allá del punto que lo harían si los contribuyentes estatales absorbieran el costo total.

Estas ampliaciones adicionales de Medicaid y la incorporación del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) [17] han aumentado el número de personas elegibles para los programas públicos de atención médica. CHIP ha llevado a muchas familias trabajadoras, que de otra manera tendrían a sus  hijos con cobertura privada, a optar en su lugar por la cobertura pública. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyó que la cobertura privada desplazada por la ampliación del CHIP osciló entre un 25% a un 50% [18]. En junio de 2009, 5 millones de niños se afiliaron al CHIP – un aumento de 130,000 niños desde junio de 2008 y un aumento de 3.6 millones de niños a partir de la década anterior.

Los cambios legislativos en 2009. La aprobación del paquete de estímulo económico y la expansión de CHIP a principios de 2009 condujo a un mayor papel del gobierno en los servicios de atención médica. El plan de estímulo consistió en un rescate de $87,000 millones para los programas estatales de Medicaid que sirvió para aliviar a los estados –al menos temporalmente– de la responsabilidad de reducir los programas Medicaid a un tamaño razonable. El rescate financiero aumentó la deuda nacional y por lo tanto será pagado por los contribuyentes en el futuro. Además, el requisito llamado Mantenimiento del Esfuerzo (MOE) en la ley de estímulo prohíbe a los estados la reducción de sus requisitos de elegibilidad para Medicaid por debajo de los que estaban en efecto el 1 de julio de 2008. El resultado es que los estados que no pueden pagar por sus programas de Medicaid no pueden reducir su tamaño y, en su lugar, dependen de aumentos de impuestos o de recortes en los gastos estatales. Medicaid debe ser fundamentalmente reestructurado: La enorme cantidad de fraude debe ser reducida y los estados deben depender menos de los rescates de los contribuyentes. En 2009, la política federal se movió en la dirección opuesta.

La expansión federal de CHIP aprobada por el Congreso también incrementó la dependencia al ampliar el programa para incluir a niños de familias cuyos ingresos sean tres veces el nivel federal de pobreza y superior. La expansión también incrementó el control del gobierno al forzar mandatos federales sobre programas operacionales estatales. El nuevo Congreso, en efecto, ha comenzado a convertir CHIP en otro programa de derechos a beneficios como Medicaid.

El impacto del Obamacare. La aprobación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA) en marzo de 2010 producirá un aumento masivo de la afiliación a Medicaid y mayor intervención del gobierno en forma de generosos subsidios para las personas que compren su seguro en el sistema especializado de seguro médico diseñado por el gobierno. De acuerdo con la CBO, para 2019, Obamacare agregará 16 millones de personas a Medicaid y 19 millones de personas recibirán subsidios del gobierno –en un promedio de $6,000– para comprar cobertura a través del sistema especializado de seguro médico estatal [19]. Obamacare, por lo tanto, causará un aumento masivo en la dependencia del gobierno.

Esta creciente dependencia tiene un efecto directo sobre aquellos que pagan impuestos. Medicare y Medicaid son los dos principales programas de derechos a beneficios y se espera que el gasto de ambos se disparen mucho más aunque estos niveles ya están por las nubes. Para 2019, se proyecta un costo de Medicare de $978,000 millones y se espera que el gasto federal para Medicaid y CHIP alcance los $802,000 millones. Los actuarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) predicen que para 2019 el gobierno (a nivel federal y estatal) financiará el 52% del gasto total del sistema de salud [20]. La CBO prevé que estos programas gubernamentales de atención médica consumirán más de un 12% del PIB en 2050 [21].

2(b) Asistencia Social [22]. La Ley de Reforma de Asistencia Social de 1996, o Ley General de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Empleos de 1996 (PRWORA), sustituyó la Ayuda a Familias con Hijos Dependientes (AFDC), de décadas atrás y mediante la que los beneficiarios tenían derecho a disfrutar de beneficios sociales incondicionales con la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), un programa de subvención en bloque. Promulgado durante la Gran Depresión, la AFDC, un viejo programa de asistencia social de dinero en efectivo, estaba destinado a dotar de ayuda financiera a niños dependientes necesitados. No obstante, durante décadas, el programa creció y a este se añadieron adultos, como por ejemplo, los padres desempleados de niños afiliados al programa. Las listas de asistencia social alcanzaron su punto máximo en 1994, alcanzando más de 5 millones de casos, o 14.2 millones de receptores. Antes de la reforma de la asistencia social, uno de cada siete niños recibía AFDC.

La AFDC, programa de asistencia indefinida, otorgaba más y más dinero a los estados a medida que sus listas de asistencia social iban aumentando. A nivel individual, la AFDC entregaba beneficios a los receptores pero sin ningún tipo de expectativas. Es decir, los beneficiarios tenían derecho a recibir ayuda en efectivo, siempre y cuando cayeran por debajo de los estándares de necesidad establecidos por los estados. Este programa creó incentivos perversos, desmotivando la necesidad de trabajar entre receptores adultos sanos y desanimándolos a contraer matrimonio.

La reforma de la asistencia social fue efectiva en alterar la premisa fundamental de recibir ayuda pública y el derecho permanente a beneficios sociales acabó con ella. Recibir asistencia se convirtió en temporal y se vinculó a esfuerzos demostrables por parte de los receptores a encontrar trabajo o participar en actividades laborales. La autosuficiencia de los receptores se convirtió en el objetivo. Los éxitos de la reforma de la asistencia social son innegables. Entre agosto de 1996 y septiembre de 2009, el número de casos de asistencia social disminuyeron en un 57.5%​​, de 4.4 millones de familias a 1.9 millones de familias. La legislación también tuvo éxito logrando que 1.6 millones de niños abandonaran las listas de pobreza infantil [23].

En los primeros años después de la reforma de la asistencia social se registraron progresos significativos, pero para finales de la década de los 90, la mayoría de los estados habían alcanzado las metas de trabajo de la PRWORA y la motivación para reducir aún más la dependencia y alentar el trabajo entre los receptores comenzó a desvanecerse. El número de casos nacionales TANF se congeló en los últimos años y el porcentaje de familias recurriendo al programa TANF y que trabajaban al menos 30 horas semanales (20 horas para aquellos con niños pequeños) no se elevó por encima del 38.3%, alcanzado en el ejercicio fiscal 1999 y ha rondado cerca del 30% en los últimos años.

En febrero de 2006, tras cuatro años de debate, el Congreso volvió a autorizar el programa TANF en virtud la Ley de Reducción del Déficit. La nueva legislación ha reiterado la necesidad de involucrar a los receptores en aceptables actividades laborales, haciéndolos alcanzar la autosuficiencia. Una vez más, los estados están obligados a aumentar la participación laboral y reducir los casos de asistenta social utilizando el nivel más bajo del año 2005 como escenario base y que esencialmente inició la reforma de 1996. Como exige el Congreso, el Departamento de Salud y Servicios Humanos también emitió nuevas regulaciones para fortalecer los estándares de participación laboral.

La reautorización de 2006 también contenía una importante medida que sirvió para empezar a rectificar la falta de atención a los otros dos objetivos de la reforma de la asistencia social de 1996; Reducir la maternidad fuera del matrimonio y restaurar la formación de familias estables [24]. La disolución del matrimonio y de la familia es un factor primario que contribuye a la pobreza infantil y a la dependencia de la asistencia social y que figura destacadamente en una serie de problemas sociales. Un niño nacido fuera del matrimonio tiene siete veces más probabilidades de ser pobre que un niño criado por padres casados y más del 80% de la pobreza infantil a largo plazo se produce en familias desestructuradas o en hogares donde los padres nunca se casaron. Por otra parte, la ausencia del matrimonio y de la figura paterna en el hogar afecta negativamente el desarrollo del niño, el logro educativo, el bienestar psicológico y aumenta la propensión a la delincuencia y el abuso de drogas [25].

Durante las últimas cuatro décadas, la tasa de natalidad fuera del matrimonio en Estados Unidos ha ido en constante aumento, del 5.3% en 1960 al 40.6% en 2008 [26]. Entre la población negra, el 72.3% de todos los niños nacidos en 2008 fueron de padres no casados y entre los hispanos fue del 52.5%. A pesar de que el ritmo de crecimiento de la proporción de nacimientos entre mujeres solteras disminuyó en los años inmediatamente después de la reforma de la asistencia social, últimamente se ha incrementado rápidamente. De 2002 a 2008, el número de nacimientos fuera del matrimonio aumentó en un 26%.

En 2008, 1.7 millones de niños nacieron de padres no casados. Contrariamente a la concepción popular, la madre soltera no es la típica adolescente, sino que ronda la veintena. Mientras que en 1970, la mitad de todos los nacimientos fuera del matrimonio fueron de madres adolescentes, en 2008, las madres menores de 18 años de edad representan solo el 8% de estos nacimientos. El 60% de los nacimientos fuera del matrimonio se producen entre mujeres de más de 20 años [27]. Tampoco es la típica madre soltera tipo Murphy Brown. Alrededor del 43% no han terminado la secundaria y un 36% sí lo han hecho. El 18% ha tenido alguna educación universitaria; solo el 2% tienen un título universitario [28].

Con la reautorización del programa TANF, el Congreso, por primera vez, aprobó una iniciativa pro matrimonio saludable, asignándole $100 millones anuales en fondos TANF –menos del 1% del gasto total de TANF en el año fiscal 2006– para organizaciones locales que proveen servicios voluntarios centrados en el matrimonio y la capacitación de los receptores. En el presupuesto del ejercicio fiscal 2011, el presidente Obama propuso poner fin a este programa y sustituirlo por otro costoso programa de empleo [29]. Los fondos para el programa vencían el 3 de diciembre de 2010, a menos que el Congreso los prorrogara.

Por otra parte, en febrero de 2009, el Congreso controlado por los demócratas y la nueva administración Obama promulgó una nueva legislación que, básicamente, revocó la base fiscal de la reforma de la asistencia social y volvió a un régimen de financiación estilo AFDC. Los estados reciben bonificaciones en efectivo cuando hacen crecer las listas de la asistencia social. Por otra parte, cubriendo el 80% del costo de los casos nuevos de asistencia social, el gobierno federal está dando a los estados mucho más dinero de lo que recibían con el antiguo programa de asistencia social. La nueva legislación claramente socava los incentivos forjados con la reforma de la asistencia social para que las personas logren integrarse al trabajo y alcancen la autosuficiencia.

A pesar de la Reforma de Ley de la Asistencia Social de 1996, estamos lejos de haber logrado una reforma  integral. El actual sistema de asistencia social es un complicado mecanismo de 70 programas, seis departamentos federales y una voluminosa colección de agencias y programas estatales. Una típica familia receptora de asistencia social puede recibir la ayuda de seis o siete programas (por ejemplo, TANF, Medicaid, estampillas de comida, vivienda pública, el programa escolar Head Start y del programa de subsidios en bloque del Servicio Social) administrados por cuatro departamentos diferentes [30].

Desde que el presidente Lyndon Johnson declaró la guerra a la pobreza en 1964, el gobierno ha gastado $15,900 billones en ayuda a la asistencia social según ingresos. La administración Obama ha trabajado para ampliar rápidamente aún más el Estado de Bienestar. El presupuesto del ejercicio fiscal 2011 del presidente Obama incrementa el gasto de los programas para los pobres un 42% por encima de los niveles del ejercicio fiscal 2008, último año en el cargo del presidente George W. Bush. Si el presupuesto de Obama se convierte en ley, el gasto de la asistencia social total se elevaría a $953,000 millones en 2011 y, durante los próximos 10 años, se superaría los $10 billones. En las últimas dos décadas, el ritmo del crecimiento en el gasto de asistencia social según ingresos ha superado al del Seguro Social, Medicare, educación y defensa [31].

Demasiados de estos programas de asistencia social operan sobre la  elegibilidad según ingresos y sin ningún mecanismo real para acabar con la dependencia. Doce años después de la reforma, el sistema de asistencia social todavía sigue recompensando el no trabajar. Otras reformas adicionales deberían centrarse en la aplicación de los principios TANF a otros programas de asistencia social, en particular el de las estampillas de comida y vivienda pública, que subvencionan la ociosidad y fomentan la dependencia así como eliminar la tendencia antimatrimonio y las sanciones económicas al matrimonio que son inherentes a otros programas de asistencia social según ingresos (por ejemplo, el crédito fiscal por ingreso devengado (EITC) para las parejas casadas con hijos) [32].

3) Jubilación [33]. Desde los tiempos del presidente Franklin D. Roosevelt, el sistema de jubilación americana se ha descrito como un taburete de tres patas que consiste en el Seguro Social, las pensiones basadas en el empleo y los ahorros personales. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Casi la mitad de los trabajadores americanos (unos 78 millones) son empleados de empresas que no ofrecen ningún tipo de pensión o plan de ahorro para la jubilación. Esta proporción se ha mantenido prácticamente estable durante muchos años y la experiencia ha demostrado que pocos trabajadores pueden ahorrar lo suficiente para la jubilación sin un plan de ahorro con deducción sobre la nómina. Para los trabajadores sin un plan de pensiones, la realidad de su jubilación se parece más a un palo de pogo que consiste casi enteramente del Seguro Social.
Desde 1935, el Seguro Social ha cubierto una importante proporción de los ingresos de jubilación para la mayoría de americanos. El programa paga un cheque mensual a los trabajadores jubilados y beneficios a los cónyuges supervivientes e hijos menores de 18 años [34]. Los beneficios mensuales se basan en el promedio indexado del ingreso mensual de un trabajador durante un período de 35 años, con trabajadores de bajos ingresos recibiendo pagos proporcionalmente mayores y los trabajadores de ingresos mayores recibiendo proporcionalmente menos. Los trabajadores con ingresos más bajos reciben el 70% de sus ingresos previos a la jubilación, los trabajadores de ingresos medios reciben del 40% al 45% y los trabajadores de mayores ingresos reciben un promedio del 23%.

Sin embargo, la evolución demográfica que alguna vez hizo el Seguro Social asequible se ha invertido y el programa está en un inexorable curso hacia una crisis fiscal. Para cubrir sus gastos, el Seguro Social necesita por lo menos 2.9 trabajadores pagando impuestos por cada jubilado que recibe beneficios sociales. La proporción actual es de 3.3 trabajadores por cada jubilado pero está cayendo debido a que la generación baby boom procreó menos hijos y ahora están a punto de jubilarse. El ratio llegará a 2.9 por cada jubilado en torno al año 2015 y se reducirá a dos trabajadores por cada jubilado para el año 2030.
Los actuales beneficiarios reciben su dinero de los impuestos sobre la nómina recaudados a los trabajadores de hoy. Debido a los efectos de la reciente recesión, el Seguro Social no recaudará lo suficiente para pagar todos los beneficios prometidos tanto en 2010 como en 2011 y a partir de 2015, el déficit se convertirá en permanente.

Desde 1983 a 2009, los trabajadores pagaron más en impuestos sobre la nómina de lo que el programa del Seguro Social necesitaba. Estos impuestos extra supuestamente debían haberse acumulado para ayudar a financiar los beneficios de jubilación de los baby boomers. Sin embargo, estos impuestos extra no se ahorraron ni se invirtieron para el futuro. Más bien, el dinero se utilizó para financiar otros programas del gobierno. A cambio de los ingresos desviados, el fondo fiduciario del Seguro Social recibió un número especial de bonos del Tesoro de Estados Unidos. En 2015, cuando el Seguro Social comience a redimir sus bonos del Tesoro, el gobierno federal tendrá que pagar los bonos, a través de mayores impuestos o endeudamiento masivo.

El incierto futuro de la Seguridad Social es un problema para todos los trabajadores, pero sobre todo para aproximadamente la mitad de la fuerza laboral del país que no tiene ningún otro programa de jubilación. Pocos de estos americanos tienen una buena suma de dinero ahorrado y dependerán en gran medida del gobierno para sus ingresos de jubilación.

Esta dependencia es en gran parte el resultado de políticas públicas. Al absorber el dinero que de otra forma podría invertirse en el futuro, la alta tasa de impuestos del Seguro Social hace que sea mucho más difícil acumular unos ahorros significativos para los trabajadores de bajos y moderados ingresos.

Las complejas regulaciones del gobierno también desmotivan la ampliación de las pensiones ocupacionales para cubrir a una mayor proporción de la fuerza laboral. Durante las últimas décadas, el costo de los planes de pensiones tradicionales se ha disparado y miles de ellos han cerrado. Los esfuerzos para desarrollar innovadores planes híbridos de pensiones se estancaron cuando leyes y regulaciones confusas provocaron demandas judiciales.

Aunque la mayoría de los empleadores ahora ofrecen planes con aportaciones definidas, tales como el  plan 401 (k), estos planes están sujetos a la Ley de Seguridad de los Ingreso de Jubilación para los Empleados (ERISA). Las regulaciones ERISA son especialmente onerosas para los pequeños empresarios, que por lo general carecen de recursos para contratar a un buen administrador de fondos y con conocimientos necesarios sobre complejos requisitos legales. Como resultado, las empresas pequeñas dudan a la hora de ofrecer planes de jubilación a sus trabajadores por temor a violar accidentalmente un reglamento.

Una cuenta más fácil, menos regulada y adecuada para las empresas más pequeñas mejoraría en gran medida el número de trabajadores con ahorros para la jubilación. También ayudarían unos procedimientos de afiliación automáticos y simplificados, opciones de inversión automáticas, procedimientos que permitan al trabajador llevarse sus ahorros de un empleador a otro y mejores opciones de renta vitalicia.

El Plan de Retiro Individual (IRA) automático, que incorpora estas características y que ha sido respaldado por publicaciones tan diversas como National Review y el New York Times, es uno de esos simples planes de ahorro para la jubilación. Lamentablemente, hasta que estas políticas pasen de la teoría a la realidad, los americanos se enfrentarán al incremento de la dependencia de un sistema de Seguro Social gestionado públicamente que no puede satisfacer sus necesidades. Esta dependencia probablemente aumentará si millones de americanos no ahorran lo suficiente para una jubilación cómoda ya que tal desarrollo pondría presión sobre los legisladores para proporcionar más programas de ingresos financiados por el contribuyente.

4) La educación superior [35]. El gasto federal en educación post-secundaria sigue creciendo a un ritmo rápido. Durante el año escolar 2008-2009, el gasto federal total en programas de ayuda estudiantil (incluyendo créditos tributarios y deducciones, subvenciones y préstamos) fue de $117,000 millones [36] siendo la ayuda federal total un 91% mayor que para el año escolar 1998-1999 (ajustadas a la inflación). En el año escolar 2008-2009, la ayuda federal aumentó $24,800 millones, un aumento del 11% sobre el año anterior, muy por encima de la tasa de inflación [37].

Durante la última década, el aumento federal en subsidios para educación superior ha aumentado en número y en porcentaje de los estudiantes post-secundarios que dependen de la ayuda del gobierno. En el año escolar 2008-2009, 6.1 millones de estudiantes recibieron becas Pell, en comparación con 3.9 millones del año escolar 1998-1999 [38]. Por otra parte, cerca de la mitad de todos los estudiantes adquieren préstamos federales Stafford. En total, el endeudamiento federal aumentó en un 15% de 2008 a 2009 [39].

Tanto el gasto federal como la dependencia de los estudiantes en el gobierno probablemente aumentarán en 2010 y 2011. La Ley de Recuperación y Reinversión, firmada por el presidente Obama en febrero de 2009, incluía una suma adicional de $17,100 millones en nuevos fondos para las becas Pell, destinando nuevos fondos para 2010 y para cubrir el déficit Pell de 2009 [40]. Para tratar de hacer que Estados Unidos sea el país con “la mayor proporción de graduados universitarios en el mundo para el año 2020″, el presidente Obama ha impulsado significativos aumentos de las subvenciones federales [41]. El presupuesto del presidente para 2011 aumenta los fondos para subvenciones federales, préstamos y programas de trabajos por estudios a $173,000 millones lo que es un aumento del 48% de los $117,000 millones gastados en 2009 [42]. Además, “el presupuesto de la administración proporcionaría un récord de $34,800 millones en becas Pell para cerca de 9 millones de estudiantes durante el año de concesión 2011-2012″ [43].

 

Además de los aumentos del gasto en fondos federales de educación superior, el programa federal de gobierno de becas Pell se convirtió en obligatorio en 2010 (y antes era discrecional), lo que garantiza futura financiación y crecimiento del programa de subvenciones. La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA) de 2010 contenía una disposición que elimina el Programa Federal de Préstamos para Educación de la Familia (FFEL) en favor del programa federal “Préstamos Directos”. De este modo, la administración Obama acabó con los préstamos estudiantiles privados respaldados por el gobierno, lo que significa que todos los nuevos préstamos con subsidio federal se originarán en el Departamento de Educación y este se encargará de ellos. El cambio desplaza a los prestamistas privados fuera del mercado de préstamos estudiantiles y expone a los contribuyentes al impago estudiantil, con un probable aumento del costo al transcurrir el tiempo. Mientras los aumentos del costo a largo plazo para los contribuyentes son probables como consecuencia de la eliminación del programa FFEL, también es posible que haya costos a corto plazo, principalmente debido a los aproximadamente 404 nuevos empleados que serán contratados por el Departamento de Educación en 2011 para supervisar el aumento en el volumen de “Préstamos Directos” [44]. Es probable que también los costos para los contribuyentes aumenten considerablemente en las próximas décadas con la propuesta de la administración de Obama para condonar la deuda de préstamos estudiantiles. En su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2010, el presidente Obama declaró que hará manejable el costo de la educación superior al “condonar toda la deuda pendiente después de 10 años de pagos para aquellos que trabajen en el servicio público y 20 años para todos los demás” [45].

Los aumentos en la ayuda de subsidios federales estudiantiles en los últimos años no han hecho nada para mitigar los cada vez más crecientes costos de la universidad. El costo y las cuotas de la enseñanza universitaria tanto en universidades públicas y privadas en cuatro años aumentaron un 6.5% y 7.3% respectivamente, después de ajustarlos a la inflación, desde el curso 2008-2009 al curso académico 2009-2010. En los 10 años que van del 2000 a 2010, el costo y las cuotas aumentaron en una tasa media anual del 4.9% en las universidades públicas [46]. Desde 1982, el costo y las cuotas se han incrementado en un 439% –cuatro veces más que la tasa de inflación [47].

Los aumentos en los subsidios federales a las universidades han desembocado en un aumento tanto en los costos como en las cuotas universitarias. El economista Richard Vedder arguye que “algunos de estos programas [federales] de ayuda financiera han contribuido enormemente a la explosión de los costos y las cuotas en la época moderna” [48]. Además, los aumentos de los subsidios federales a la educación superior han permitido a las universidades aumentar lo que cobran y ha hecho a los estudiantes menos sensibles a los aumentos de costos. También hay escasas razones para que el gobierno federal esté metido en el mercado de préstamos estudiantiles. Vedder también señala que: “No queda claro que la educación superior proyecte unos efectos positivos tan importantes que justifiquen los subsidios del gobierno, en primer lugar y que el mercado de crédito privado, que puede manejar cualquier cosa, desde préstamos para automóviles hasta la venta de millones de dólares de bonos del Tesoro, puede manejar la asistencia financiera para los estudiantes si es necesario” [49].

Aumentar los subsidios federales a las universidades no va a resolver el problema del constante aumento de los costos de la universidad. De hecho, décadas de aumento de los subsidios federales para la educación superior han permitido a las universidades aumentar lo que cobran por la enseñanza, lo que agrava el problema del costo de la universidad. En lugar de seguir ampliando el papel del gobierno en los préstamos estudiantiles, los subsidios federales deberían limitarse a aquellos estudiantes con mayor necesidad económica. Restringir el número de años en que los estudiantes puedan tener acceso a los subsidios federales también probablemente sería una forma de empezar a abordar el problema del costo de la universidad [50].

5) Servicios rurales y agrícolas [51]. Gran parte del rápido aumento de la “asistencia agrícola y rural”, se basa en la dependencia de los programas de subsidios agrícolas. Una multitud de subsidios agrícolas (por ejemplo, pagos directos, pagos anticíclicos, préstamos de asistencia mercantil y créditos sin avales) operan por lo general conjuntamente para compensar a los agricultores por los bajos precios de las cosechas. Los pagos por conservación pagan a los agricultores por iniciar proyectos de conservación o simplemente por dejar de cultivar sus tierras. Las subvenciones a la exportación efectivamente reducen el precio de los productos americanos  para que puedan rebajar los precios con respecto a la competencia internacional [52].

Los partidarios de los subsidios agrícolas a menudo describen a los agricultores como empobrecidas víctimas del impredecible clima y de las grandes fuerzas económicas mundiales. Pero en realidad, a los agricultores americanos les está yendo bastante bien. El agricultor promedio tiene un patrimonio neto de $895,756 [53] (doblando así el promedio nacional de la riqueza de los hogares), un ingreso anual de $81,670 [54] (con cerca de un 27% por encima del promedio nacional) y vive en una zona rural con un significativamente menor costo de vida. El índice de fracaso empresarial en la agricultura es solo una sexta parte del promedio de otras empresas.

Sin embargo, los subsidios agrícolas se han convertido en el programa de asistencia social corporativa más grande de Estados Unidos. La mayoría de subsidios van a explotaciones agrarias comerciales que reportan unos ingresos promedio de $200,000 y un patrimonio neto de casi $2 millones. Por el contrario, el 80% de los agricultores reciben solo una quinta parte de los subsidios.

En lugar de estar vinculados con la necesidad, los subsidios agrícolas se basan en dos factores: qué se cultiva y cuánto se cultiva. Aproximadamente el 90% de todos los subsidios agrícolas van a los productores de tan solo cinco cultivos: trigo, maíz, algodón, soya y arroz. Los productores de otros cultivos no son aptos para la mayoría de los programas de subvenciones, independientemente de su necesidad.

Los agricultores que siembran más cultivos reciben mayores subsidios. Aquí es donde la lógica económica de los subsidios agrícolas se cae a pedazos. Las subvenciones están destinadas a compensar a los agricultores por los bajos precios que se derivan de un exceso de oferta de los cultivos, pero la concesión de mayores subsidios a los agricultores que siembran la mayoría de los cultivos los motiva a sembrar aún más, haciendo que los precios bajen aún más y los lleve a exigir mayores subsidios. Por otra parte, mientras que se les paga a algunos agricultores para sembrar más cultivos, el Programa de Conservación de Reservas (CRP) paga a otros agricultores para sembrar menos cultivos. Un analista describe con precisión la política agrícola de Estados Unidos como quién tiene “un pie en el freno y el otro en el acelerador” [55].

 

Finalmente, el Congreso reconoció el fracaso de la planificación centralizada de agricultura. La Ley Federal de Mejora y Reforma Agraria (FAIR) de 1996 [56] (también conocida como Ley de Libertad Agrícola) fue diseñada para eliminar los subsidios agrícolas para el año 2002 y permitir que el sector agrícola operara como un mercado libre. Después de gastar solo $6,000 millones en subsidios agrícolas en 1996, el Congreso reaccionó exageradamente a una caída temporal de los precios de los cultivos en 1998 (como resultado de la desaceleración económica de Asia), al aprobar el primero de una serie de rescates de emergencia anuales para agricultores.

En el año 2000, los subsidios agrícolas alcanzaron un récord de $30,000 millones. Los agricultores se acostumbraron rápidamente a los subsidios gubernamentales masivos y la competencia por el voto agrícola indujo una guerra de ofertas de ambos partidos en la víspera de las elecciones del 2002. Los legisladores renunciaron a la reforma y promulgaron la ley agrícola más grande de la historia americana, estimada en un costo mínimo de $180,000 millones para la década siguiente. A pesar de los crecientes costos y los efectos económicos negativos, el socialismo agrícola es ahora la opción mayoritaria en el Congreso y la Casa Blanca.

La dependencia del gobierno en el sector agrícola sin duda continuará. Los respondables políticos erróneamente ven los subsidios agrícolas como la solución a los bajos precios y no como una importante causa de ellos. Caros subsidios por desastres se reparten si el tiempo es malo (cultivos destruidos) o bueno (un exceso de oferta hace bajar los precios). Al final, los subsidios agrícolas han creado una mentalidad de tener derecho a beneficios entre una clase de agricultores que probablemente castigará a cualquier cargo electo que busque la reforma. En la actualidad, no hay planes para que los agricultores pasen a la autosuficiencia.

En lugar de solucionar este sistema que no funciona, la ley agrícola de 2008 empeoró las cosas [57]. El Congreso hizo caso omiso del llamamiento del presidente George W. Bush  para subsidiar solo a los agricultores que ganen menos de $200,000 al año y derogó los principales límites de las subvenciones que pueda recibir un agricultor. La ley creó un nuevo programa permanente de desastres, aumentó el nivel de subsidios y utilizó estratagemas para encubrir un aumento en el gasto de aproximadamente $25,000 millones en 10 años. Incluso los productores de maíz, que ya se benefician de los altos precios resultantes de las políticas federales del etanol, seguirán recibiendo miles de millones anuales en subsidios. Esta política anticomercial probablemente conducirá también a represalias por parte de los socios comerciales de Estados Unidos, perjudicando a agricultores y consumidores. El Congreso anuló el veto del presidente Bush de la ley agrícola, garantizando al menos seis años más de destructivas políticas agrícolas.

3) Cómo se elabora el Índice de Dependencia
Después de identificar los programas de gobierno que contribuyen a la dependencia, el Centro de Análisis de Datos examinó más a fondo los datos para identificar los componentes que contribuyen a la variabilidad. Los programas relativamente pequeños que requieren pocos fondos y los programas a corto plazo fueron excluidos. Los gastos restantes, se resumieron de forma anual para cada una de las cinco grandes categorías que figuran en la Tabla 2 [58]. Los rubros de los programas son aquellos utilizados por la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) para la función presupuestaria y la subfunción en el sistema de contabilidad presupuestario.

Los analistas del CDA recogieron datos desde el ejercicio fiscal 1962 hasta el ejercicio fiscal 2009. Se utilizaron deflatores centrados en 2005 para el ajuste por inflación.

Lo que se busca con los índices es proporcionar elementos de juicio para comprender fenómenos que son tan detallados o complicados que la simplificación mediante reglas arbitrarias, aunque razonables, es necesaria para obtener algo más que una interpretación rudimentaria. El Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), por ejemplo, es una serie que se basa arbitrariamente en la selección de una “canasta de bienes” que la BLS revisa periódicamente para constatar los cambios de precios. Los componentes de esta canasta son ponderados para reflejar su importancia relativa al cambio de precio global. Los precios de la energía son ponderados como más importantes que los precios de la ropa. Multiplicar el valor específico por el precio produce un precio ponderado de cada elemento del IPC y el total de los precios ponderados produce la puntuación aproximada del IPC.
El Índice de Dependencia en general funciona de la misma manera. El valor de la materia prima (o sin ponderar) por cada programa (es decir, los gastos anuales para ese programa) se multiplica por su valor específico. El total de los valores ponderados es el valor del Índice correspondiente a ese año.

El Índice se calcula de la siguiente manera:

1. Vivienda: 30%

2. Sistema de salud y asistencia social: 25%

3. Jubilación: 20%

4. Educación superior: 15%

5. Servicios rurales y agrícolas: 10%

Los valores específicos se “centran” en el año 1980. Esto significa que el total de los valores ponderados del Índice serán igual a 100 para 1980, lo que da al Índice un año de referencia desde el cual todos los otros valores del Índice se pueden evaluar.

El CDA eligió el año 1980 debido a su evidente importancia en la filosofía política de Estados Unidos. Muchos analistas ven 1980 como un año decisivo en la historia de Estados Unidos ya que parece marcar el comienzo del ocaso de la política pública de centro-izquierda y el surgimiento de los desafíos del centro-derecha a las políticas basadas en la creencia de que los sistemas sociales fracasan sin la mano guía del gobierno [59].

Ciertamente el Índice refleja tal hito. El gráfico 8 muestra el Índice desde 1962 a 2009. Las puntuaciones tienen una clara inclinación hacia el alza durante todo el período.

Hay dos cotas en el Índice –los años 80 y en el período que va de 1995 a 2001– que sugieren que los cambios de política pueden influir significativamente en la tasa de crecimiento del Índice. A principios de la década de 1980, el crecimiento de algunos programas domésticos se redujo para pagar un mayor gasto en defensa y el Congreso aprobó cambios significativos en la política de la asistencia social y la vivienda pública durante la década de los 90. Ambos recortes redujeron la tasa de crecimiento del Índice.

El gráfico 9 enlaza el Índice a los principales cambios en las políticas públicas. El mayor salto en el Índice se produjo durante el gobierno del presidente Lyndon Johnson después de la aprobación de los programas de la Gran Sociedad. La administración Johnson no solo lanzó Medicare y otros programas de salud, sino que también amplió considerablemente el papel del gobierno federal facilitando y financiando viviendas para gente de bajos ingresos. El Índice también subió un 92% (de un 36% a un 69%) bajo las administraciones Nixon y Ford durante las que los republicanos estuvieron poniendo en práctica y financiando  partes sustanciales de los programas de la Gran Sociedad.

 

Los dos períodos de política pública más relativamente conservadora (los años 80 y de 1995 a 2001) destacan claramente en el gráfico 9. La desaceleración en el gasto se incrementa durante los años de Reagan y después de las elecciones legislativas de 1994 lo que produjo dos períodos de cambio ligeramente negativos en el Índice. Estos períodos muestran significativos retrocesos en los objetivos de la Gran Sociedad, en especial en el planteamiento de la nación acerca de la asistencia social. El regreso de los excedentes presupuestarios en los últimos años de la administración Clinton, sin embargo, condujo a un significativo aumento del gasto de todos los componentes, especialmente educación y el sistema de salud. Desde entonces, el Índice ha crecido más o menos al mismo ritmo que lo ha hecho durante los últimos 25 años.

4) Cálculo de la población con cobertura

El Índice refleja el crecimiento de los programas del gobierno federal que  posiblemente desplazan o sustituyen a otras iniciativas similares presentadas por gobiernos estatales y locales o por organizaciones de la sociedad civil. Los valores del Índice no dependen de la cantidad de personas que reciben apoyo a través de estos programas, pero esa cifra, sin embargo, arroja más luz sobre lo que el Índice muestra.

Los datos sobre el número de personas afiliadas o que se benefician de los programas enumerados en la Tabla 1 entre 1962 y 2009 fueron extraídos de una variedad de fuentes públicas. Se hizo un gran esfuerzo para eliminar las afiliaciones duplicadas. Por ejemplo, mucha gente que recibe estampillas de comida también recibe servicios médicos a través de Medicaid.

El gráfico 10 muestra el número anual de participantes de los programas desde 1962 hasta 2009. En la víspera de los programas de la Gran Sociedad, unos 21.7 millones de personas (o el 11.7% de la población) recibieron asistencia a través de los programas que existían en ese momento enumerados en la Tabla 2. En la actualidad, 64.3 millones de personas (20.9% de la población total de Estados Unidos) reciben algún tipo de asistencia a través de los programas incluidos en el Índice.

El crecimiento en los ingresos y en el apoyo no financiero entre los participantes del programa ha acompañado al aumento de personas que reciben asistencia.  El apoyo per cápita financiero y no financiero (después de ser ajustados a la inflación en dólares de 2005) se situó en unos 7,293 dólares en 1962. Para el año 2009, este apoyo había crecido hasta alcanzar unos 31,950 dólares. (Véase el gráfico 11).

Los datos del Índice y las estimaciones complementarias de la población de los programas generan preocupación sobre la capacidad de los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para proporcionar ayuda y asistencia de otra índole. También genera un incremento de la tradicional preocupación republicana sobre la viabilidad a largo plazo de las instituciones políticas cuando una parte importante de la población se convierte en dependiente del gobierno para la mayor parte o la totalidad de sus ingresos [60].

Un nivel de poco más de una quinta parte de los americanos (20.9%) que requieren asistencia social puede ser, o no ser, lo suficientemente alto para provocar esta preocupación. Sin embargo, este porcentaje crece hasta el 28.8% cuando se incluyen a los empleados federales y estatales. En 1962, la suma de estas dos categorías (los participantes y empleados del gobierno en el Índice) se situaba en 33.6 millones o el 18% de la población total. Este total se incrementó a 88.3 millones (o 28.8% de la población total) a finales de 2009, un incremento de un 163%. (Véase el gráfico 12).

El ritmo de crecimiento anual de empleo en el gobierno federal y estatal en general ha disminuido desde la década de 1960 y 1970. (Véase el gráfico 13). Sin embargo, el ritmo de crecimiento de empleo a nivel estatal ha sido positiva menos en tres de los últimos 48 años. El empleo federal creció durante la escalada militar de la década de los 80 y durante la reducción de personal militar tras el colapso de la Unión Soviética, lo que llevó a un cambio negativo en las tasas de empleo federal a lo largo de la década de los 90. En 2009, con la economía sumida en la recesión más larga desde 1962 y el índice de desempleo nacional pasando de un 5.8% a un 9.3% [61], el empleo público fue a la inversa, con un número de trabajadores federales aumentando en 2.2%

 

Conclusión

La política pública parece tener importancia en el crecimiento del Índice de Dependencia del Gobierno. El rápido aumento en las décadas de 1960 y 1970 corresponde a un nuevo compromiso por parte del gobierno federal para resolver problemas sociales y económicos que previamente habían sido responsabilidad de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y familias. La suma de los empleados del gobierno y la población cubierta por los programas contenidos en este Índice aumentó de manera dramática, incluso teniendo en cuenta la escalada militar de la Guerra de Vietnam durante la segunda mitad de la década de los 60.

Las décadas de 1980 y 1990 en general han experimentado un crecimiento mucho más lento en el Índice. En efecto, si el período 1989-1993  hubiese reflejado las políticas de los períodos 1981-1988 y 1994-2001, el Índice habría disminuido su valor. Sin embargo, en lugar de caer, el Índice parece haber retomado las tasas de crecimiento alcanzadas durante los gobiernos de Carter y George H. W. Bush.

Los americanos deberían estar preocupados por la marcha ascendente aparentemente implacable de las puntuaciones del Índice. La dependencia en el gobierno federal para muchos desafíos de la vida vacía a la sociedad civil de su papel histórico y necesario en la prestación de la ayuda y la renovación a través de las relaciones íntimas de la familia, la comunidad, las instituciones locales y el gobierno. Aunque el Índice no mide la decadencia de la sociedad civil,  refleja la disminución de su papel en este aspecto tan importante de la vida.

La preocupación de los americanos por el crecimiento del Índice de Dependencia debería ser especialmente grande por otras razones: los americanos se encuentran a las puertas de la jubilación del grupo de gente más grande en la historia del mundo – y al mismo tiempo el número de “contribuyentes” que no pagan impuestos está creciendo constantemente. Esta forma republicana de gobierno del país, con su mezcla finamente equilibrada de papeles para las instituciones civiles, políticas y de beneficencia probablemente podría resistir algún aumento adicional, aunque de forma muy limitada, de población dependiente, tal como se define en este documento.

¿Puede soportar, sin embargo, las crecientes filas de americanos que se creen con derecho a beneficios del gobierno por los que no pagan nada en  impuestos o muy poco? ¿Son los americanos completamente indiferentes a los muchos ejemplos de experimentos en gobierno republicano de la historia que acabaron colapsando bajo el peso de este tipo de población? ¿Están los americanos cerca a un punto de inflexión de la naturaleza de su gobierno y de los principios que lo vinculan a la vida civil? Una lectura imparcial de estas tendencias y de los datos que figuran en este Índice lleva casi inevitablemente a la idea de que, sí, los americanos han alcanzado ese punto.

 

William W. Beach es director del  Centro de Análisis de Datos de la Fundación Heritage. Patrick D. Tyrrell es coordinador de investigación en el Centro de Análisis de Datos de la Fundación Heritage. Los expertos en política pública de la Fundación Heritage David C. John, Lindsey Burke, Brian Blase, Christine C. Kim, Brian M. Riedl, y Ronald D. Utt contribuyeron de forma significativa a la elaboración de este Índice.  
 La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.
Referencias
[1] Los datos del IRS están en “Individual Income Tax Returns“, Publicación 1304, 2008 y 1984, Tabla 1.4; cálculos de la Fundación Heritage.
[2] Medicaid también provee servicios médicos a familias de bajos ingresos y no jubilados.
[3] Este total refleja la deuda relacionada con todas las obligaciones contraídas por el gobierno federal, que incluyen, pero no se limitan a, los tres derechos a beneficios: Seguro Social, Medicare y Medicaid.
[4] Los datos del IRS están en “Individual Income Tax Returns“, Publicación 1304, 1962-2008, Tabla 1.4 y otras tablas enumeradas de aquellos años; cálculos de la Fundación Heritage.
[5] Las sociedades de ayuda mutua están compuestas por personas que se comprometen a ayudarse mutuamente ante obstáculos financieros, laborales y médicos, estableciendo seguros mutualistas de bajo costo. Hoy en día, existen muy pocas sociedades de ayuda mutua en Estados Unidos. Tal vez la más conocida es la Security Benefit Association en Topeka, Kansas. Véase David Beito, From Mutual Aid to the Welfare State: Fraternal Societies and Social Services, 1890–1967 (Chapel Hill, Carolina del Norte: University of North Carolina Press, 2000).
[6] Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Tablas históricas: Presupuesto del Gobierno de Estados Unidos, Ejercicio fiscal 2011, en http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy11/pdf/hist.pdfusbudget/fy11/pdf/hist.pdf (24 septiembre 2010).
[7] La ​​exclusión en el Índice de la educación primaria y secundaria refleja la determinación del CDA que cuando se trata de escuelas primarias y secundarias, la ayuda históricamente proporcionada por el gobierno probablemente no ha desplazado la ayuda que generalmente prestaba la sociedad civil. Sin embargo, la ayuda con fondos federales y la ayuda financiera garantizada para la educación post-secundaria sí compite con la asistencia financiera privada.
[8] Esta sección fue escrita por Ronald D. Utt, Herbert y Joyce Morgan del Instituto de Estudios de Política Económica Thomas A. Roe de la Fundación Heritage.
[9] “Gasto del HUD ajustado a la inflación” significa que el crecimiento en el gasto se debe únicamente a que se ha restado la inflación de las cantidades mencionadas en esta sección.
[10] Esta sección fue escrita por Brian Blase, analista de Política en el Centro de Estudios de Política de Salud de la Fundación Heritage.
[11] Oficina del Censo de Estados Unidos, “Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2008“, septiembre de 2009, en http://www.census.gov/prod/2009pubs/p60-236.pdf (24 septiembre 2010).
[12] Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS), “2010 Annual Report of the Boards of Trustees of the Federal Hospital Insurance and Federal Supplementary Medical Insurance Trust Funds“, en https://www.cms.gov/ReportsTrustFunds/downloads/tr2010.pdf (24  septiembre 2010), y CMS, “Medicare Enrollment: National Trends, 1966–2008“, en http://www.cms.gov/MedicareEnRpts/Downloads/HISMI08.pdf (24 septiembre 2010).
[13] Comité Económico Conjunto, Congreso de Estados Unidos, “Medicare Beneficiaries’ Link to Drug Coverage“, 10 de abril de 2003.
[14] Frank R. Lichtenberg y Shawn X. Sun, “The Impact of Medicare Part D on Prescription Drug Use by the Elderly“, Health Affairs, Vol. 26, Nº 6 (2007), p. 1735-1744.
[15] Comisión Kaiser sobre Medicaid y los no asegurados, “Medicaid Enrollment: June 2009 Data Snapshot“, febrero de 2010, en http://www.kff.org/medicaid/upload/8050.pdf (24 septiembre 2010).
[16] Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS), “National Health Expendi­ture Projections 2009–2019”, resumen de la proyección y tablas seleccionadas, en http://www.cms.gov/NationalHealthExpendData/downloads/proj2009.pdf (24 septiembre 2010).
[17] El Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños (SCHIP) fue promulgado en 1997 para proporcionar ayuda federal a los estados para proveer seguro de salud infantil a niños no asegurados en familias trabajadoras de bajos ingresos y cuyos padres no tienen ingresos lo suficientemente bajos para usar la cobertura de Medicaid. El nombre ha sido posteriormente modificado, suprimiendo la palabra “estatal”.
[18] Oficina de Presupuesto del Congreso, “The State Children’s Health Insurance Program“, mayo de 2007, p. 12, en http://www.cbo.gov/ftpdocs/80xx/doc8092/05-10-SCHIP.pdf (24 septiembre 2010).
[19] Oficina de Presupuesto del Congreso, “H.R. 4872, Ley de Reconciliación de 2010″, 18 de marzo de 2010, en http://www.cbo.gov/doc.cfm?index=11355 (24 septiembre 2010).
[20] M. Andrea Sisko et al.,“National Health Spending Projections: The Estimated Impact of Reform Through 2019”, Health Affairs, Vol. 29, Nº 10 (2010), en http://content.healthaffairs.org/cgi/reprint/hlthaff.2010.0788v1 (4 octubre 2010).
[21] Oficina de Presupuesto del Congreso, “The Long-Term Budget Outlook“, junio de 2009, p. 6, en http://www.cbo.gov/ftpdocs/102xx/doc10297/06-25-LTBO.pdf (24  septiembre 2010). Véase también, Oficina de Presupuesto del Congreso, “The Budget and Economic Outlook: An Update“, agosto de 2009, en http://www.cbo.gov/ftpdocs/105xx/doc10521/08-25-BudgetUpdate.pdf (24 septiembre 2010) .
[22] Esta sección fue escrita por Christine Kim, analista de Política en el Departamento de Estudios de Politica Doméstica de la Fundación Heritage.
[23] Investigación original de la Fundación Heritage por Christine Kim y Robert Rector, “Welfare Reform Turns Ten: Evidence Shows Reduced Dependence, Poverty” WebMemo Nº 1183 de la Fundación Heritage, 1 de agosto de 2006, http://www.heritage.org/Research/Reports/2006/08/Welfare-Reform-Turns-Ten-Evidence-Shows-Reduced-Dependence-Poverty.
[24] En la primera sección de PRWORA, el Congreso establece lo siguiente: (1) “El matrimonio es la base de una sociedad exitosa” y (2) “El matrimonio es una institución esencial de una sociedad exitosa que promueve los intereses de los niños”. El Congreso declara a continuación que el “aumento en el número de niños que reciben asistencia pública está estrechamente relacionado con el aumento de los nacimientos en mujeres solteras. Entre 1970 y 1991, el porcentaje de niños nacidos vivos a mujeres solteras casi se triplicó, pasando del 10.7% al 29.5%. “Ley Pública 104-193, § 101.
[25] Robert Rector, “Married Fathers: America’s Greatest Weapon Against Poverty” WebMemo Nº 2934 de la Fundación Heritage, 16 de junio de 2010, en http://www.heritage.org/Research/Reports/2010/06/Married-Fathers-Americas-Greatest-Weapon-Against-Child-Poverty; y Patrick F. Fagan, Robert E. Rector, Kirk A. Johnson y America Peterson, The Positive Fundación (Washington, D.C.: fhe Heritage Foundation, 2002), en http://thf_media.s3.amazonaws.com/2002/pdf/positive_effects_of_marriage.pdf
[26] E. Brady Hamilton, Joyce A. Martin, y Stephanie J. Ventura, “Births: Preliminary Data for 2008“, National Vital Statistical Reports, Vol. 58, Nº 16, 6 de abril de 2010, en http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr58/nvsr58_16.pdf (24 septiembre 2010).
[27] Stephanie J. Ventura, “Changing Patterns of Nonmarital Childbearing in the United States“, National Center for Health Statistics Data Brief No. 18, mayo de 2009, en http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/ db18.htm (24 septiembre 2010).
[28] Sara McLanahan et al., “The Fragile Families and Child Wellbeing Study: Baseline National Report “. Marzo de 2003, en http://www.fragilefamilies.princeton.edu/documents/nationalreport.pdf (24  septiembre 2010) .
[29] Katherine Bradley y Robert Rector, “How President Obama’s Budget Will Demolish Welfare Reform” WebMemo Nº 2819 de la Fundación Heritage, 25 de febrero de 2010, en http://www.heritage.org/Research/Reports/2010/02/How-President-Obamas-Budget-Will-Demolish-Welfare-Reform.
[30] Robert Rector, “Means-Tested Welfare Spending: Past and Future Growth“, Testimonio de la Fundación Heritage , 7 de marzo de 2001, en http://www.heritage.org/Research/Welfare/Test030701b.cfm.
[31] Katherine Bradley y Robert Rector, “Confronting the Unsustainable Growth of Welfare Entitlements: Principles of Reform and the Next Steps” Trasfondo Nº 2427 de la Fundación Heritage, 24 de junio de 2010, en http://www.heritage.org/Research/Reports/2010/06/Confronting-the-Unsustainable-Growth-of-Welfare-Entitlements-Principles-of-Reform-and-the-Next-StepsResearch/Reports/2010/06/Confronting-the-Unsustainable-Growth-of-Welfare-Entitlements-Principles-of-Reform-and-the-Next-Steps.
[32] Ibid.
[33] Esta sección fue preparada por David C. John, invetigador sénior especializado en Seguridad para la Jubilación e Instituciones Financieras del Instituto de Estudios de Política Económica Thomas A. Roe de la Fundación Heritage.
[34] El Seguro Social también tiene un programa de discapacidad fiananciado separadamente y que está fuera del alcance de este debate.
[35] Esta sección fue escrita por Lindsey Burke, analista de Política Educativa en el Departamento de Estudios de Política Doméstica de la Fundación Heritage.
[36] College Board, “Trends in Student Aid: 2009”, en http://www.trends-collegeboard.com/student_aid/pdf/2009_Trends_Student_Aid.pdf (24  septiembre 2010).
[37] Ibid., P. 6.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Departamento de Educación de Estados Unidos, “Ley de Recuperación y Reinversión (ARRA)”, 7 de mayo 2009, en http://www2.ed.gov/about/overview/budget/budget10/summary/appendix1.pdf (24 septiembre 2010) .
[41] “Comentarios: Obama en la Universidad Carnegie Mellon 2 de junio de 2010″, Time: The Page, en http://thepage.time.com/remarks-obama-at-carnegie-mellon-university-june-2-2010 / (24 septiembre 2010).
[42] Departamento de Educación de Estados Unidos, “Summary of Discretionary Funds, FY 2011 Request, 21 de enero de 2010, en http://www2.ed.gov/about/overview/budget/budget11/summary/appendix1.pdf (24 septiembre 2010).
[43] Departamento de Educación de Estados Unidos, “Fiscal Year 2011 Budget Summary–February 1, 2010“, en http://www2.ed.gov/about/overview/budget/budget11/summary/edlite-section1.html (24 septiembre 2010).
[44] Ibid.
[45] Mike Allen, “President Obama, Vice President Biden Unveil Middle-Class Agenda“, Politico, 25 de enero de 2010, en http://www.politico.com/news/stories/0110/31951_Page3.html (24 septiembre 2010).
[46] College Board, “Trends in College Pricing: 2009″, en http://www.trends-collegeboard.com/college_pricing/pdf/2009_Trends_College_Pricing.pdf (24 septiembre 2010).
[47] Dan Lips, “Ways to Make Higher Education More Affordable” WebMemo Nº 2785 de la Fundación Heritage, 29 de enero de 2010, en http://www.heritage.org/Research/Lecture/The-Real-Costs-of-Federal-Aid-to-Higher-Education.
[48] ​​Richard Vedder, “The Real Costs of Federal Aid to Higher Education“, Conferencia Nº 984 de la Fundación Heritage, 12 de enero de 2007, en http://www.heritage.org/Research/Lecture/The-Real-Costs-of-Federal-Aid-to-Higher-Education.
[49] Ibid.
[50] Ibid.
[51] Esta sección fue escrita por Brian M. Riedl, adscrito a la donación  Grover M. Hermann para Asuntos Presupuestarios Federales en el Instituto de Estudios de Política Económica Thomas A. Roe de la Fundación Heritage.
[52] Para más información sobre los subsidios agrícolas, véase Brian M. Riedl, How Farm Subsidies Harm Taxpayers, Consumers, and Farmers, Too”, Trasfondo Nº 2043 de la Fundación Heritage, 20 de junio de 2007, en http://www.heritage .org/Research/Agriculture/bg2043.cfm.
[53] Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Servicio de Investigación Económica, “Farm Household Economics and Well-Being: Assets, Debt, and Wealth“, Tabla 10, 31 de agosto de 2010, en http://www.ers.usda.gov/briefing/wellbeing/farmnetworth.htm (24 septiembre 2010).
[54] Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Servicio de Investigación Económica, “Farm Household Economics and Well-Being: Farm Household Income”, 31 de agosto de 2010, en http://www.ers.usda.gov/briefing/wellbeing/farmhouseincome.htm (5 octubre 2010).
[55] James Bovard, “The 1995 Farm Follies“, Regulation, Vol. 18, Nº 3 (Verano 1995), en http://www.cato.org/pubs/regulation/regv18n3/reg18n3-bovard.html (5 octubre 2010).
[56] Título 7 Código de Estados Unidos § 7201.
[57] Brian M. Riedl, “Seven Reasons to Veto the Farm Bill“, Trasfondo Nº  2134 de la Fundación Heritage, 12 de mayo de 2008, en http://www.heritage.org/research/agriculture/bg2134.cfm.
[58] Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Tablas históricas: Presupuesto del Gobierno de Estados Unidos, Ejercicio Fiscal 2011, en http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy11/pdf/hist.pdf/usbudget/fy11/pdf/hist.pdf (24 septiembre 2010).
[59] Véase, por ejemplo, John Micklethwait y Adrian Wooldridge, The Right Nation: Conservative Power in America (Nueva York: The Penguin Press, 2004), p. 64-93.
[60] Por historias de esta preocupación republicana, véase Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967) y Gordon S. Wood, The Creation of the American Republic, 1776–1787 (Chapel Hill, Carolina del Norte: University of North Carolina Press, 1969).
[61] Oficina de Estadísticas Laborales, Current Population Survey, Household Data, Annual Averages, “Employment Status of the Civilian Noninstitutional Population, 1940 to Date [2009]”, en http://www.bls.gov/cps/cpsaat1.pdf (4 octubre 2010).

 

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