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Compañeros conservadores:
Anoche, la Cámara de Representantes, la Cámara legislativa del Congreso más cercana a la opinión pública americana, votó a favor de derogar Obamacare – la cada vez más impopular ley que desembocó directamente en el cambio del control del Congreso hace menos de tres meses.
Muchos le dirán que el voto bipartito de ayer, de 245 a 189, no ha servido para nada, que fue una medida vacua, simbólica. Los progresistas en el Congreso, la Casa Blanca y su caja de resonancia en los medios de comunicación, todos insisten que “esta medida no irá más allá”, según ha informado, como era de esperar, la Radio Nacional Pública (NPR).
No se crea eso ni por un solo minuto. El voto de anoche era un importante paso en el proceso democrático de proteger y conservar nuestras libertades constitucionales.
Cada vez queda más claro que nuestro país ha llegado a un momento crucial – quizá el momento crucial – de su historia. Juntos nos enfrentamos a una alternativa entre dos futuros.
Uno es un futuro colectivista donde el gobierno federal reclama una parte cada vez más grande nuestros ingresos y se autoconcede la autoridad para tomar decisiones que afectan virtualmente cada aspecto de nuestra vida diaria. El otro futuro se fundamenta sobre la idea de que la libertad individual está por encima de la autoridad gubernamental, y que en esos raros casos en los que solucionar un problema requiere del gobierno, el gobierno que gobierna mejor es el más pequeño y cercano al pueblo. Ese es el futuro que debemos buscar – reafirmando nuestra libertad individual, fortaleciendo los mercados privados, reduciendo el tamaño de los gobiernos y tomando decisiones a nivel local cada vez que sea posible en lugar de que sea en Washington.
Ningún asunto ha irrumpido en el debate más dramáticamente que Obamacare, la ley de salud del presidente, así como qué hacer al respecto. No es solamente un tema que abarca la atención médica. Esa ley redefine nuestra interpretación de siglos sobre el alcance de la autoridad federal; de hecho, si en primer lugar hay algún límite a la capacidad del gobierno de inmiscuirse en el quehacer de personas, familias, propietarios de negocios, médicos, otros profesionales de la salud, gobiernos estatales y locales.
Poco o nada se permitirá fuera del nuevo marco regulador: No habrá ningún programa estatal alternativo, ninguna persona particular o empresa podrá elegir no participar, no habrá ninguna verdadera alternativa del mercado privado.
El debate se reduce a una gran pregunta: ¿Nos autogobernamos o dejamos que burócratas no elegidos en las urnas nos gobiernen?
Detrás de esta pregunta hay muchas otras más específicas sobre la atención médica:
- ¿Debería el gobierno federal controlar el sector salud de Estados Unidos que equivale a $2.5 billones, o lo que es decir, toda una sexta parte de nuestra economía?
- ¿Deberían los burócratas del gobierno decidir qué forma de cobertura médica es “aceptable”?
- ¿Se debería dar a estos burócratas la autoridad legal para exigir que todos los americanos compren planes de la salud diseñados por el gobierno y poner multas a los que no obedezcan?
- ¿Debería el gobierno federal exigirle a los 50 estados que dediquen sus escasos recursos para que se creen sistemas especializados de seguro médico diseñados a nivel federal – sistemas que los legisladores de los estados podrían considerar inadecuados para cubrir las necesidades únicas de los residentes de sus estados?
- ¿Debería el gobierno federal ampliar el programa Medicaid de forma tan dramática que los estados se vean ante una decisión extremadamente difícil – o bien aportar miles de millones en nuevos compromisos fiscales (encima del ya insostenible lío presupuestario) o retirarse por completo del programa?
- ¿Y qué decir sobre los empleadores que quieran continuar cubriendo a sus empleados con un seguro médico y resulte que los burócratas federales consideren que la cobertura que los empleadores pueden permitirse pagar no es lo suficientemente generosa?
Estas son solamente algunas de las inquietudes más obvias que provocó la ley el año pasado.
Pero Ud. se preguntará, ¿y qué viene después?
En primer lugar, le corresponde al líder de la mayoría del Senado, Harry Reid (D-NV), permitir un voto en esa Cámara. . Una mayoría bipartita acaba de revocar la más ambiciosa expansión del gobierno federal en muchas décadas a raíz de una gran revolcón electoral para su partido. Si Reid impidiese que se celebrara ese voto sería burlarse de la voluntad del pueblo americano. Se deberá permitir que los senadores voten sobre este asunto en caso de que la legislación derogatoria pudiera acabar en el escritorio del presidente para su consideración.
Mientras tanto, Ernest Istook, distinguido miembro investigador de la Fundación Heritage y miembro del Comité de Presupuestos del Congreso durante 14 años, así como Brian Darling, director de Relaciones Gubernamentales, dicen que es vital tener una estrategia gradual.
Para comenzar con la derogación de facto de Obamacare, los legisladores deberían centrarse en desmantelar las estipulaciones clave que forman la base misma de la arquitectura de la ley. Eso significa, por ejemplo, ir contra los pilares que sostienen la ley, usando una variedad de medios como el privar de fondos sus aspectos básicos, ejerciendo un enérgico control de las consecuencias de la ley y promulgando detectores legislativos que retrasen o bloqueen su puesta en marcha. Todos estos planteamientos contribuirán a la implosión de Obamacare.
Mientras que se esté dando este debate nacional tan importante, la Cámara de Representantes puede pasar a privar de fondos las provisiones de Obamacare, sea a través de un paquete de rescisiones o clausulas adicionales de fondos. El Congreso no está obligado a suministrar fondos para esta ley o para la infinidad de nuevos programas que generó la ley. Como cualquier programa federal, el Congreso actual puede ajustar – y hasta dejar en cero – el nivel de financiación para la puesta en práctica de Obamacare. Las disposiciones especiales de la ley de salud complicarán el proceso, pero lo apropiado de la medida de privarla de fondos es indiscutible. Según lo observado por el Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS): “El Congreso no tiene la obligación de proveer de fondos a cada agencia o propósito autorizado por la ley”.
Privar a Obamacare de fondos es un uso legítimo del poder de financiación que los Fundadores concedieron sabiamente al Congreso. No será fácil. Obamacare fue diseñado para ser el equivalente gubernamental de la hierba mala – crecer por todas partes. Sin embargo, Obamacare no es un hecho consumado, no importa lo que la izquierda le ande diciendo.
Después de que una clara revocación, podemos pasar al debate y hablar sobre qué buenas ideas para el futuro se pueden aplicar en el terreno de la atención médica, como la experta de la Fundación Heritage Nina Owcharenko propone en su informe “Derogar Obamacare y acertar con el sistema de salud”.
La Cámara de Representantes actuó sabiamente anoche. Ahora se abre nuevamente el debate. Es un debate nacional que debemos tener y debemos tenerlo ahora. No escuche a los que quieren acabar con el debate o cerrar el controvertido tema. No hay nada incivil en tratar de defender sus libertades. No es momento, como diría Thomas Paine, para el soldado de verano y el patriota de los días soleados.
Ninguno de nuestros trabajos sobre Obamacare sería posible sin la ayuda dedicada de nuestros 710,000 miembros a lo largo y ancho del país. Únase a nuestra causa mientras mantenemos el empuje hasta lograr la derogación.
Atentamente,
Edwin J. Feulner
Presidente
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