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¿Recuerdan cuando la entonces presidenta de la Cámara Nancy Pelosi (D-CA) dijo sobre Obamacare que el Congreso tendría que aprobar el proyecto de ley para que se pudiese descubrir lo que había en él? El senador Tom Harkin (D-IA) está haciendo lo mismo con su intento de modernizar la educación en Estados Unidos. Y lo mismo que la estrategia de Pelosi fue una terrible idea para el sistema de salud, también es la forma equivocada de actuar en materia de educación.

El Senado empezará hoy a valorar la propuesta de 860 páginas presentada por Harkin para reescribir la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). El proyecto equivale a añadir más regulaciones y más burocracia a los distritos escolares locales, manteniendo el statu quo de la reforma educativa dictada desde Washington. Y el problema es que el Senado no ha tenido tiempo para examinar en detalle la legislación que se propone, no digamos ya para oír las voces de aquellos a los que busca controlar. En una entrevista exclusiva  para la Fundación Heritage y realizada ayer, el senador Rand Paul (R-KY) explicó su frustración con el proceso:

 

El proyecto consta de 868 páginas y lo recibimos ayer; he hablado hoy con los miembros del comité y les dije que esta no es la forma en que debería funcionar el gobierno. Creía que tendríamos audiencias. Hemos tenido cero audiencias para la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás. Pensé que tendríamos varias audiencias de importancia… Traigan a los maestros, traigan a los superintendentes, traigan a los directores de colegio y averigüemos más sobre esta ley. No hemos tenido nada de esto y creo que el proceso está corrompido.

 

¿La solución de Paul al problema? Ha prometido presentar cien enmiendas, incluyendo la total derogación de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB), para frenar al comité y forzarlo a tomarse un tiempo para considerar todo lo que está en la propuesta de Harkin.

Y hay un buen motivo para eso. El imperioso enfoque piramidal que tiene el gobierno federal para la educación no ha producido buenos resultados, según indica Lindsey Burke, de Heritage:

Se trata de la novena vez  desde la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 y ninguna vez se ha visto coronada con el éxito. La NCLB, la más reciente reautorización legislativa de la ESEA, ha dejado a los distritos escolares locales clamando por tener más libertad frente a la burocracia federal y por que se les devuelva la autoridad para tomar decisiones educativas.

Burke afirma que entre las propuestas está la codificación en ley de las prioridades educativas de la administración Obama, tales como la “distribución equitativa” de profesores efectivos entre escuelas y reemplazar los existentes estándares federales con exigencias de que los estados demuestren que tienen estándares “de nivel universitario y listos para una carrera profesional” (dando así más control a Washington sobre el contenido que se enseña en las escuelas locales). Entre tanto, cualquier estado que quiera recibir dinero cubierto por el Título I de la ley —la mayor fuente de financiación federal para la educación K-12— tendrá que aceptar el nuevo régimen de Estándares Centrales Comunes establecidos por la administración Obama.

Que haya más implicación federal en la educación no es la manera de ayudar a los estudiantes americanos a alcanzar el éxito. No ha funcionado en el pasado y no hay razón para creer que funcionará si se intenta otra vez. Mientras tanto, forzar la aprobación de un proyecto de ley de 860 páginas que se redactó a puerta cerrada no es la manera de reformar la educación con transparencia. Burke dice que hay una forma mejor:

En vez, y citando a Reagan, de otro “despilfarro burocrático” de 860 páginas, los políticos deberían trabajar para reducir la impronta federal en la educación. Una buena propuesta permitiría a los estados optar por abandonar completamente Que Ningún Niño Se Quede Atrás. Una buena propuesta permitiría a los estados que gasten los dólares de educación de forma que se satisfagan las necesidades de los estudiantes y permitan a los estados promulgar opciones escolares para las familias. Pero Washington no ha aprendido la lección después de más de cuatro décadas de fracaso federal en el ámbito educativo. Porque lo que estamos viendo ahora es sólo un intento del Gran Gobierno para apuntalar el fallido statu quo.

 

Desacelerar el proceso legislativo y tomar en consideración todas las ramificaciones de la propuesta de Harkin es un buen primer paso. Pero el siguiente paso debería ser que el Congreso permita a los estados que tomen sus propias decisiones sobre cómo utilizar mejor su dinero para satisfacer sus necesidades.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.