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El retroceso de dos siglos de libertad religiosa

 

 

Desde 1791, cuando la Carta de Derechos fue adoptada de manera formal, América ha disfrutado de protección legal para la libertad religiosa, consagrada en la Constitución de Estados Unidos. Hoy, 221 años más tarde, siglos de progreso en la protección de las libertades, entre ellas la religiosa y otras, están en riesgo de ser replegadas de un solo golpe. El culpable: Obamacare.

Como todos sabemos, la ley de salud del presidente Obama obligará a que hospitales religiosos, organizaciones benéficas y escuelas abandonen los principios de su fe y proporcionen a sus empleados cobertura de seguros para medicamentos abortivos, contracepción y esterilización. Este mandato anticonciencia es sólo el más reciente asalto contra la libertad al que Obamacare ha dado pie. Su onda expansiva está reverberando por todo el país, despertando a los americanos con el hecho de que nuestra primera libertad (la libertad religiosa) será la primera en caer ahora que el gobierno federal tiene un control sin restricciones sobre el sistema de asistencia médica del país.

Hay quienes en el Congreso están tomando iniciativas para combatir las arremetidas de Obamacare. Hoy, el Senado va a considerar una enmienda introducida por el senador Roy Blunt (republicano por Misuri) y copatrocinada por Marco Rubio (republicano por la Florida) que anularía el mandato anticonciencia de Obamacare, al permitir a las instituciones religiosas que mantengan su fe y provean de cobertura para la asistencia médica a sus empleados. Tan importante es esta enmienda que la organización hermana de la Fundación Heritage, Acción por América de Heritage, ha decidido llamar a votación esta medida, expresando que ha identificado la votación como fundamental.

Por supuesto, la importancia de este momento se ha perdido con el jefe de la mayoría en el Senado, Harry Reid (demócrata por Nevada), quien ridiculizó la iniciativa de proteger la garantía de la Primera Enmienda del libre ejercicio de la religión. Ayer dijo: “Es difícil comprender por qué mis colegas republicanos piensen que este tema merezca ser debatido en primer lugar”. Mientras tanto, las preferencias de los senadores Barbara Boxer (demócrata por California) y Al Franken (demócrata por Minesota) han tratado de pintar la Enmienda Blunt como un ataque contra las mujeres y la salud de estas, ignorando deliberadamente los derechos de cientos de millones de americanos a practicar la religión sin interferencias del gobierno, un derecho tan fundamental para la naturaleza humana que los Padres Fundadores lo pusieron en la Primera Enmienda.

Los progresistas de la Casa Blanca también han intentado distorsionar el asunto y adaptarlo como una cuestión de salud de las mujeres, no de libertad religiosa. Esta semana, el Comité de Política y Dirección Democrática de la Casa Blanca dio la bienvenida a la estudiante de derecho de Georgetown y “activista de los derechos reproductivos”, Sandra Fluke, para compartir su dramática historia, contando al Congreso que sus coetáneas se arruinan comprando métodos anticonceptivos, a pesar de ingeniárselas para conseguir $46,000 al año para la matrícula en una preeminente escuela de derecho del país.

Aclaremos esto una vez más: el asunto no está en torno al control de natalidad, está en torno al poder del gobierno federal para obligar a instituciones religiosas como la Universidad de Georgetown a doblegar su voluntad y tomar iniciativas que están fundamentalmente en desacuerdo con sus valores centrales. Los grupos religiosos se enfrentan a una elección insostenible: violar la conciencia o quitar las coberturas y afrontar las penalizaciones por hacerlo. Eso es por lo que tantos americanos (hombres y mujeres por igual) están hablando claro contra el mandato anticonciencia y su sanción a la fe.

El lunes, en la Fundación Heritage, un grupo de mujeres con diversas hojas de vida se reunió para dar voz a su oposición a las iniciativas de la administración. Una de esas mujeres, Lori Windham, abogada titular de la Fundación Becket para la Libertad Religiosa, afirmó: “Tenemos una Constitución que protege la libertad religiosa de estas organizaciones. Protege la libertad religiosa de las mujeres y los hombres de estas organizaciones y ellos solamente están pidiendo que puedan continuar disfrutando de esa libertad religiosa. Este mandato daña a las organizaciones religiosas. Daña al pueblo al que sirven. Es inconstitucional”.

El martes, el Comité Judicial de la Casa Blanca también oyó el testimonio sobre el impacto del mandato, con la abogada de Becket, Asma Uddin, explicando que:

 

“Como mujer americana, musulmana y académica, he pasado mi carrera luchando por los derechos de las mujeres y de las minorías, y el hecho de que deba estar hoy aquí para explicar por qué nuestros derechos constitucionales existen es extremadamente ofensivo para mí en lo personal…También las mujeres buscan la libertad para vivir de acuerdo con sus creencias religiosas, sostenidas con sinceridad. La libertad religiosa es un derecho disfrutado por todos, y es del interés tanto de las mujeres como de los hombres proteger ese derecho.”

 

Más allá de la libertad religiosa, Obamacare asesta otro golpe inconstitucional contra la libertad en América con su inconstitucional mandato individual de adquirir seguros de salud. Una sentencia sobre esto aguarda a la iniciativa de la Corte Suprema. Juntos, los dos dictados (y los otros que han de continuar bajo Obamacare) deberían ser una señal para los americanos de que el gobierno federal está llegando a un punto de no retorno más allá del cual los individuos “estarán sujetos a la voluntad del Estado”. Una vez que esta puerta sea derribada, los derechos que la Constitución protege se sellarán con un asterisco que advierta: “sujeto a la voluntad del gobierno federal”. Hasta aquí ha llevado Obamacare al nuestro país. Hoy, el Congreso debería tomar medidas para salvaguardar la primerísima de esas protecciones constitucionales y luego debería trabajar para derogar Obamacare.

 

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.

 

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