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EL PROBLEMA:
Los Fundadores imaginaron el poder judicial como “la rama menos peligrosa” del gobierno, pero los jueces activistas han transformado las cortes de justicia en órganos de diseño de acción política que ejercen un amplísimo poder sobre prácticamente todos los aspectos de la vida americana. En vez de cumplir su deber de interpretar la Constitución y las leyes tal y como están escritas, los jueces intentan, de forma creciente, imponer sus preferencias políticas a la nación. Ejemplos recientes incluyen a un juez federal que se apoya en decretos administrativos en vez de en la ley federal para anular una ley de Arizona que simplemente hace cumplir leyes de inmigración que ya están en los códigos y a otro juez federal en California que crea un derecho constitucional, hasta ahora desconocido, al matrimonio homosexual.
Para reinstaurar el imperio de la ley en América, los cargos elegidos en las urnas, expertos legales y ciudadanos preocupados ante esta situación deben oponerse al activismo judicial y animar al presidente a nominar jueces constitucionalistas.
LOS HECHOS:
- El actual delicado equilibrio en la Corte Suprema. Solo cuatro de los actuales nueve magistrados han demostrado que son habitualmente fieles y congruentes constitucionalistas. Los otros son o activistas progres hasta la médula o inconsistentes en su enfoque. El presidente Barack Obama tendrá probablemente un nominado más a la Corte Suprema y unos 50–60 puestos más en circuitos federales.
- Decisiones fundamentales decididas por la mínima. Aproximadamente un quinto de los casos de este año judicial en la Corte Suprema se decidieron en una votación de 5 contra 4, como el caso McDonald v. Chicago, que confirmó apropiadamente que la Segunda Enmienda protege los derechos de los ciudadanos a sus armas en los estados y Christian Legal Society v. Martinez, que sostuvo incorrectamente que una facultad de derecho puede hacer cumplir políticas que infringen los derechos de la Primera Enmienda de un grupo religioso a la libre expresión y asociación.
- Importar derecho extranjero. Incapaces de justificar sus resultados deseados con la ley de Estados Unidos, varios magistrados han recurrido a citar el derecho foráneo para interpretar nuestra Constitución y las leyes. Al menos tres de los actuales magistrados han promocionado públicamente esta práctica y la más recientemente confirmada en el cargo, Elena Kagan, ha respaldado que se contemple el derecho extranjero.
- El “estándar de la empatía”. El presidente Obama ha dicho que un criterio esencial para sus nominados judiciales es si tienen empatía personal por ciertas partes en los procesos: “Necesitamos alguien que tenga el corazón, la empatía, para darse cuenta de lo que es ser una madre adolescente. La empatía para comprender lo que es ser pobre, afro-americano, gay, discapacitado o anciano”.
- Los americanos quieren jueces constitucionalistas. En una encuesta de 800 votantes reales que hizo la firma Polling Company para la Sociedad Federalista, el 70% de los votantes encuestados prefieren magistrados de la Corte Suprema y otros jueces federales que “intrepeten y apliquen la ley como está redactada y que no tengan en cuenta sus propios puntos de vista y experiencias”.
LAS SOLUCIONES:
- Promover un serio diálogo sobre la importancia de tener jueces constitucionalistas en el estrado. Los miembros del Congreso deberían intentar educar al pueblo americano sobre la amenaza del activismo judicial y comprometerse a la promoción del nombramiento — o en los estados, donde sea aplicable, la elección — de jueces constitucionalistas.
- Los senadores deberían interrogar vehementemente a los nominados judiciales acerca de su filosofía judicial. Los senadores tienen el deber de evaluar si un nominado interpretará fidedignamente el significado original de la Constitución y las leyes. Deberían preguntarles si interpretarán la Constitución según su sentido original o de acuerdo a su propia opinión de “estándares en evolución” influidos por el derecho foráneo.
- Rechazar a jueces activistas. Si hay pruebas de que un nominado judicial no puede cumplir legítimamente con su juramento de impartir justicia de forma imparcial, sin tener en cuenta qué partes acuden a su corte — esto es, si decidirá los casos basándose en la empatía más que en la ley — entonces los senadores deberían rechazar al candidato propuesto. Los senadores deberán recordar que también ellos han jurado cumplir y proteger la Constitución.
