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Este miércoles, el fiscal general Eric Holder envió su propia versión de una carta “Querido John” al presidente de la Cámara de Representantes John Boehner, informándole de que el Departamento de Justicia del presidente Barack Obama no seguirá defendiendo la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) en las cortes federales. La carta claramente enuncia que la decisión fue tomada personalmente por el mismo presidente, quien, supuestamente esta misma semana, llegó a la conclusión de que la DOMA viola “el componente de igual protección de la Quinta Enmienda” de la Constitución de Estados Unidos. Este acto puramente partidista es completamente coherente tanto con la politización sin precedentes del Departamento de Justicia como con la encerrona a la democracia del movimiento pro matrimonio homosexual.
La DOMA fue aprobada por abrumadoras mayorías en ambas cámaras del Congreso y el presidente Bill Clinton la firmó en 1996. La DOMA tiene dos disposiciones centrales. La primera define las palabras matrimonio, cónyuge, esposo y esposa, aparezcan donde aparezcan en la compilación de leyes federales conocida como el Código Federal de Estados Unidos. La segunda defiende el derecho de cada estado a que no se le obligue a aceptar una redefinición del matrimonio por un pequeño número de estados como resultado de decisiones judiciales o de leyes. Cerca de 40 estados han promulgado el equivalente de la DOMA en su jurisdicción y 31 han incluido el matrimonio tradicional en sus constituciones estatales. En ningún estado los votantes han decidido lo contrario jamás.
El presidente Obama sabe bien todo esto. También sabe que la lista de fracasos de su administración (desempleo por encima de 8%, Guantánamo abierto todavía, la deuda desbocada, etc.) lo ha debilitado políticamente. Pronunciándose ahora por la idea de que no hay caso racional para la defensa del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, el presidente Obama se hace eco de las alegaciones de los defensores del matrimonio del mismo sexo que han pintado el matrimonio tradicional como irracional e intolerante. Nada podría estar más lejos de la verdad. Como explica el experto de la Fundación Heritage Chuck Donovan, la defensa del matrimonio tradicional no es solo racional sino piedra angular de la sociedad civil:
“El matrimonio es la piedra angular en un arco de valores que forman la constitución de la familia y la fundación de la sociedad civil. Para sus defensores, el matrimonio como institución con un significado pre político, no es una entidad creada por el Estado sino más bien reconocida por el Estado. No se trata de una familia, sino de la conjunción de dos familias cuyo papel engendrando y trayendo hijos al mundo no los hace sólo parte de una comunidad sino los creadores de comunidad. La comunidad que la pareja crea no es de duración limitada sino que existe a través de las generaciones…. Lo que está en juego es toda la labor de la sociedad para asegurarse de que tantos niños como fuere posible sean criados por sus madres y padres”.
No hay mal que por bien no venga y, ante la decisión del presidente de señalar como intolerantes a la abrumadora mayoría de ciudadanos que creen en el matrimonio tradicional, el Congreso tiene ahora la oportunidad de ofrecer una verdadera defensa del matrimonio en las cortes de justicia. Hasta ahora, la engañosa defensa de la DOMA protagonizada por la administración Obama en las cortes federales ha sido calificada, incluso por los partidarios del matrimonio homosexual, como “litigación colusoria”. El Congreso debería defender sus derechos como poder del mismo peso que el poder del Ejecutivo según la Constitución y luchar por el matrimonio.
Esto no significa que el Congreso necesite votar otra vez la DOMA. Sigue siendo la ley vigente. Lo que sí quiere decir es que el Congreso necesita actuar para asegurarse que la DOMA tenga una muy activa y eficaz defensa ante la justicia. Los miembros del Congreso deberían intervenir en el caso para garantizar que la DOMA obtenga la firme defensa que se debe facilitar a todas las leyes federales para las que se pueden ofrecer argumentos razonables — y que el presidente se rehúsa a dar.
