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El presidente Obama y su Departamento de Justicia han decidido abandonar la defensa legal de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) y dejárselo a otros, con lo embarazosa que es esta decisión en el medio del intenso pleito que podría representar para la administración – probablemente es algo bueno para la institución matrimonial. En realidad, no es el momento de dejar el matrimonio a merced de una defensa tan poco entusiasta como la que estaba brindando el Departamento de Justicia de Eric Holder.

El matrimonio es la piedra angular en un arco de valores que forman la constitución de la familia y la fundación de la sociedad civil. Para sus defensores, el matrimonio como institución con un significado pre político, no es una entidad creada por el Estado sino más bien reconocida por el Estado. No se trata de una familia, sino de la conjunción de dos familias cuyo papel engendrando y trayendo hijos al mundo no los hace sólo parte de una comunidad sino los creadores de comunidad. La comunidad que la pareja crea no es de duración limitada sino que existe a través de las generaciones. Por razones de su historia y futuro, los autores escriben libros sobre las raíces familiares y los sitios web ofrecen herramientas para investigar genealogías.

De todas las razones por las que las que el caprichoso enfoque de la administración Obama está mal, ninguna es más preocupante que la creencia, afirmada a la ligera en el comunicado del Procurador General de la República Holder, de que el argumento en favor del matrimonio como un camino a la “responsabilidad procreadora” puede verse “rechazado” y pasado por alto en las cortes de justicia. Las repercusiones que semejante declaración conllevan para asuntos de política pública son inmensas. Lo que está en juego es algo más que un paquete de beneficios gubernamentales; es más que una simple línea en la solicitud de pasaportes. Lo que está en juego es toda la labor de la sociedad para asegurarse de que tantos niños como fuere posible sean criados por sus madres y padres.

Las consecuencias de fracasar en semejante tarea son inmensas y el  Estados Unidos contemporáneo, así como muchos otros países occidentales, están sufriendo directamente esas consecuencias. Los efectos de las familias rotas son estadísticamente significativos de categoría a categoría – crimen juvenil, pobreza infantil, logro educativo y salud mental adulta en la siguiente generación. Para el contribuyente, el costo de la disolución de la familia y, cada vez más, la falta de familias para formar es preocupantemente alto y está en aumento. Por estos motivos sería irracional no privilegiar el matrimonio.

El caso en favor de la DOMA se fundamenta en múltiples argumentos, incluyendo el precedente legal (el caso Baker v. Nelson ) que la administración Obama ha ignorado premeditadamente en su planteamiento hasta el momento de su comunicado. El presidente Obama ha indicado repetidamente que su administración quiere derogar la DOMA. Pues bien. El debate congresional de 1996 sobre la medida fue cuidadoso y decisivo. Lo mismo se puede decir de los casos y las controversias ahora ante las cortes federales en Nueva York y Nueva Inglaterra. Ahora que el presidente Obama se ha quitado la careta y se retira de la lucha, ya puede empezar la verdadera defensa de la DOMA. Es lo mínimo que se merece el pueblo americano.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org