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Considérelo un beneficio complementario ilegal para los inmigrantes ilegales. Hoy, doce estados permiten a personas que están en Estados Unidos de forma irregular que paguen la misma matrícula universitaria de residente que pagan los residentes legales sin proporcionar las mismas ventajas a otros que están en el país legalmente. Y esos estados lo hacen contraviniendo directamente la ley federal.

Nuestros expertos de Heritage, Hans von Spakovsky y Charles Stimson, explican que en 1996 el Congreso aprobó —y el presidente Bill Clinton firmó para promulgar como ley federal— la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante. Según la Sección 1623 de la ley, los centros de enseñanza superior y universidades estatales tienen prohibido conceder matrículas de residente a los extranjeros ilegales “sólo por residir dentro del estado” a no ser que lo mismo se ofrezca a todos los ciudadanos de Estados Unidos.

“Al esquivar las exigencias de la § 1623, estos estados están violando la ley federal y los argumentos legales ofrecidos para justificar tales acciones son insostenibles, no importa qué otros argumentos de política se ofrezcan en su defensa”, según explican von Spakovsky y Stimson. ¿Qué estados están en esa lista? Los violadores incluyen California, Texas, Nueva York, Utah, Washington, Oklahoma, Illinois, Kansas, Nuevo México, Nebraska, Maryland y Connecticut.

A pesar de estas transgresiones, el gobierno federal no hace nada al respecto, todo ello mientras el Departamento de Justicia ha iniciado acciones legales contra Arizona y Alabama por ayudar al cumplimiento de la ley federal de inmigración. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del presidente Obama anunció durante el verano unos estándares más laxos para iniciar y desestimar casos de inmigración.

Además de ir contra la ley, extender matrícula de residente a extranjeros ilegales no es nada popular entre el pueblo americano. Una encuesta de agosto muestra que el 81% de los votantes se oponen a la matrícula de residente para los ilegales — y por buenas razones. Para empezar, el costo de esa política está llevando a la ruina a unas tesorerías ya al límite. En 2005, el costo de la matrícula de residente en California fue de entre $222.6 y $289.3 millones; en Texas se estimó entre unos $80.2 y $104.4 millones. Von Spakovsky y Stimson señalan que esta política también tiene otro serios fallos:

Conceder preferencia financiera a extranjeros ilegales también discrimina contra otros calificados ciudadanos estudiantes de fuera del estado. Además, los estados que ofrecen matrícula de residente a extranjeros ilegales actúan como imán para que más extranjeros ilegales vayan a ese estado. Los argumentos en contrario son poco persuasivos y los hechos no los respaldan.

El asunto fundamental, sin embargo, es la Constitución y el imperio de la ley. Y aunque Estados Unidos da la bienvenida a los inmigrantes, también es un país de leyes y hay límites para los que buscan la ciudadanía. Los estados no pueden dejar de lado esas leyes cuando les convenga, como explican von Spakovsky y Stimson:

Los americanos están orgullosos de su herencia y las generosas políticas del país en lo referente a inmigración legal. Sin embargo, como ciudadanos de una nación soberana, los americanos conservan el derecho de decidir quién y quién no puede entrar a este país — y qué términos deben aceptar inmigrantes y visitantes como condición para residir en Estados Unidos. Como ordena la Constitución de Estados Unidos, el Congreso establece la política inmigratoria de la nación. Los oficiales estatales tienen considerable influencia en el Congreso a la hora de redactar las leyes de inmigración y pueden tomar medidas para ayudar a hacer cumplir la ley federal. Sin embargo, los oficiales estatales no pueden actuar contraviniendo la ley del Congreso.

La Corte Suprema ha sostenido que: “Los estados no tienen poder, ni mediante impuestos ni con otros medios, para retardar, impedir, lastrar, o de cualquier otra forma, controlar las operaciones de las leyes constitucionales promulgadas por el Congreso para ejecutar los poderes conferidos al gobierno general”. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que estos estados están haciendo al ofrecer a extranjeros ilegales la matrícula de residente en violación de la ley federal. Depende ahora del presidente y del procurador general de la República hacer cumplir esa ley y actuar en contra de estos doce estados.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.