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La tasa de desempleo de la nación continúa en el 9.8% y que haya superado el 9% por 19 meses es un máximo histórico que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Barack Obama todavía tiene como tarea pendiente generar esos 7.3 millones de puestos de trabajo que había prometido crear con su fallido paquete de estímulo. El pueblo americano se enfrenta al peligro de la mayor subida de impuestos en la historia de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que tienen programado para votar hoy en el Congreso, el presidente del Senado Harry Reid (D–NV) y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (D–CA)? La amnistía. Más específicamente, la Cámara de Representantes y el Senado votarán la cuarta y quinta versión de la ley DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors: Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros) que permitiría que entre 300,000 y 2.1 millones de inmigrantes ilegales obtengan la residencia legal en Estados Unidos.

Los partidarios de la ley DREAM afirman que brindaría la ciudadanía solamente a aquellos que fueran a la universidad o que sirvieran en las fuerzas armadas. Pero la única exigencia en cualquiera de las versiones de esta ley es que el solicitante curse estudios universitarios durante solo 2 años. Y, si el presidente Obama desea recompensar con la ciudadanía a los no ciudadanos que ingresan en las filas de las fuerzas armadas, él ya tiene la facultad de hacerlo. En virtud del Título 10 del Código de Estados Unidos, Sección 504 (b), el Secretario de Defensa ya está facultado para reclutar a inmigrantes ilegales en las fuerzas armadas si “tal reclutamiento resultara vital para el interés nacional” y Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1440, permite que esos inmigrantes adquieran la nacionalidad americana y que sus solicitudes se procesen con mayor celeridad. El componente militar de la ley DREAM es una mera cortina de humo.

Ninguno de estos proyectos de ley ha pasado por los respectivos comités y solo uno ha sido evaluado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Consiguientemente, están atiborrados de lagunas jurídicas creadas por los defensores de las fronteras abiertas para lograr una amnistía aún mayor.

Uno de los proyectos de ley incluso otorgaría a Janet Napolitano, la Secretaria de Seguridad Interior, la facultad de pasar por alto los requisitos de estudios universitarios y del servicio en las fuerzas armadas si el inmigrante ilegal pudiera demostrar que existen “circunstancias de peso” por las que su deportación crearía dificultades no solamente al inmigrante, sino también para su cónyuge, sus padres o sus hijos.  ¿Exactamente cuándo es que la deportación no causa dificultades? ¿Qué otras lagunas jurídicas se ocultan en estos proyectos de ley? Como la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi diría: “Hay que aprobar esta amnistía para así poder descubrir qué es lo que hay en ella”.

La ley DREAM también incita al fraude. Todos los proyectos de esta ley estipulan que sería ilegal utilizar la información de una solicitud de amnistía para iniciar el procedimiento de deportación contra el solicitante. Los organismos a cargo del cumplimiento de las leyes tendrían que demostrar que toda la información que utilizaran para localizar, detener e intentar deportar a un inmigrante ilegal ya constaba en sus archivos antes de recibir la solicitud o que no se deriva de la solicitud. Si un inmigrante ilegal mintiera sobre su edad para cumplir con los requisitos del programa y nunca se detectara la mentira, recibiría la amnistía. Y si se descubriera la mentira, no tiene nada de qué preocuparse: las autoridades tendrían prohibido usar el argumento de la mentira en contra del solicitante.

El objetivo real de la ley DREAM es dificultar aún más la tarea de los organismos a cargo del cumplimiento de las leyes de inmigración. Pero el Congreso no es el único foro en el que los partidarios de la amnistía están trabajando para socavar el Estado de Derecho hoy en día. Justo enfrente del Capitolio, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene programado escuchar los alegatos acerca del cumplimiento de la ley de inmigración de Arizona. Pero esta audiencia no tratará la controvertida ley SB 1070 que se aprobó hace unos meses. Esta caso, que cuenta con el apoyo de los sospechosos habituales, partidarios de la amnistía (La Raza, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios SEIU, la Cámara de Comercio, etc.), cuestiona la ley de Arizona E-Verify de 2007 que sanciona a los empleadores que no verifican la situación legal de sus empleados. Este cuestionamiento por parte de los defensores de la amnistía hacia las medidas de sentido común sobre el cumplimiento de las leyes inmigratorias debería servir de claro aviso a quienes tengan dudas sobre la ley DREAM: cualquier mecanismo de aplicación de la ley que los partidarios de DREAM acepten hoy será inmediatamente recurrido en los tribunales mañana. La aplicación de la ley es errátil; la amnistía es para siempre.

Nuestro país necesita una reforma inmigratoria. Necesitamos mejores medidas de seguridad fronteriza, mejor aplicación doméstica de la ley y un sistema de naturalización más eficiente. Pero los planes de amnistía como la ley DREAM socavan la verdadera reforma. La ley DREAM fomenta que se ignoren nuestras fronteras, socava el cumplimiento de nuestras leyes en todo el país y deja como tontos a los inmigrantes que juegan limpio y respetan la ley.

Este artículo está disponible en inglés en Heritage.org