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EL PROBLEMA:
La mayoría de los americanos están terriblemente conscientes de los impuestos que pagan, pero los impuestos y el gasto explícitos son solo parte de la carga total que impone el gobierno a los ciudadanos. El resto nos viene en forma de impuestos ocultos que imponen las normas y decretos gubernamentales. 
Estas “tasas reguladoras” no aparecen en presupuesto o cuenta de resultados alguna, pero son muy reales: les suponen a los americanos aproximadamente un billón de dólares o más anualmente y su costo está aumentando. En el año fiscal 2009, las administraciones Bush y Obama adoptaron nuevas normas que costaron más de $13,000 millones anuales, el total más alto desde 1992. Mucho más está en camino. Cualquiera que use electricidad, maneje un auto, tenga un trabajo, visite un médico, posea acciones o sea cliente de un banco se verá afectado por las regulaciones de la administración Obama. Los efectos de tal tsunami regulador podrían ser desastrosos destruyendo empleos, amenazando la supervivencia de las empresas y paralizando nuevas inversiones.
LOS HECHOS:
- Récord del número de páginas de normas. El Código de Reglamentos Federales (CFR), un compendio de todas las normas federales en vigor, alcanzó a un récord de 163,333 páginas en 2009, un aumento de unas 22,000 páginas desde el comienzo de la década. En 2008,el CFR tenía 157,974 páginas, o 16,693 más que desde el comienzo de la administración de George W. Bush.
- Explosión de los presupuestos de las agencias reguladoras. El presupuesto de 2011 del presidente Obama pide unos gastos directos de estas agencias de más de $59,000 millones, un incremento del 4.1% sobre el ejercicio fiscal 2010 y un 8.9% sobre el ejercicio fiscal 2009.
- Avalancha de nuevas normas. Hasta agosto de 2010, la administración Obama ha adoptado unas 25 nuevas normas de gran importancia. Esto es más que el total anual de cualquier año desde 1997.
- Costo de un billón de dólares. Según un estudio de 2005 de la Administración de Pequeños Negocios (SBA), la carga total de la reglamentación federal es de unos $1.1 billones — más de lo que los americanos pagan en impuestos sobre ingresos personales cada año.
- Se crean nuevos regímenes regulatorios de gran importancia. Se nos vienen nuevas amenazas normativas por varios frentes. Dos de las áreas más grandes con mayor aumento fueron el sistema de salud y la reforma financiera, las cuales fueron sujetas a masiva nueva legislación aprobada el año 2010. Otras áreas de preocupación incluyen el uso de energía, que se ve amenazado por la legislación del cambio climático, e Internet, que es objetivo de los intentos reglamentadores de la Comisión Federal de Comunicaciones.
LAS SOLUCIONES:
- Fijar una fecha de expiración para nuevas regulaciones federales. Para impedir que normas obsoletas queden en vigor a perpetuidad, los nuevos reglamentos deberían, de forma rutinaria, incluir una fecha de expiración que entraría automáticamente en vigor, salvo que el legislador los renovase explícitamente. Tales clásulas de expiración automática existen ya en algunos casos. El Congreso debería hacer esto la regla, no la excepción.
- Proteger la Oficina de Información de Asuntos Regulatorios (OIRA). En los últimos 30 años, la OIRA ha jugado un papel clave en las administraciones republicana y demócrata mediante el escrutinio de las nuevas normas propuestas, comprobando su efectividad y costo y haciendo un chequeo externo de las agendas reguladoras de las agencias federales. Este papel institucional es vital y debería conservarse. El Congreso y la administración deberían rechazar los intentos de reducir el papel o autoridad de la OIRA.
- Establecer una Oficina Reguladora Congresional. El Congreso recibe información detallada de su Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el estado del presupuesto y las propuestas que podrían afectarlo, pero no tiene una fuente independiente de información sobre los programas reguladres. Una Oficina Reguladora Congresional, no partidista, ayudaría a llenar este vacío. Una oficina así podría revisar el impacto regulador de las propuestas legislativas e informar sobre el costo y efectividad de las normas que crean las agencias. De esta forma, una Oficina Reguladora Congresional actuaría como complemento y contrapeso a la OIRA.
- Derogar las nuevas normativas de la ley de salud y de servicios financieros. Los regímenes reguladores creados por las propuestas de ley del presidente Obama sobre reforma del sistema de salud y la regulación financiera fueron un paso atrás para los consumidores y la economía e impusieron unos costos o impuestos innecesarios a las empresas y familias americanas. El Congreso debería abolir ambas leyes y adoptar en su lugar soluciones de mercado.
