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Que quede como constancia de que la extradición de Colombia a Venezuela de Walid Makled García el día 9 de Mayo fue una gran oportunidad perdida para que la administración Obama interrogara y procesara al venezolano, conocido cabecilla narco que cuenta con estrechos lazos entre altos funcionarios venezolanos y exponer la profundidad de la narcocorrupción dentro del régimen de Hugo Chávez en Venezuela.

La extradición de Makled obedece a la decisión adoptada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y a las cortes colombianas de aprobar la solicitud de extradición de Venezuela sobre una petición similar hecha por Estados Unidos. Como intercambio por Makled, los colombianos están apostando que lograrán un estrechamiento de los lazos comerciales y de seguridad, incluyendo la reducción del apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del imperioso e imprevisible Chávez.

La relación entre Chávez y los narcoterroristas de las FARC es tema, una vez más, de cuidadoso escrutinio internacional tras salir a la luz un detallado informe y análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, sobre los vínculos entre las FARC y Venezuela. El estudio incluye el conjunto más completo de documentos recuperados de la computadora portátil de Raúl Reyes, jefe de personal de las FARC que fuera asesinado durante un audaz ataque militar por las fuerzas colombianas en marzo de 2008 en su refugio ubicado en suelo ecuatoriano.

El estudio examina el largo historial de la colaboración de Chávez y de sus máximos confidentes con las FARC, que veían en él a “un aliado que mantendría maniatada tanto a la contrainsurgencia de Estados Unidos como a la fuerza militar colombiana en la región, ayudando a reducir las aparentes amenazas contra Venezuela”.

La vuelta de Makled a Venezuela y la publicación del estudio de IISS son recordatorios importantes de la seria amenaza para la seguridad regional que representa el régimen de Chávez, una amenaza que la administración Obama ha minimizado con regularidad.

La persistente amenaza de Chávez indujo la presentación a debate y aprobación de la Resolución 247 de la Cámara de Representantes que examina el historial de apoyo al terrorismo de Chávez y “(1) condena al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por su respaldo como estado patrocinador de grupos terroristas internacionales;(2) exhorta a la secretaria de Estado para que designe a Venezuela como estado patrocinador de terrorismo e (3) insta a aumentar y mantener la cooperación para iniciativas contraterroristas entre el gobierno de Estados Unidos y los aliados en la región”. Poner a Chávez en la lista de los estados patrocinadores de terrorismo es una medida que debía haberse tomado hace mucho tiempo.

En líneas generales, la muy polémica naturaleza de la relación entre Estados Unidos y Chávez también se está viendo cada vez más documentada con las publicaciones de los cables de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Tras el viaje del presidente Obama a América Latina, la administración se está reorganizando mientras que el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, anunció recientemente que regresará al ámbito académico a finales de verano. Durante los dos años de Valenzuela en el cargo, ha sido difícil identificar mejoras en política regional para el hemisferio occidental ya que Chávez parecía poder hacer de las suyas con escasa reacción por parte de la administración Obama.

El ex director de la revista Foreign Policy Moisés Naim describió la política exterior de Estados Unidos para América Latina como “que suena bien, que tiene buenas intenciones, pero está llena de clichés y, en última instancia, se convierte en irrelevante”.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Casa Blanca, no se cortó un pelo. Ella sostiene que el tiempo de Valenzuela en el Departamento de Estado “ha estado marcado por el abyecto fracaso de Estados Unidos para hacer frente a los ataques contra la democracia y las libertades fundamentales. Y el resultado es que los intereses nacionales de Estados Unidos se han visto afectados”.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.