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EL PROBLEMA:

En los años transcurridos desde su creación, el Departmento de Seguridad Interior (DHS) ha gastado más de $250,000 millones, pero muchas áreas clave siguen produciendo anémicos resultados mientras que más programas federalizan actividades que tradicionalmente eran responsabilidad estatal y local. Desde el carácter clientelista de las subvenciones de seguridad interior a la masiva federalización de los desastres naturales, pasando por el enfoque centrado en lo federal para el contraterrorismo doméstico, cuando más poder se ha ejercido en Washington DC, más se ha debilitado el papel de los estados y otras jurisdicciones. Con muchos más recursos (tiempo, gente, dinero y peritos), los estados y gobiernos locales están preparados de forma ideal para liderar la tarea de nuestra seguridad interior. El papel apropiado del gobierno federal es proveer una arquitectura estratégica y trabajar como un verdadero socio de los estados y gobiernos locales.

LOS HECHOS:

• Las asignaciones clientelistas y la política determinan las subvenciones. La Comisión del 11 de septiembre dijo que las subvenciones de seguridad interior se estaban convirtiendo en asignaciones presupuestarias de carácter clientelista. La Comisión tenía razón. El DHS continúa regalando fondos mediante criterios altamente sospechosos a demasiadas jurisdicciones que no lo merecen y que están sujetas a poco o ningún riesgo.

• FEMA hace demasiado. En el breve espacio de tiempo de 16 años, el promedio anual de declaraciones de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se ha triplicado pasando de 43 con el presidente George H. W. Bush a 89 con el presidente Bill Clinton y luego a 130 con el presidente George W. Bush. En su primer año, el presidente Barack Obama ha decretado 108 declaraciones — la 12ª mayor tanda en la historia de FEMA — sin que ocurriera un huracán o algún otro desastre grave.

• Los estados y otras jurisdicciones realmente no tienen voz. Los estados y gobiernos locales tienen mucho más personal involucrado en seguridad interior que el gobierno federal. De hecho, la ventaja en personal de estados y localidades es aproximadamente de 2,200,000 a 50,000. En lo que se refiere a la financiación de la seguridad interior, el presupuesto conjunto del DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) es de unos $323,000 millones en ocho años. El presupuesto de seguridad interior de ocho años de solo los 26 estados que más presupuestan en este capítulo y del Distrito de Columbia es de al menos $220,000 millones, o el 68% del presupuesto conjunto del DHS y el DOJ. Cuando se tiene en cuenta los prespuestos de seguridad de los restantes 24 estados y de millares de ciudades y condados, el gasto de seguridad interior de estados y gobiernos locales excede claramente el gasto federal.

• Los estados y gobiernos locales necesitan un papel de liderazgo para responder a todo tipo de desastres nacionales. Las leyes federales, en algunos casos, menoscaban la autoridad de estados y otras jurisdicciones durante la respuesta a un desastre. Por ejemplo, la respuesta federal al derrame de la plataforma petrolera Deepwater Horizon se llevó a cabo bajo la Ley de Polución Petrolera de 1990 (Oil Pollution Act), haciendo uso de planes y procedimientos existentes pensados para “derrames de importancia nacional”. Este enfoque al problema puso la respuesta federal en conflicto con autoridades estatales y locales que están más familiarizadas en caso de desastres de gran escala con respuestas fundamentadas en el Programa Marco Nacional de Respuesta y la Ley Robert T. Stafford, donde se recibe apoyo de las autoridades federales en lugar de estar subordinadas a estas. Como resultado de las expectativas en conflicto, el gobierno federal fue incapaz de organizar operaciones de recuperación y respuesta eficaces antes de que los flujos de petróleo llegasen a tierra, perjudicando marismas sensibles, forzando el cierre de zonas de bancos de pesca y clausurando las playas de turismo. Los esfuerzos federales deben dar impulso a la capacidad de estados y gobiernos locales para tomar la iniciativa en un desastre, no atarlos de pies y manos.

LAS SOLUCIONES:

• Reformar la estructura de la financiación de Seguridad Interior. El Congreso debería reducir el número de ciudades que pueden optar a participar en la Iniciativa de Seguridad de Áreas Urbanas a las 35 ciudades de más riesgo y llegar a acuerdos de cooperación en vez de dar subvenciones. Con tales acuerdos, el gobierno federal y los estados, condados y otros gobiernos locales pueden sentarse como socios verdaderamente iguales y negociar resultados desde el principio, incluidos requisitos programáticos y de supervisión financera para después asignar fondos de forma que se alcancen los resultados deseados sin la necesidad de hacer solicitudes anuales.

• Modificar la Ley Stafford para frenar la federalización de los desastres naturales. El Congreso debería establecer claros requisitos para limitar el tipo de situaciones en las que se deben decretar declaraciones de emergencia — eliminando completamente algunos tipos de desastre de las competencias de FEMA. Además, el Congreso debería reducir la cláusula de costos compartidos para todas las declaraciones de FEMA a no más del 25% de los costos.

• Dar a los estados y otras jurisdicciones un lugar en la mesa de la formulación de políticas nacionales. Para asegurar que sus derechos están representados, a los estados y gobiernos locales se les deberían otorgar una representación permanente y directa dentro del poder ejecutivo que les permita participar en el diseño de políticas desde la idea inicial hasta su ejecución. Actualmente, los estados y autoridades locales y tribales dan su opinión a través de órganos como el Consejo Asesor del Departamento de Seguridad Interior (HSAC) y a través de los comentarios o consultas a interesados solicitados por las agencias federales sobre programas y políticas propuestos. Estos foros se han mostrado inadecuados. Por ley, se ha establecido el Consejo de Gobernadores para asesorar al Departamento de Defensa sobre asuntos relativos a la Guardia Nacional. Iniciativas similares pueden aplicarse en seguridad interior. Además, se debe establecer un medio para proporcionar una representación adecuada a las perspectivas estatales, locales y tribales en la formulación de politicas de asuntos de seguridad interior dentro del personal que trabaja para el Consejo de Seguridad Nacional.

• Establecer respuestas federales sincronizadas que respeten el federalismo. Las respuestas a los Derrames de Importancia Nacional se deberían manejar bajo el Programa Marco Nacional de Respuesta. La Ley de Polución Petrolera de 1990 debería modificarse para hacer las respuestas a vertidos de petróleo congruentes con el enfoque intergubernamental de la Ley Robert T. Stafford. Igualmente, la legislación regulando la respuesta a otras clases de desastres nacionales graves deberían ser congruentes con el Programa Marco Nacional de Respuesta.

Este artículo pertenece a la serie Soluciones para América.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.