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La ley de Arizona llega a la Corte Suprema

 

En una decisión que animará a los que creen en el Estado de Derecho y quieren ver que se respeten nuestras leyes federales de inmigración (a pesar de todos los esfuerzos de la administración Obama para evitar que eso suceda), la Corte Suprema aceptó el recurso de certiorari presentado por Arizona en la demanda presentada contra la ley de inmigración del estado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto significa que la Corte Suprema tomará la decisión final sobre si la ley de Arizona (SB 1070) es constitucional.

La SB 1070, que ha servido como modelo para otros estados como Alabama y Carolina del Sur, tiene una serie de disposiciones que tratan de ayudar al gobierno federal a hacer cumplir los requisitos de inmigración. La disposición más controvertida, al menos desde el punto de vista de la administración Obama, requiere que la policía verifique el estatus migratorio de las personas que han arrestado o detenido por alguna otra violación, si los agentes tienen una sospecha razonable de que esas personas están ilegalmente en el país. La raza y el origen étnico no pueden tomarse en consideración en esa decisión.

En una decisión mal razonada, un juez federal en Arizona concedió amparo judicial contra ese requisito. El juez básicamente ignoró una disposición de la ley federal que requiere específicamente que el gobierno federal responda a todas las preguntas de los oficiales a nivel federal, estatal o local sobre el estatus migratorio de cualquier persona y también que el Congreso ha suminstrado fondos para un “Centro de Apoyo para las Fuerzas de la Ley”, administrado por el Departamento de Seguridad Interior y que proporciona información sobre el estatus migratorio a agentes del orden público estatales y locales las 24 horas del día, 7 días a la semana. Incluso hay otra disposición en la ley federal que alienta a los Estados “a cooperar con el Procurador general  en la identificación, aprehensión, detención o expulsión de extranjeros que no estén legalmente en Estados Unidos”.

Esa dudosa orden judicial fue confirmada por un panel de tres jueces en la Corte Federal de Apelaciones del 9° Circuito, la corte de apelaciones más ampliamente revocada en el país. Carlos Bea, el juez discrepante en la decisión del 9º Circuito, señaló las numerosas falacias y los errores cometidos por la Corte. Como indicó Bea: “el Congreso ha dado un importante papel a los funcionarios estatales y locales a la hora de la aplicación de la ley federal de inmigración.” En una opinión totalmente contraria, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito recientemente confirmó una disposición idéntica en la ley de inmigración de Alabama que también requiere que la policía verifique el estatus migratorio de las personas que arrestan.

La Oficina del Procurador General en el Departamento de Justicia, que representa a Estados Unidos ante la Corte Suprema, deberán ver esta revisión de la nueva ley de Arizona por la Corte Suprema con cierto temor. Sólo la pasada temporada, la Procuraduría perdió otra lucha contra Arizona, cuando la Corte Suprema confirmó una previa ley de inmigración de Arizona. Esa ley obliga a los empleadores de Arizona a utilizar el sistema E-Verify y sanciona a los empleadores con la posible pérdida o suspensión de su licencia de negocios si contratan extranjeros ilegales a sabiendas e intencionalmente. Para consternación de la administración Obama, la Corte Suprema confirmó la ley como constitucional y dentro de la autoridad que corresponde a los gobiernos estatales.

Teniendo en cuenta que el Congreso realmente exige al gobierno federal  ayudar a los agentes de la ley estatales y locales en la verificación de la situación migratoria de las personas detenidas, parece muy probable que cuando la Corte Suprema visite este caso a finales de su mandato en junio de 2012, la administración Obama tendrá toda una sensación de déjà vu cuando pierda de nuevo.

 

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.
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