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La ley PATRIOT y la Constitución: Cinco puntos clave

WebMemo #3148

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Es importante volver a explicar la importancia de esta ley y exponer cómo ayuda a las autoridades a seguir las pistas de terroristas y desmantelar planes antes de que el público sufra peligro alguno. Dada la gran cantidad de desinformación sobre la ley, es igualmente importante exponer la base constitucional de la ley PATRIOT* así como de qué forma funciona para garantizar que no se abusa de sus poderes.

Los puntos clave

Estos son cinco claves de la ley:

  • Protege las libertades civiles y provee la defensa común. La Constitución requiere que el presidente y el Congreso respeten y defiendan las libertades civiles individuales pero también que provean la defensa común. La Constitución pesa fuertemente en ambos lados del debate sobre seguridad nacional y libertades civiles — es importante reconocer la importancia de ambos factores.
  • La expectativa de privacidad no es ilimitada. La Corte Suprema ha sentenciado que los americanos disfruten de una expectativa de privacidad “razonable”; sin embargo, no es ilimitada. Lo que significa que cualquier cosa que uno muestra voluntariamente en público —o incluso a un tercero— ya no se considera protegido. El Congreso, por supuesto, puede extender estos derechos (como ha hecho repetidamente); sin embargo, estas protecciones ceden ante la investigación criminal o de seguridad nacional.
  • La ley proporciona importantes salvaguardias. Esta ley no da a los investigadores poderes sin límite para espiar a ciudadanos inocentes. Lo que hace es asegurar que los investigadores de seguridad nacional tengan las mismas herramientas a su disposición para vigilar a terroristas que las fuerzas de la ley tienen para investigar y procesar a traficantes y violadores. Estas herramientas cuentan con importantes salvaguardias de procedimiento,  supervisión, obligación de rendir cuentas y están sujetas a la muy activa supervisión de la Corte FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) y el Congreso.
  • La ley ha superado el escrutinio constitucional. Ninguna disposición de la ley PATRIOT ha sido declarada inconstitucional. Esto es testamento de la limitada aplicabilidad de la ley, de las salvaguardias de procedimiento y de los amplios mecanismos de supervisión — así como del hecho de que a menudo proporciona más protecciones que las conferidas en el enjuiciamiento criminal.
  • Los desacuerdos sobre el papel del gobierno son algo diferente de un abuso real. La mera extensión de la autoridad del Ejecutivo en el contexto de la investigación de seguridad nacional, por sí sola no crea abuso en la realidad. Ciertamente, hay desavenencias fundamentales sobre el papel del Ejecutivo en tiempo de guerra. Sin embargo, la cuidadosa monitorización y celosa supervisión son a menudo la respuesta a potenciales abusos de poder — no una prohibición total.

Siguientes pasos

Los que se oponen a la ley PATRIOT han intentado repetidamente tratar de derogar sus disposiciones o de maniatar la ley añadiendo más malabares burocráticos. Sin embargo, el Congreso ha modificado y ajustado en gran detalle la ley a través de los años, añadiendo nuevas salvaguardias con importante supervisión judicial. Añadir más dificultades para que los investigadores se las salten —en investigaciones en las que el tiempo es crucial— terminaría con la capacidad de la ley de cumplir con su propósito: ayudar a parar el terrorismo. El Congreso debe:

  • Reautorizar las disposiciones que expiran. Esto debería incluir la sección 6001 de la Ley para la Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo, (IRTP Act), sección también conocida como la “disposición del lobo solitario”.
  • Procurar la reautorización sin expiración. El Congreso debería incorporar de forma definitiva estas herramientas a un marco general de contraterrorismo.
  • Resistirse a las iniciativas para erosionar disposiciones clave. A pesar de los repetidos intentos de mostrar el abuso de esta ley, pocas pruebas se han ofrecido para demostrar que estas disposiciones legales han sido mal utilizadas.  Atar las manos de los investigadores con más salvaguardias procedimentales no hará al país más seguro.

Poco riesgo de abuso

La clave de la ley PATRIOT es el fortalecimiento del gobierno para hacer lo correcto y que simultáneamente ejerzan la supervisión que previene cualquier abuso de autoridad. Mientras los legisladores mantengan su vigilancia sobre la autoridad policial, las cortes federales sigan siendo abiertas y el debate sobre la conducta gubernamental sea una parte viva del diálogo político en América, el riesgo de que se menoscaben nuestras libertades fundamentales es mínimo.

(*) En forma abreviada, “USA PATRIOT Act of 2001″, o en forma completa “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001” (Ley de 2001 para unir y fortalecer América mediante la provisión de las herramientas apropiadas necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo).
Jena Baker McNeill es analista política de seguridad interior en el Centro Douglas and Sarah Allison para Estudios de Política Exterior, una división del Instituto Kathryn and Shelby Cullom Davis para los Estudios Internacionales de la Fundación Heritage.
La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org
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