Una obsoleta ley de Estados Unidos de 1920 conocida como la Ley Jones o Ley de Cabotaje hace que los habitantes de Puerto Rico sean más pobres, según un nuevo informe presentado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
La Ley de Marina Mercante de 1920, requiere que las personas que transporten bienes en barco entre dos puntos de Estados Unidos utilicen buques propiedad de Estados Unidos, construidos en Estados Unidos y operados por Estados Unidos, incluso si hay disponibles opciones más asequibles.
Según la Reserva Federal de Nueva York, la Ley Jones es especialmente perjudicial para Puerto Rico:
Se estima en $3,063 el costo de enviar un contenedor de veinte pies cargado con bienes domésticos y comerciales desde la Costa Este de Estados Unidos hasta Puerto Rico; el mismo flete cuesta $1,504 hasta el cercano Santo Domingo (República Dominicana) y $1,687 hasta Kingston (Jamaica), destinos que no están sujetos a las restricciones de la Ley Jones…
Enviar productos hacia y desde Puerto Rico cuesta considerablemente más que que enviarlos hacia y desde los vecinos regionales de la isla, imponiendo de este modo un importante sobrecosto a las empresas puertorriqueñas y ahogando la competitividad de su economía. Gran parte de este relativamente alto costo de los fletes se atribuye en gran medida a la Ley Jones.
Y ya ha habido varias recomendaciones para corregir este perjuicio. El informe de la Reserva Federal sugería conceder a Puerto Rico una exención de la Ley Jones durante cinco años. Entonces y tras una revisión, la exención se podría o bien revocar o bien hacerla permanente.
Otra opción, propuesta por el Consejo de Compañías Navieras de Hawái, es la Reforma de la Ley Jones para el Comercio entre Estados No Colindantes (NTJAR). Esta eximiría a Hawái, Guam, Puerto Rico y Alaska del requisito de tener que utilizar para el transporte de mercancías grandes embarcaciones autopropulsadas de tipo transoceánico que hayan sido construidas en Estados Unidos.
Pero aquí tienen una idea aún mejor: se debería derogar por completo la Ley Jones, además para todos los americanos.
Cualquiera de estas opciones les daría a los habitantes de Puerto Rico al menos una parte del remedio legal que tanto necesitan frente a los costos que les impone esta anticuada ley.
La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.
