Vaya semanita terrible ha tenido el gobierno de Argentina.
Todo empezó mal cuando el 1 de febrero la nación fue censurada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por “cocinar” sus libros de estadísticas y por no informar adecuadamente del descontrol de su inflación, que está devorando el dinero de los argentinos y el de los inversores extranjeros, por un valor de $6,800 millones. A menos que el país adecente sus prácticas de realización de informes para noviembre de este año, el FMI podría revocar su derecho de voto y su acceso a los fondos de este organismo.
Luego, el ministro de Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, provocó un escándalo internacional cuando rehusó hablar con Dick Sawle, miembro de la asamblea legislativa de las islas Malvinas, en el vestíbulo del Parlamento británico. El desaire público llegó después de que Argentina abandonase las conversaciones con el Reino Unido acerca de la celebración de un referéndum en las Malvinas sobre si los isleños desean continuar siendo un Territorio Británico de Ultramar o no.
¿Y qué línea mantienen las autoridades de Buenos Aires respecto a las Malvinas? “Tenemos que respetar los intereses de la gente que vive en la zona, pero no sus deseos”, comentó Timerman.
Con líderes políticos como Timerman, no resulta sorprendente que Argentina ocupe actualmente el puesto 160º en el Índice 2013 de Libertad Económica, elaborado por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal.
Además, el tercer país más extenso de Latinoamérica está ahora tratando de evitar el tener que respetar tanto los “intereses” como los deseos de sus acreedores. Previamente a que una corte de Apelaciones de Estados Unidos dictamine sobre si el país tendrá que pagar o no los $1,300 millones que debe en concepto de deuda impagada a un fondo de inversión privado, el Financial Times informa de que Argentina está tratando de proponer otro canje de deuda más para evitar el gigantesco pago que implica la devolución de su deuda.
Desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó al poder, “el respeto a los mercados y al Estado de Derecho se ha deteriorado mientras que se ha disparado la corrupción”, según indica el Índice. De hecho, los economistas argentinos que difieren de las fraudulentas estadísticas oficiales sobre la inflación se enfrentan al despido, multas o incluso a la posibilidad de pasar un tiempo en la cárcel.
Pero en lugar de corregir las cifras falsas y el índice de inflación, estimado en un 25%, el gobierno simplemente presionó a las cadenas de supermercados para poner en marcha un control de los precios en medio de protestas públicas.
Desde establecer lo que los expertos de la Fundación Heritage han juzgado como “una comisión de la no verdad” para investigar la presencia en el país de un terrorismo patrocinado por Irán, hasta recurrir a contratar aviones privados cuando la presidenta viaja al extranjero para evitar que el avión de propiedad estatal sea embargado por sus acreedores estafados, Kirchner no ha hecho más que seguir unas políticas de actuación contraproducentes y perjudiciales para su nación.
Es el momento de que Argentina cambie el rumbo de sus fallidas normativas peronistas que han socavado la libertad y el Estado de Derecho o de que se enfrente a una presión internacional aún mayor durante las próximas semanas.
La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.
