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EL PROBLEMA:

La ley penal federal ha crecido desmesuradamente en tamaño y alcance — y se ha deteriorado su calidad. Americanos honrados, trabajadores que hacen lo mejor que pueden por ser ciudadanos respetables y cumplidores de la ley, no más ya pueden estar seguros de estar fuera del alcance de los fiscales federales. La ley penal federal solía centrarse en conducta inherentemente criminal: traición, asesinato, falsificación de moneda y similares. Hoy, se criminalizan un inimaginablemente amplio espectro de conductas social y económicamente beneficiosas. Más y más americanos, que desde cualquier otro punto de vista son cumplidores de la ley, están siendo injustamente castigados. El Congreso debe parar esta exhuberancia de sobrecriminalización y empezar a eliminar delitos penales poco claros, definidos muy ampliamente, que castigan a gente por violar algunas de las decenas de miles de delitos en los que no hay dolo.

LOS HECHOS:

• Exagerado número de leyes penales federales. El número de delitos en el Código de Estados Unidos se incrementó de 3,000 a principios de los años 80, a 4,000 en el año 2000 y a más de 4,450 en  el año 2008. Además, no hay respiro a la vista: más bien, el ritmo parece ser constante o incluso estar creciendo.

• Criminalización por el burócrata. Muchos departamentos y agencias federales han creado tal cantidad de definiciones de delitos que el propio Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS) admite que no es capaz de contarlos todos. ¿La mejor estimación del Servicio? “Decenas de miles”. En pocas palabras, ni los expertos del propio Congreso tienen un conocimiento claro del tamaño o alcance de la criminalización federal.

• Delitos profundamente mal definidos. La Fundación Heritage y la Asociación Nacional de Abogados Penalistas informaron en mayo de 2010 de los resultados de un estudio conjunto que concluye que tres de cada cinco delitos no violentos carecen de un requisito de dolo que sea adecuado para proteger de castigos penales injustos a los americanos que están implicados en conducta que no sabían que era ilegal o de alguna forma incorrecta.

• Continúa a ritmo vertiginoso. A pesar de esta sobrecriminalización rampante, el Congreso continúa criminalizando a un ritmo promedio de un nuevo delito creado cada semana del año (incluso cuando los miembros no están en sesión). Toda conducta inherentemente incorrecta ya ha sido criminalizada varias veces, pero desde el año 2000 al 2007 el Congreso ha promulgado 452 nuevas definiciones de delitos penales.

LAS SOLUCIONES:

• El Congreso debe justificar toda nueva criminalización. Debido a que la ley federal ya ha criminalizado toda conducta inherentemente culpable varias veces, se debería exigir que el Congreso presente análisis y justificación por escrito de cada nuevo o modificado delito o castigo penal. El informe debería incluir una descripción del problema que cada delito o castigo pretende abordar, cualesquiera casos particulares o preocupaciones que motiven la legislación y una revisión en caso de duplicaciones con leyes federales o estatales vigentes.

• La negligencia del Congreso no debe poner al ciudadano en peligro. La ley federal debería codificar la Regla de Lenidad, asegurando así de que el beneficio de la duda en caso de leyes imprecisas, muy laxamente definidas, recaiga en la persona imputada, no en el gobierno.

• Errores sin mala intención no deben resultar en tiempo de condena. Toda condena penal debe requerir prueba más allá de toda duda de que la persona actuó con dolo. Las leyes penales federales deberían requerir tal prueba. Debe llegar a su fin la era en que una persona puede ser arrestada y encarcelada, por ejemplo, por no poner una etiqueta obligatoria por mandato federal en un paquete que por lo demás es legal y está correctamente enviado vía mensajería UPS.

• Los burócratas no deberían establecer nuevos delitos. El Congreso no debería “delegar” su poder de criminalizar a cargos no electos en los muchísimos departamentos y agencias federales que ha creado. Tanto el sentido común como los principios constitucionales exigen que la decisión de si algo es suficientemente importante como para enviar a una persona a prisión federal debería ser decidido por los representantes elegidos directamente por el pueblo americano.

• Derogar leyes injustas. El Congreso parece haber olvidado que puede abolir las leyes malas. Puede y debe. Las peores, más injustas definiciones de delitos deberían tirarse al tacho de la basura legal. El Congreso debería empezar con los delitos que permiten que los ciudadanos sean castigados como criminales cuando ni siquiera sabían que estaban haciendo algo ilegal o de alguna forma equivocado o con delitos que están vagamente definidos, que son de amplio espectro o que no los pueden entender ni los abogados.

Este artículo pertenece a la serie Soluciones para América.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.