El pasado jueves, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que incluía cláusulas —la llamada “Ley Magnitski”— que por primera vez castigan a los responsables rusos implicados en graves abusos contra los derechos humanos.
El proyecto de ley fue aprobado por una aplastante mayoría (365 a 43), demostrando un firme respaldo por parte de ambos partidos. El Senado saliente votará sobre la ley Magnitski y el proyecto de ley en el que está implícita durante la sesión posterior al receso del Día de Acción de Gracias.
La Ley Magnitski recibe el nombre del difunto abogado, contable e informador moscovita Serguei Magnitski, que en 2009 acusó a responsables policiales y de hacienda rusos de malversar $230,000 millones del tesoro de este país. Por su “crimen” de hacer responsable al gobierno, Magnitski fue encarcelado, torturado, se le denegó atención médica y finalmente fue golpeado hasta la muerte en su celda de la prisión.
El presidente ruso Vladímir Putin se refirió al caso Magnitski como una “tragedia” a la vez que se oponía con vehemencia a la legislación de Estados Unidos que lleva el nombre del informador. Algunos de los que perpetraron la persecución de Magnitski incluso recibieron medallas y ascensos.
En lugar de llevar a cabo una investigación apropiada para llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de Magnitski, el Kremlin ha amenazado con represalias, acusando a Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos internos de Rusia.
Como parte de esas represalias, Moscú exigió la liberación de Víktor Bout, un contrabandista de armas ruso a gran escala que está cumpliendo una pena de 25 años en una prisión de Estados Unidos por vender armas a los terroristas colombianos de las FARC. Rusia tiene ahora como objetivo al personal encargado de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos en el caso Bout.
La anarquía y la corrupción en Rusia provocaron el proyecto de la Ley Magnitski. “El proyecto de ley es beneficioso para mi país, castiga a los criminales y fomenta las relaciones económicas entre Rusia y Estados Unidos”, comentó Boris Nemtsov, uno de los líderes de la oposición democrática, durante una visita a Washington.
Pero el caso Magnitski está lejos de ser la única atrocidad. Mijaíl Jodorkovski, antiguo director ejecutivo de la compañía petrolera Yukos, que fue ilegalmente confiscada por el gobierno ruso en 2004 y 2005, está cumpliendo una segunda pena de nueve años. Amnistía Internacional ha reconocido a Jodorkovski como preso político. Y hay cientos de empresarios como él en las cárceles rusas.
Los legisladores americanos tomaron cartas en el asunto cuando las autoridades rusas dejaron de cumplir con sus obligaciones de una manera escandalosa. Fueron estos legisladores quienes llamaron la atención sobre las atrocidades en las cárceles rusas y contribuyeron a un mejor clima empresarial mediante la Ley Magnitski.
La Ley Magnitski era parte de la legislación que concedía a Rusia (ahora miembro de la Organización Mundial del Comercio, OMC) un estatus de relaciones comerciales normales y permanentes (PNTR). Sin el PNTR, las empresas de Estados Unidos que hacen negocios con Rusia estarían en desventaja con respecto a las empresas extranjeras. Las empresas de Estados Unidos cabildearon en el Congreso para fomentar el acceso al mercado de importaciones de Rusia, con un valor de $400,000 millones.
La Fundación Heritage ha estado al frente de este asunto desde el principio, argumentando que Estados Unidos no debería yuxtaponer los derechos humanos y las empresas, pues ambas son importantes prioridades de Estados Unidos.
Hasta que el Senado vote sobre este proyecto de ley en el que se incluyen las cláusulas de la Ley Magnitski, el comercio con Rusia (con un valor de $40,000 millones anuales, menos de la mitad del comercio ruso con Alemania) sigue estando sujeto a la Enmienda Jackson-Vanik de 1974, adoptada durante la administración Ford.
La legislación Jackson-Vanik fue una importante herramienta para promover la libertad de migración y otras cuestiones de derechos humanos en la época de la Unión Soviética. Sin embargo, ya está anticuada para el siglo XXI, pues ahora la emigración desde Rusia es libre. Y aunque puede que el Moscú oficial esté ahora que echa humo, su interés a largo plazo reside en unos crecientes lazos empresariales ruso-americanos.
Continuar con el trabajo de la Cámara en este asunto sería una importante señal a enviar por parte del Congreso. Al hacerlo, el Senado proporcionaría una solución para señalar y castigar a los grandes violadores de los derechos humanos al mismo tiempo que permitiría que las compañías americanas compitiesen por sus negocios en Rusia y en todo el mundo.
La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.
