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De acuerdo con el presidente Barack Obama, es hora de pasar de ganar la guerra en Iraq a ganar la batalla contra la recesión en el país. Desafortunadamente, la receta del presidente para la recuperación económica está lejos de ser la correcta.

Considere la presión que ejerció para realizar una transición a una economía libre de carbono, especialmente, un programa con un sistema de derechos de emisión. Quizás suene inofensivo al principio, pero la evidencia demuestra que el sistema de derechos de emisión es un impuesto energético nacional que reduciría el ingreso de los estadounidenses y destruiría puestos de trabajo. No es la cura para la enfermedad económica de los Estados Unidos.

El objetivo del sistema de derechos de emisión es reducir las emisiones de dióxido de carbono. Dado que el 85% de la energía que usamos proviene de combustibles fósiles que emiten carbono, una forma de reducir las emisiones de CO2 es elevar el precio de la energía para desalentar su uso. Para cumplir con los objetivos de reducción de carbono que desea el gobierno (83% de los niveles de 2005 para 2050), el precio de la energía debe, como dijo Obama mismo, “dispararse necesariamente”.

De acuerdo con un análisis de Heritage Foundation sobre el proyecto de ley del sistema de derechos de emisión que aprobó la Cámara el año pasado (promovido por los Representantes  Henry Waxman y Edward Markey), los precios del combustible se elevarían en un 58% ($1.38 más por galón) y los índices promedio de consumo doméstico de electricidad se elevarían en un 90% para 2035 si Obama sancionaba la ley. La factura de electricidad total para una familia tipo implicaría $1,200 más de lo que sería sin el sistema de derechos de emisión.

Pero eso no es todo. Los mayores precios energéticos elevan los costes de producción de las empresas. Eso, a su vez, sube los precios minoristas sugeridos. Dado que todo lo que usan y producen los estadounidenses necesita energía, los consumidores reciben golpe tras golpe. Para sobrevivir a los mayores precios energéticos, las empresas recortan puestos de trabajo. Un impuesto energético exorbitante podría forzar a otras empresas a cerrar por completo o a mudarse a otros países donde los costes sean menores.

Recuerde que el punto de todo esto, aparentemente, es promover la economía. No obstante, el sistema de derechos de emisión sin duda sería un drenaje neto de la economía y el empleo.

Los informes del gobierno y de los comités asesores independientes, tanto de izquierda como de derecha, sobre el sistema de derechos de emisión llegan a la conclusión de que este tipo de programas es una pérdida económica. Los estudios de la National Black Chamber of Commerce, The Brookings Institution, la Administración de Información sobre Energía, la Oficina de Presupuestos del Congreso, la Agencia de Protección Ambiental y The Heritage Foundation han descubierto descensos netos del ingreso y el empleo. Y el descenso neto se produjo después de que el gobierno gastara los fondos de los contribuyentes para construir molinos de viento y paneles solares más costosos.

Los estados que dependen del carbón, como Wisconsin, sufrirían un gran impacto. El carbón representa un 63% de la electricidad de Wisconsin y el gas natural un 9%. De acuerdo con los cálculos de Heritage, Wisconsin perdería más de 33,000 puestos de trabajo para 2012 si se implementara el sistema de derechos de emisión. Ese número superaría los 67,000 para 2035. La implementación de Waxman-Markey limitaría completamente el potencial económico de Wisconsin, al reducir el producto bruto del estado en $8,95 mil millones en 2035.

Las perspectivas de la política del sistema de derechos de emisión parecen sombrías, pero el Congreso tiene otros ases bajo la manga para aumentar las facturas de electricidad. Una norma de electricidad renovable, que obliga a que un cierto porcentaje de la producción de electricidad sea eólica, solar y de otras fuentes de energía libres de carbono que no sean nucleares, también incrementaría las tasas de electricidad. Después de todo, si la electricidad creada por el viento y otras fuentes renovables tuviera costes competitivos, no sería necesaria una orden para impulsar la producción.  El hecho de que sí sea necesaria una orden sugiere que es demasiado costoso competir en el mercado.

Contrariamente a las afirmaciones de que los planes de energía limpia solucionarán los males económicos de los Estados Unidos, estas políticas son depredadoras de la economía y el empleo. Parece que todos lo entienden. ¿Por qué el gobierno de Obama no?