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WebMemo #3342
Enterradas en la cacofonía de noticias sobre el límite de la deuda, el acuerdo sobre el presupuesto y las elecciones de 2012, hay buenas noticias en la lucha por leyes y políticas sensatas de inmigración. El 26 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su sentencia Chamber of Commerce v. Whiting [1]. En una decisión 5–3, la Corte validó la Ley de Trabajadores Legales de Arizona de 2007, permitiendo a los estados obligar a los empresarios a usar el sistema E-Verify y revocar las licencias de operación a empresarios que a sabiendas contraten trabajadores ilegales.
Poco después de esa decisión, Arizona solicitó a la Corte Suprema que oyera su caso, Arizona v. United States, sobre una ley de inmigración de Arizona llamada “Ley de Apoyo a Nuestras Fuerzas del Orden Público y los Vecindarios Seguros” (S.B. 1070). Esa petición y su éxito final en la Corte parece más probable dada la decisión tomada y la motivación dada en el caso Whiting y dado el hecho no tan secreto de que la inacción del gobierno federal en lo referente a inmigración ha perjudicado a estados como Arizona.
Amenazas de grupos activistas
Predeciblemente, los grupos pro inmigrantes ilegales como el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal (MALDEF) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han criticado la decisión judicial Whiting. El presidente de MALDEF, Thomas A. Saenz, calificó la decisión de “lamentable” y de “tortuoso producto del activismo judicial que responde a lo que se percibe como necesidades políticas del momento”. Saenz, al igual que la ACLU, dijo que la decisión “tiene poco valor predictivo” respecto a la S.B. 1070 y que los estados debían “andarse con cuidado” en áreas que “toquen la inmigración”. Traducción: No aprueben ninguna ley de inmigración a nivel estatal o MALDEF les meterá juicio.
El problema para MALDEF y otros es que la decisión en Whiting es tajante — da claridad para la acción de los estados y el gobierno federal en referencia a sus respectivos papeles en el cumplimiento de las normas de inmigración y finalmente confiere a los estados luz verde para aprobar leyes congruentes con esta decisión.
Además, como deja abundantemente clara la petición de Arizona a la Corte Suprema, el fracaso del gobierno federal en hacer cumplir la actual ley de inmigración ha resultado en que Arizona sobrelleve “el grueso de los problemas causados por la inmigración ilegal”. Citando a Kris Kobach —Secretario de Estado de Kansas, experto en ley inmigratoria y uno de los redactores de la S.B. 1070—, “el fracaso del gobierno federal en hacer cumplir las leyes de inmigración es un masivo mandato federal no financiado” [2]. Solo para Arizona, ese mandato no financiado supone “varios cientos de millones de dólares cada año”, según la petición de Arizona a la Corte.
Qué estaba en juego en el caso Whiting
En el caso Whiting, se cuestionaban dos secciones clave de la Ley de Trabajadores Legales de Arizona (LAWA). Primero, la LAWA llamaba a la suspensión o revocación de las licencias de operación a empresarios de Arizona que consciente o intencionalmente dieran trabajo a inmigrantes no autorizados. Apoyándose en la Ley para la Reforma y el Control de la Inmigración (IRCA), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Obama (en distintos informes como “amigos de la corte”) atacaban esta provisión, arguyendo que la doctrina de supremacía expresa de la ley federal sobre la estatal invalidaba la LAWA. La Cámara apuntaba que una sección de la IRCA impedía la promulgación de “ninguna ley estatal o local que imponga sanciones civiles o penales (más allá de las que se pueden imponer por concesión de licencias de operación y leyes similares) sobre aquellos que empleen o contraten o refieran a terceros previo pago a extranjeros no autorizados”. Tomando como base la redacción de la ley, la Cámara argumentaba que la LAWA no caía dentro de la dispensa de la IRCA para las licencias de operación porque cubría solamente la suspensión o revocación de licencias y porque posteriores legislaciones federales limitaban el ámbito de aplicabilidad de la dispensa sobre las licencias. La Cámara también argumentaba que la ley federal de inmigración tenía supremacía implícita sobre esta disposición de la LAWA porque era la intención del Congreso que el sistema de inmigración federal fuese exclusivamente federal.
La segunda sección de la LAWA que estaba en disputa en el caso Whiting hacía obligatorio para todos los empleados de Arizona utilizar el sistema E-Verify para asegurar la elegibilidad de empleo mediante la determinación del estado legal de un candidato al trabajo. E-Verify es “un sistema de verificación vía internet y en tiempo real, del Departamento de Seguridad Interior (DHS) y de la Administración del Seguro Social (SSA), [que] puede determinar con gran precisión la autenticidad de la información personal y las credenciales que presentan los nuevos empleados. En la mayor parte de los casos, la verificación tiene lugar casi instantáneamente” [3]. La Cámara de Comercio decía que el uso obligado por un estado del voluntario sistema federal E-Verify entrañaría conflicto con el plan federal de inmigración y por tanto crearía tensiones entre leyes estatales y federales.
La decisión Whiting: No hay conflicto con la ley federal sobre inmigración
A pesar de los argumentos de la Cámara de Comercio y el Departamento de Justicia, la Corte sostuvo que la ley de Arizona no entraba en conflicto con la ley federal de inmigración y que las disposiciones sobre licencias entraban “de lleno en la disposición de ahorros de la ley federal”. La Corte rechazó la idea de que la IRCA de forma expresa anulaba la LAWA por la supremacía de la ley federal, señalando la redacción específicamente empleada en la sección de la IRCA que citaba la Cámara de Comercio.
El presidente de la Corte Suprema John Roberts se centró estrictamente en el lenguaje de la ley en cuestión y señaló que la parte aplicable de la cláusula expresamente reservaba para los estados la capacidad de imponer sanciones mediante el sistema de licencias y leyes similares. Tomando una definición simple de “conceder licencias”, la Corte descartó sucintamente el argumento de la anulación por supremacía expresa, sosteniendo que simplemente no había base para tal argumento: “No hay fundamento en la ley, hechos o lógica, para calificar una ley que concede licencias como una ley de licencias, pero una ley que suspende o revoca esas mismas licencias otra cosa totalmente distinta” [5].
Además, la Corte señaló que incluso si los argumentos de la Cámara de Comercio fuesen válidos y las leyes que regulan las sociedades comerciales y los estatutos de creación de las mismas no se pudiesen considerar específicamente como “leyes de licencias”, las leyes serían similares a las leyes de sistemas de licencias y caerán fácilmente dentro del ámbito de las dispensas de la IRCA.
Además, la Corte decidió que la LAWA no estaba anulada implícitamente por ninguna ley federal. De nuevo, la Corte citó directamente el texto de la IRCA como prueba de que la LAWA estaba claramente dentro de la dispensa del Congreso por el asunto de las licencias. Sin embargo, la Corte estudió las provisiones concretas de la LAWA y señaló que Arizona “se esforzó” para asegurar que la LAWA reflejara las disposiciones de la IRCA en “todos los aspectos materiales”. La Corte señaló además que la LAWA adoptó las definiciones federales para términos clave como “extranjero no autorizado” y prohibía a los oficiales estatales que tomasen ninguna decisión por sí mismos acerca del estado de extranjeros supuestamente no autorizados. A pesar de los argumentos sobre anulación implícita por supremacía que expuso la Cámara, el cuidadoso trabajo de los redactores de la LAWA aseguró que no existiese conflicto material entre la LAWA y ninguna ley federal.
La decisión Whiting: La obligación de utilizar E-Verify
La Corte estudió después las leyes federales concretas que establecen y regulan el uso de E-Verify. El presidente de la Corte Suprema, Roberts, señaló que el Congreso no incluye ninguna prohibición a los estados sobre el uso de E-Verify y eligió redactar instrucciones específicas solo para el Departamento de Seguridad Interior. Debido a que ninguna ley federal regula el uso estatal de E-Verify, la obligación E-Verify de la LAWA no presentaba conflicto con ninguna ley federal vigente.
La Corte señaló que, irónicamente, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva que requería a todos los contratistas federales que usasen E-Verify como condición para ganar contratos federales. Cuando tal orden fue objeto de pleito, la administración Obama la defendió, comentando que “el estado de Arizona ha exigido a todos los contratistas públicos y privados en el estado que utilicen E-Verify… Esta [obligación de Arizona de usar E-Verify] es permisible porque el estado de Arizona no es la secretaria de Seguridad Interior” [6]. Por estas razones, la Corte Suprema rechazó las alegaciones de anulación por supremacía federal que planteaba la Cámara de Comercio y promulgó una decisión histórica protegiendo el papel de los estados para imponer ciertas sanciones y requisitos a los empresarios con respecto a la inmigración ilegal.
El impacto del caso Whiting
Whiting decide definitivamente la ampliamente definida cuestión de si obligar a cumplir las normas de inmigración es algo que compete exclusivamente al gobierno federal: No es así. Las leyes federales de inmigración “contemplan y autorizan expresamente las iniciativas de cooperación de las fuerzas policiales estatales y federales” [7]. A pesar de las interesadas alegaciones en contrario, Whiting tiene un alto valor predictivo sobre lo que ocurrirá con casos posteriores y sienta un precedente muy importante en el próximo juicio por la S.B. 1070.
Dado que la ley de Arizona sigue cuidadosamente las leyes federales existentes, el Departamento de Justicia de Obama tendrá que alegar algún tipo de anulación implícita para apoyar su acusación de inconstitucionalidad. Pero como dijo la Corte en Whiting: “El análisis de anulación implícita no justifica una ‘investigación judicial sin límites sobre si una ley estatal está en tensión con los objetivos federales’: tal tarea ‘menoscabaría el principio de que es el Congreso, y no las cortes de justicia, el que anula por supremacía la ley estatal’” [8].
Aunque la decisión de la Corte en el caso Whiting tendrá impacto directo tanto en el gobierno como los ciudadanos de Arizona, probablemente el alcance más profundo lo veremos más allá de las fronteras del Estado del Gran Cañón. Representa una victoria importante para los estados que intentan contener el negativo impacto de la inmigración ilegal, especialmente en el contexto del empleo.
Charles “Cully” Stimson es investigador legal sénior en el Centro de Estudios Legales y Jurídicos de la Fundación Heritage.
La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.
Referencias
[1] 131 S. Ct. 1968, 563 U.S. __ (2011)
[2] Kris Kobach, “Law and Border”, National Review Online, 4 de julio de 2011, en http://www.nationalreview.com/articles/271090/law-and-border-kris-w-kobach?page=1 (19 agosto 2011).
[3] Robert Rector, “Reducing Illegal Immigration Through Employment Verification, Enforcement, and Protection” Trasfondo Nº 2192 de la Fundación Heritage, 7 de octubre de 2008, en http://www.heritage.org/Research/Reports/2008/10/Reducing-Illegal-Immigration-Through-Employment-Verification-Enforcement-and-Protection.
[4] Whiting, 131 S.Ct. en 2-3.
[5] Ibid, 11.
[6] Ibid, 23.
[7] Solicitud de Certiorari, State of Arizona v. United States (Nº 11-182), en 4.
[8] Whiting, 131 S. Ct. en 22, citando Gade v. National Solid Wastes Mgmt. Ass’n., 505 U.S. 88, 111 (1992).
