La representante Nancy Pelosi (D-CA) lo denominó como “un feliz inicio de un nuevo año”. Eso probablemente le dirá todo lo que necesita saber acerca de las características del acuerdo sobre el abismo fiscal aprobado anoche en la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley (el cual ha prometido firmar el presidente, aunque se marchó de nuevo a Hawái tras la votación) tiene una ratio de incremento de impuestos de 10 a 1 frente a la reducción del gasto. Se trata de la versión del presidente de lo que significa un enfoque “balanceado”.
Además de las subidas de impuestos para los americanos que ingresan más de $250,000 anuales, el acuerdo entre ambos partidos también subirá los impuestos a una inmensa mayoría de trabajadores americanos. ¿Cómo? Debido al fin del intervalo del impuesto sobre la nómina. The Wall Street Journal calcula que una “familia típica americana que gana $50,000 al año” perderá “el respaldo que suponen $1,000 de sus ingresos anuales”.
Por otro lado, unos tipos impositivos más altos afectarán a las pequeñas empresas e inversores, lo que supone una nefasta noticia para un país que necesita nuevos empleos.
“Son las pequeñas empresas que emplean a la mayoría de los trabajadores las que pagarán los tipos más altos”, explica el analista de la Fundación Heritage Curtis Dubay. “Estas subidas en los impuestos a la inversión harán que esta disminuya aún más e incluso tendrán como resultado una menor creación de empleo. Esto supone más malas noticias para los 12 millones de americanos desempleados”.
Aunque el presidente pregonó un “balance” entre subida de impuestos y reducción del gasto, la verdad es que el proyecto de ley aumenta el gasto público en alrededor de $330,000 millones.
Y aunque el Congreso y el presidente fueron sabedores durante estos dos años de que tendrían que hacer algo acerca de todos los tipos impositivos que expiraban, esperaron a hacerlo hasta después de que se hubiera sobrepasado la fecha límite. Esto dio como resultado una legislación a la que la calificación de “irresponsable” se le queda corta.
De hecho, el Senado votó sin conocer el costo del proyecto de ley, pues la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ni siquiera había tenido tiempo de revisarlo.
La legislación quedó aprobada en ambas Cámaras del Congreso en el plazo de 24 horas y en período de vacaciones, lo que significa que los miembros del Congreso (mucho menos los ciudadanos americanos) no tuvieron tiempo para averiguar lo que contenían las 157 páginas del proyecto de ley.
Business Insider observa que todos los nuevos tipos impositivos son “‘permanentes’, lo que quiere decir que el Congreso tendría que acordar su modificación. Y se trata de un acuerdo enorme: casi cada acuerdo fiscal alcanzado por el Congreso desde las rebajas de impuestos de 2001 aprobadas por el presidente Bush ha sido programado para ser eliminado gradualmente en un futuro”.
Y a pesar de todo el perjuicio causado por este acuerdo, el Congreso no ha acabado todavía. Bueno, este Congreso sí: los legisladores salientes terminaron sus mandatos el jueves y ahora se iniciará un nuevo Congreso. Este se enfrentará a las consecuencias reales de las reducciones a todos los niveles en el presupuesto de defensa, conocidas como embargo de fondos, que este acuerdo ha pospuesto durante dos meses.
También tendrá que afrontar la cuestión del límite de la deuda de Estados Unidos. El presidente Obama dijo anoche que no está de humor para otra batalla por el límite de la deuda, incluso si esta es inevitable.
“Aunque negociaré sobre muchas cosas, no tendré otro debate con los miembros del Congreso sobre si este pagará las facturas que ya ha acumulado”, indicó Obama.
Pero el debate se acerca. Esta vez, en vez de fanfarronear, Obama debe cumplir con su promesa de un “enfoque balanceado”, ahora que se ha asegurado sus subidas de impuestos en pro de la lucha de clases. Eso implica hacer reformas para poner freno al gasto, en particular el de los derechos a beneficios. El abismo fiscal de $650,000 millones distrajo al país de la crisis fiscal en ciernes de $48 billones, ocasionada por las obligaciones del Seguro Social y Medicare que carecen de financiación a largo plazo.
Sin las reducciones del gasto y sin una reforma real de los derechos a beneficios, seguiremos teniendo ese “iceberg fiscal” justo delante.
La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.
