| Tweet | |
|
El Departamento de Investigaciones de la ciudad de Nueva York (DOI) anunció este viernes que está investigando los informes referentes a que algunos supervisores del Departamento de Limpieza dijeron a los trabajadores que ralentizaran sus esfuerzos para quitar la nieve como protesta por los recortes presupuestarios. La portavoz del DOI, Diane Struzzi, manifestó a Businessweek: “Estamos mirando a ver si ha habido mala conducta intencionada en la labor de despejar la nieve, si hubo o no una ralentización del trabajo”.
La investigación se dio a raíz de las declaraciones hechas por el concejal de la ciudad Dan Halloran (R-Queens) que les dijo el jueves a los del New York Post que tres trabajadores del Departamento de Limpieza y dos supervisores del Departamento de Transporte lo alertaron acerca de la trama: “[Algunos supervisores] les dijeron que para dejaran rutas sin servir [y] que no quitaran a tiempo la nieve de algunas de las calles principales. Les dijeron que era para hacer pagar al alcalde por los despidos, las eliminaciones de rango de los supervisores, la reducción de personal”. Entre 660 y 720 empleados de la limpieza llamaron avisando que estaban enfermos durante los trabajos de limpieza por la tormenta de nieve – más del doble del índice normal. Pero Halloran admite que no tiene ninguna prueba de una ralentización organizada y el presidente de la Asociación de Oficiales de Saneamiento Joe Mannion niega categóricamente que haya cualquier trama: “Absolutamente no, no hubo ninguna ralentización”.
Cualquier ralentización deliberada que llevara a cabo esta asociación no solo sería moralmente reprobable, sino que también sería ilegal según las leyes del Estado de Nueva York. La llamada Ley Taylor o Ley de Empleo Justo para Empleados Públicos (Public Employees Fair Employment Act) específicamente prohíbe la huelga a los sindicatos del Gobierno de Nueva York. Pero desde su creación, la Asociación de Basureros Uniformados (Uniformed Sanitation Men’s Association, en inglés) ha presentado una demanda contra la ley y Roger Toussaint, el presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte (TWU, en inglés), incluso fue encarcelado por violar la ley después de una huelga en el año 2005.
En la actualidad, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza está enojado con la Oficina del Alcalde por descender de rango a 100 supervisores del Departamento de Limpieza, cerca del 10% de los supervisores. Como ciudades y estados por todo el país continúan enfrenándose a crecientes desfases presupuestarios, las disputas entre sindicatos gubernamentales y las poblaciones a las que sirven solamente incrementarán. Nada menos que ese icono del progresismo como es el presidente Franklin Delano Roosevelt vislumbró el problema inherente de permitir la sindicalización de los empleados del gobierno y escribía así en 1937: “Todos los empleados gubernamentales deberían darse cuenta de que el proceso de negociación colectiva, como por lo general se entiende, no puede trasplantarse al servicio público…. El empleador es todo el pueblo que habla a través de las leyes promulgadas por sus representantes en el Congreso”.
El problema con los sindicatos gubernamentales es que, a diferencia del sector privado, los gobiernos no tienen ningún competidor. Si un sindicato acaba sacándole un contrato a una firma privada y ese contrato se devora sus beneficios, la firma saldrá perdiendo ante la competencia. Pero cuando un sindicato consigue un espléndido contrato con el gobierno, no hay forma de controlar ese gasto. El gobierno, en vez de sentir que tiene que ser disciplinado debido a competidores más eficientes, lo que hace es simplemente pagar el gasto con mayores impuestos o con préstamos.
Pero ahora que los sindicatos han empezado a apropiarse de los estados, gracias a sus abundantes donaciones a los partidos políticos en control del poder estatal, los estados podrían estar llegando al final de su límite de crédito. Estados y municipios tienen actualmente unos 2.8 billones de dólares en bonos por pagar y aún muchos más pasivos ocultos en pensiones que se estima alcanzan los 3.5 billones de dólares.
A pesar de esos pasivos, Moody’s acaba de elevar la calidad de la solvencia de una serie de gobiernos locales. ¿Por qué? Por la misma razón que Moody’s le otorgó su más altas calificaciones a Fannie Mae y Freddie Mac: Rescates financieros anticipados del gobierno federal. Explicando sus calificaciones más altas para la deuda de los estados y gobiernos locales este mes de octubre, Moody’s escribió: “El gobierno federal ha distribuido ampliamente dinero en efectivo a todos los gobiernos estatales durante las recientes recesiones y ha dado respaldo a estados de forma individual después de sufrir desastres naturales”.
El pueblo americano no puede permitirse rescatar a Wall Street, mucho menos a Wall Street y a los sindicatos gubernamentales. El Congreso debe actuar para poner en claro a los acreedores que el gobierno federal no rescatará a los estados.
Este artículo está disponible en inglés en Heritage.org
