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  • No, el presidente no puede violar el límite de la deuda

    Para algunos partidistas —especialmente aquellos que creen en la “Constitución viva”— la Constitución aprueba todo aquello que les gusta y prohíbe aquello a lo que se oponen. Así sucede con el debate sobre el límite de la deuda.

    Repentinamente, políticos que nunca se preocuparon mucho por la fidelidad constitucional, citan una cláusula poco conocida de la Decimocuarta Enmienda como fundamento para que el presidente Obama evite el límite de la deuda impuesto por el Congreso. Su objetivo es dar la patada a las reducciones de gasto que pudieran ser parte de cualquier acuerdo de límite de la deuda y que son esenciales para poner en orden el presupuesto.

    No hay sorpresa ninguna: sus argumentos legales son tan precipitados y flojos como sus irresponsables planes de gasto.

    La Decimocuarta Enmienda prohíbe leyes que hagan renuncia de la deuda de la nación. La sección IV dice: “La validez de la deuda pública de Estados Unidos que esté autorizada por la ley … será incuestionable”. La Corte Suprema estableció que esto significa que “el gobierno no tiene la libertad de alterar o repudiar sus obligaciones”.

    “No se deduce de esto que el límite de la deuda es inconstitucional. La Decimocuarta Enmienda no especifica ninguna forma particular de cumplir con la obligación de responder de la deuda de la nación. El Congreso puede, por ejemplo, subir los impuestos, recortar el gasto, redirigir fondos ya asignados o reducir otros pagos que no son necesarios para satisfacer la “deuda pública”. No hay un requerimiento constitucional de que se endeude.

    De hecho, la acción unilateral del presidente de pedir prestado dinero sería una usurpación del poder legislativo, un acto inconstitucional. La Constitución [en el artículo I, sección VIII] confiere el poder de “pagar las deudas y proveer la defensa común y el bien general de los Estados Unidos” y el poder de “pedir prestado dinero contra el crédito de los Estados Unidos” al Congreso, no al presidente. El presidente carece de la autoridad de, por sí solo, realizar gastos que no ha autorizado el Congreso (debido a que el Congreso ha impuesto un límite de la deuda que anula cualquier otra autorización) o acometer un endeudamiento que no fue autorizado por el Congreso”.

    Piense solo por un momento en el argumento en contrario. Si el presidente pudiese pedir prestado por sí mismo a pesar de una ley que fija un límite de la deuda, ¿por qué no podría simplemente elevar los impuestos en su lugar? La respuesta es la misma: ese poder se le confiere al Congreso, no al presidente.

    En cualquier caso, la mayoría del presupuesto federal no está sujeto a la Decimocuarta Enmienda. Como ha establecido la Corte Suprema, se aplica solo a los pagos exigidos para satisfacer las deudas en que se incurre “en virtud del poder de pedir prestado dinero contra el crédito de Estados Unidos”. La Corte Suprema, de forma explícita, sostuvo que “los acuerdos contractuales, con inclusión de aquellos en que un soberano mismo es parte, quedan sujetos a ulterior legislación del soberano“ — esto es, el gobierno federal. Mientras que el gobierno federal está obligado a responder de sus deudas, no está constitucionalmente comprometido a llevar a cabo ningún gasto más.

    Así que repasemos las cifras: los gastos que satisfacen la “deuda pública” de la nación comprenden solo una pequeña proporción del gasto total federal. Menos del diez por ciento del gasto total federal en el presupuesto de 2012 del presidente se dedicaría a cubrir el interés neto de la deuda nacional y algún pequeño porcentaje cubriría otras deudas acumuladas. Viéndolo de otra forma, el gasto deficitario constituye cerca de 43 centavos de cada dólar de gasto federal. Esto significa, incluso sin acuerdo para elevar el límite de la deuda, que no habrá obstáculo al gasto de 57 centavos por cada dólar. En otras palabras, el gobierno federal tendría que vivir dentro de los límites que le imponen sus medios.

    El argumento de fondo es que la sección IV de la Decimocuarta Enmienda es un límite sobre el poder del Congreso de renunciar a la deuda de la nación y no un cheque (casi literalmente) en blanco para el presidente. Tomen nota, constitucionalistas de fin de semana: algunas veces la Constitución no los lleva donde quieren ir.

     

    La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.

     

    Posted in Constitucionalismo, Economía, Estudios, Gobierno de Estados Unidos, Opinión, Principios Fundacionales