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¡No me grabes, broder! Policía confisca celular para que no los graben

Esposado

Al Cook Stock Connection Worldwide/Newscom


Era su teléfono celular. Era de su propiedad. Y estaban maniatando a su esposo en el suelo.

Sin embargo, cuando Heather Donald utilizó su teléfono celular para grabar el arresto de su esposo Thomas, la policía le quitó el teléfono y después le exigió que borrara la grabación. Al hacerlo, violaron su derecho recogido en la Primera Enmienda de grabar e informar sobre la conducta policial.

Según la oficina de policía del condado de Crawford, los agentes respondieron a una llamada de Heather sobre un posible allanamiento. Cuando llegaron a la casa de los Donald, Thomas les apuntó con lo que parecía una pistola cargada. Heather comenta que su esposo sostenía la “escopeta abierta” con su mano izquierda mientras en su mano derecha tenía el cartucho para indicar que el arma no estaba cargada y para asegurarles a los agentes que no suponía una amenaza. Todos concuerdan con que un agente, Shawn Shoor, apuntó con su pistola a Thomas y le dijo que se tumbara en el suelo. Thomas obedeció y Shoor lo esposó.

Heather no interfirió en ningún momento en la labor de Shoor. Sin embargo y puesto que le preocupaba que su esposo estuviera siendo maltratado, empezó a grabar lo que sucedía con su teléfono celular. En el video, Shoor le dice a Heather que “ya puede dejar” de grabar. Al continuar haciéndolo, un segundo agente le informa de que la policía necesita llevarse el teléfono como “prueba”. Entonces, ese segundo agente le confisca el teléfono celular.

Heather afirma que los agentes le exigieron más tarde que borrara el video antes de devolvérselo y así lo hizo, aunque un programa de recuperación le permitió salvar la grabación.

Si Heather fue realmente obligada a borrar la grabación, se trató de un indignante caso de abuso de autoridad policial y una violación de los derechos constitucionales de Heather. La Primera Enmienda garantiza el derecho a grabar e informar sobre cuestiones de interés público. E impide que el gobierno limite la cantidad de información disponible para la opinión pública, del mismo modo que nos protege frente a los métodos policiales agresivos.

Como dictaminó la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Near contra Minnesota, “Al determinar el alcance de la protección constitucional [de la prensa], se ha considerado de forma general, cuando no universal, que el principal propósito de dicha garantía es impedir las anteriores restricciones”.

En consecuencia, las cortes federales que han tratado este tema han mantenido que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de grabar a los agentes que estén desarrollando sus funciones en lugares públicos, aunque este derecho está sujeto a ciertas restricciones razonables de tiempo, lugar y forma. Puesto que Heather se encontraba en su propia casa, ninguna de esas restricciones se podría aplicar al hecho de que grabase el arresto.

Afortunadamente, aunque se pudo conservar la grabación de Heather, deberíamos insistir en que los agentes públicos respeten el derecho recogido en la Primera Enmienda a realizar grabaciones como ésta. Hoy en día, los teléfonos celulares representan un medio de grabación y publicación de la información cada vez más importante. Permitir que los agentes obliguen a los ciudadanos a borrar las grabaciones de video de sus teléfonos celulares fomentaría el que esos mismos agentes fuesen en contra de un medio tremendamente eficaz para exponer posibles violaciones de las libertades individuales. No podemos permitir que nos coarten de esa forma.

 

La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org. 

 

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