WebMemo #3022
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), ley de salud firmada por el presidente Obama en marzo de 2010, cambiará en profundidad el actual sistema de seguros medicos mediante la imposición de obligaciones sobre individuos y empresas, la expasión de Medicaid y la introducción de nuevos impuestos y sanciones que ayuden a pagar por el incrementado “compromiso del presupuesto federal con la atención médica”.
Al contrario de la principal intención de la ley, la combinación de obligaciones e impuestos no ayudará a reducir el déficit. De hecho, la PPACA probablemente aumentará el déficit presupuestario en un promedio de $75 mil millones anuales y, en consecuencia, la deuda nacional con garantía pública será de $753 mil millones más al terminar 2020. Tales deudas astronómicas compiten con otras inversiones productivas y conducirán a la pérdida de 670,000 puestos de trabajo cada año.
El análisis dinámico confirma los temores
Era el objetivo de la reforma del sistema de salud ser neutral con respecto al déficit — según el método de la Oficina de Prespuesto del Congreso (CBO)— durante los diez primeros años de su entrada en vigor. Para conseguir ese objetivo, la nueva ley impone inmediatamente una combinación de nuevos impuestos a las personas de altos ingresos, los aparatos médicos y los medicamentos e introduce recortes de gasto en Medicare. Además, la PPACA retrasa los pagos de los subsidios para hacer asequibles los seguros a aquellos con menos ingresos y que las extensiones de Medicaid cubran a más personas no aseguradas.
Sin embargo, el análisis presupuestario estático es limitado — no tiene en cuenta la alteración de la combinación de gastos e impuestos en el rendimiento macroeconómico de la economía y cómo interacciona con el presupuesto. Una simulación dinámica nos muestra que los altos costos iniciales no son una inversión que compense con mayor rentabilidad al pasar el tiempo. De hecho, estos costos iniciales ralentizan el crecimiento económico con mayor inflación y mayores tasas de interés, lo cual supera con mucho los beneficios que la propuesta esperaba se produjeran en los siguientes años.
Los impuestos, penalizaciónes y cuotas que la ley impone a inversores y empresas disminuirán las cantidades invertidas en la economía. Esta inversión reducida llevará a su vez a un declive de la productividad y la economía producirá $706 mil millones menos de bienes y servicios. Una torta económica más chica significa que los trabajadores tendrán menores salarios. Mayores impuestos a la inversión también subirán la presión sobre los tipos de interés, al querer los inversores conseguir su deseada tasa de rentabilidad tras el pago de los impuestos [1].
Menores sueldos reducen la cantidad de ingresos sujeta a impuestos. Esto incrementará el déficit y hará crecer la deuda total — lo que a su vez añade presión sobre las tasas de interés y compite con algunos ahorros que podrían haber ido a nuevas inversiones productivas.
Mayores tipos de interés significa que más impuestos irán a parar al pago del interés de la deuda federal en vez de ir a devolver el principal. Las simulaciones que usan análisis dinámico estiman que el gobierno gastará de promedio unos $23 mil millones más anualmente en pagos de interés durante el periodo 2010–2020 de lo que ocurriría sin la PPACA.
Una vez que el gobierno empiece a pagar por el seguro médico de los particulares a través de subsidios y empiece a añadir personas a los programas gubernamentales de seguros en la segunda mitad de la década, la deuda crecerá muchísimo. Tras diez años, la deuda con garantía pública será de $753 mil millones más de lo que hubiese sido de otra manera.
Mayores primas
En su análisis de la PPACA, la CBO calcula que las primas de los seguros médicos para el mercado de usuarios individuales (non-group) aumentarán de forma significativa, fundamentalmente por la obligación que se impone a los planes de proporcionar un nivel más generoso de cobertura de lo que la mayoría hace ahora, a la vez que se elimina casi totalmente la opción de la cobertura de protección para eventos catastróficos. Además, una notable cantidad aún mayor de personas sufrirán estas primas más altas después de que la creación de los sistemas especializados de seguro médico empiece a competir con el mercado de los patrocinados por empresas y después de que el mandato individual inste a los no asegurados a comprar cobertura [2]. El resultado será un incremento general en la cantidad absoluta de gasto en primas (esto es, privadas y públicas).
La prima y el incremento de gastos médicos presionará hacia arriba los precios. Por eso, el gasto nominal (esto es, la cantidad real de dólares gastados) que el gobierno estima en subsidios y pagos para el mayor número de afiliados de Medicaid en realidad comprará atención médica de un menor nivel de. A su vez, el gobierno o tendrá que gastar más dinero en proveer de seguros adecuados a los individuos o tendrá que racionar ulteriormente los pagos a los proveedores médicos. Este incremento no previsto del gasto aumenta aún más el déficit que contribuye a la deuda federal.
El análisis dinámico muestra que la nueva ley costará 670,000 empleos netos perdidos, muchos de los cuales se perderán en la industria de servicios de salud. Estas pérdidas representan tanto recortes de trabajos como trabajos que no serán nunca creados porque la gente con talento elegirá especializarse en otras industrias que no estén sujetas a las restricciones de pagos gubernamentales. A la vez, los nuevos afiliados o subsidiados por el gobierno provocarán un aumento de la demanda de servicios. A su vez, los precios se incrementarán más de lo previsto, y habrá mayor racionamiento. Así, la ley fracasará en su objetivo primario: permitir mayor acceso a la atención médica al mismo tiempo que cambia la tendencia de costo hacia abajo”.
Más impuestos para los creadores de empleo
La PPACA también incrementa en un 0.9% el componente de los impuestos sobre nóminas e ingresos de empleados por cuenta propia por encima de $200,000 ($250,000 en declaraciones conjuntas) del seguro hospitalario de Medicare. Un aumento del que recaudará unos $18 mil millones. Este “impuesto a los ricos”, sin embargo, en realidad afectará a pequeñas empresas y asalariados ya que el impuesto sobre el seguro hospitalario se aplica a los ingresos directos de sociedades colectivas como entidades que traspasan los atributos tributarios y pagan impuestos como particulares. En realidad, casi $16 mil millones del total de $18 mil millones de ingresos vendrán de ese tipo de contribuyentes que han traspasado algo de sus atributos tributarios. Los pequeños negocios (de todos los niveles de ingresos) que liquidan impuestos como particulares —incluso aquellos que ya tienen pérdidas— verán un aumento tributario.
En un momento en que las empresas toman difíciles decisiones sobre despidos, los negocios de éxito pueden verse abocados a aumentos de impuestos de miles de dólares. El incremento promedio del impuesto para pequeñas empresas que liquidan como particulares sería de unos $600.
La derogación es necesaria
Los mandatos añaden rigideces a la economía, lo que a su vez reduce la capacidad de la economía para hacer los ajustes necesarios ante las siempre cambiantes condiciones económicas. Esta falta de flexibilidad reducen el crecimiento económico al sofocar las innovaciones que una población dinámica exige, resultando en crecimiento económico más lento, periodos más largos de desempleo y menores oportunidades para ahorrar e invertir tan necesarias para los ahorros de las familias.
Una mezcla de mandatos e impuestos no servirá para reducir los costos médicos o garantizar que todos los ciudadanos tengan buen acceso a la atención médica. En vez de eso, los mandatos pesarán sobre las empresas, ya agobiadas, con nuevos costos; y castigarán a los individuos por no tener trabajos mejor pagados. Los nuevos impuestos serán una pesada carga tanto para las pequeñas empresas como para las grandes, y obligarán a muchas compañías a despedir empleados, penalizando aun más a los trabajadores. La mejor manera de prevenir mayor daño a la economía es derogar la nueva ley.
La Dra. Karen A. Campbell es analista de macroeconomía, Guinevere Nell es programadora y Paul L. Winfree es analista del Centro de Análisis de Datos de la Fundación Heritage.
La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org




