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Obamacare y su impacto sobre las futuras generaciones

WebMemo #2921

El presidente Obama y otros propulsores de la recientemente aprobada ley de salud arguyen que había una desesperada necesidad de mejorar el sistema de salud tanto para los ciudadanos de hoy como para las futuras generaciones.

Pero hay muchas razones para estar preocupado con que esta nueva ley, proporcionará en vez tanto un sistema de salud de menor calidad así como un gobierno más caro y gravoso para los contribuyentes de años venideros.

Otro programa de derechos a beneficios fuera de control

La pieza fundamental de esta legislación es la expasión de la cobertura a gran escala. El programa Medicaid se amplía para cubrir todos los hogares con ingresos de hasta el 133% del nivel federal de pobreza y se concede seguro subsidiado a familias que estén entre 133% y 400% del nivel federal de pobreza. La la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que estas dos extensiones pondrán a 34 millones de personas en las listas federales de derechos a beneficios para 2017 [1]. Además, para 2019, dice la CBO  que el costo de estas disposiciones de “cobertura” aumentarán muy rápidamente y en línea con los crecientes costos de los actuales programas de derechos a beneficios, incluyendo Medicare.

Los proponentes alegan que los aumentos de impuestos y reducciones de gasto de la ley serán más que suficientes para pagar los costos añadidos de otra gran ampliación del gasto federal. Y, de hecho, las estimaciones de costo de la CBO  muestra una reducción neta del déficit para las disposiciones relacionadas con la salud de esta ley de $124 mil millones para el período 2010–2019.

Pero, por muchas razones, el impacto sobre los futuros contribuyentes es verosímilmente mucho más adverso que lo que indican las estimaciones de la CBO .

El verdadero costo de la ley

La omisión del “Doc fix” en Medicare. La administración Obama y los líderes del Congreso han elegido utilizar todos los aumentos de impuestos y recortes de gastos que pudieron encontrar para crear otro derecho a beneficios en lugar de pagar para arreglar el llamado Doc fix [mayor compensación para profesionales de Medicare pero que no tiene presupuesto dentro de la ley de salud]. Con la legislación actual, estos honorarios se recortan un 21% en junio [de 2010]. La administración Obama quiere deshacer de forma permanente este recorte, pero no ha previsto ningún ahorro en otro lado para compensar el gasto. El resultado será un incremento de gasto de entre $250 mil millones a $400 mil millones en la próxima década. Aprobar un doc fix sin fondos para ello barre todos los supuestos ahorros de la nueva ley y añade una enorme carga sobre los futuros contribuyentes.

El truco de CLASS. La nueva ley de salud crea un programa de seguro voluntario para el cuidado extendido llamado Programa de Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir en la Comunidad (CLASS, por sus siglas en inglés). Los que se suscriban deberán pagar primas durante cinco años para poder tener derecho al pago del beneficio. Por consiguiente, las primas de estos suscriptores producen un pequeño extra —unos $70 mil millones en los próximos diez años, según la CBO — que los defensores de la ley de salud dicen que es una reducción del déficit. Pero estas primas se necesitarán en breve para hacer los pagos de ese programa.

Además, el actuario jefe del programa Medicare prevé que el programa sufrirá aguda selección adversa [atraerá a gente que enseguida enfermará] [2]. Cuando eso ocurra, el programa necesitará hacer una drástica reducción de pago de los beneficios o un rescate federal de envergadura. Por tanto, no sólo es inapropiado decir que esos $70 mil millones de primas son ahorros, sino que el programa casi con certeza será una nueva carga para los futuros contribuyentes.

Recortes de Medicare. Tanto la CBO como el actuario jefe del programa Medicare han dicho que los recortes de gastos de Medicare no se pueden contabilizar por duplicado — para pagar una nueva ampliación de derechos a beneficios y para afirmar que las perspectivas financieras de Medicare han mejorado [3]. Pero esto es exactamente lo que hacen los que proponen esta nueva legislación. Si los recortes de Medicare y los aumentos de impuestos para el fondo de hospitales (unos $400 mil millones durante 10 años, según la CBO  [4]) se utilizan sólo para mejorar la capacidad del gobierno de hacer frente a futuros pagos de Medicare, entonces la ley de salud se convierte en un masivo ejercicio de gasto deficitario.

Pero los problemas no terminan aquí. Muchas de los supuestos hechos para calcular las proyecciones oficiales de costos probablemente resultarán haber sido extremadamente optimistas.

Estimaciones de empleados que pierden cobertura en su trabajo. Los nuevos mecanismos del sistema especializado de seguro médico que los estados implementarán concederán de forma masiva nuevos subsidios a los hogares de salarios bajos a moderados. Por ejemplo, al 200% del nivel federal de pobreza, el subsidio para una familia de cuatro miembros alcanzará cerca de $11,000 en 2014. Pero la CBO  estima que sólo tres millones de americanos pasarán de seguros pagados por el empleador al sistema especializado de seguro médico para aprovechar los subsidios, a pesar de que hay unos 130 millones de americanos por debajo de los 65 años cuyos ingresos están por encima de una a cuatro veces del nivel federal de pobreza. Por contraste, Douglas Holtz-Eakin y Cameron Smith del American Action Forum han estimado que cerca de 35 millones de personas pasarán a estar subsidiadas y dejarán la cobertura de salud de su trabajo. Si se diera este caso, el costo a diez años de las disposiciones ampliando la cobertura se dispararía a $400 mil millones más [5].

Presión inflacionista en los cuidados médicos. Si, como proyecta la CBO, unos 30 millones de personas o más obtienen cobertura integral fuertemente subsidiada, ciertamente sucederá que la elevada demanda por los servicios médicos presionarán la subida de precios de estos servicios. Por supuesto, en seguros regulados por el gobierno, como Medicaid, los honorarios no son tan flexibles. Pero en los planes privados, no hay nada que impida que, debido al aumento en la demanda, suba el precio de los honorarios en los próximos años.

Rebajas arbitrarias del gobierno al pago de los servicios

El presidente ha hablado de la necesidad de “cambiar la tendencia de los costos” de la atención médica “reformando el sistema de cómo se prestan los servicios”. Pero las disposiciones de Medicare dirigidas a cambiar la forma cómo médicos y hospitales se organizan y prestan sus servicios son fundamentalmente pequeños proyectos piloto sin probar que muy probablemente no cambiarán la estructura de costos médicos de Estados Unidos.

El verdadero recorte de costos de la ley llega como rebajas de las tasas a pagar del programa Medicare que se aplicarán de forma general, afectando a todos los servicios, sin consideración a valoración alguna de la calidad de los servicios. El actuario jefe del programa Medicare cree que estos recortes acabarán forzando el abandono a gran escala del programa Medicare por parte de los hospitales que ya no puedan permitirse admitir pacientes a precios por debajo del costo que establezca el gobierno [6].

El efecto opuesto

El presidente y los líderes demócratas del Congreso han sostenido que un beneficio básico de la ley de salud será la reducción de las presiones a largo plazo sobre el presupuesto y por consiguiente un mejor futuro para las generaciones venideras de contribuyentes. Pero cuando se ajusta el cálculo de los costos tomando en consideración omisiones, trucos, doble contabilización y supuestos no realistas, está claro que la nueva ley de salud incrementará, no aligerará, la carga.

Una reciente estimación proyecta que la nueva ley añadirá más de $500 mil millones a la deuda en los próximos 10 años y unos $1.5 billones en la siguiente década [7]. Y todo recorte de gastos que se lleve a cabo con la nueva ley será sólo bajo la forma de arbitrarios controles gubernamentales que pondrán barreras al acceso a la atención médica en años futuros.

James C. Capretta es investigador del Centro de Ética y Política Pública de la Fundación Heritage.
La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org
Referencias
[1]  Douglas W. Elmendorf, Director, Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), Carta a la Honorable Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, 20 de marzo de 2010, en http://www.cbo.gov/ftpdocs/113xx/doc11379/Manager’sAmendmenttoReconciliationProposal.pdf (28 mayo 2010).
[2]  Richard S. Foster, Actuario jefe, Centros de Servicios Medicare y Medicaid, “Estimated Financial Effects of the ‘Patient Protection and Affordable Care Act,’ As Amended,” 22 de abril de 2010, en http://www.politico.com/static/PPM130_oact_memorandum_on_financial_impact_of_ppaca_as_enacted.html (28 may 2010).
[3]  Blog del director de la CBO, “Effects of the Patient Protection and Affordable Care Act on the Federal Budget and the Balance in the Hospital Insurance Trust Fund,” 23 de diciembre de 2009, en http://cboblog.cbo.gov/?p=448 (28 mayo 2010).
[4]  Douglas W. Elmendorf, Carta al Honorable Paul Ryan, Miembro de mayor jerarquía de la minoría del Comité de Presupuestos, Cámara de Representantes, 19 de march de 2010, en http://www.cbo.gov/ftpdocs/113xx/doc11376/RyanLtrhr4872.pdf (28 mayo 2010).
[5]  Douglas Holtz-Eakin y Cameron Smith, “Labor Markets and Health Care Reform: New Results,” American Action Forum, Mayo de 2010, en http://americanactionforum.org/files/LaborMktsHCRAAF5-27-10_0.pdf (28 mayo 2010).
[6]  Blog del director de la CBO, “Effects.”
[7]  Douglas Holtz-Eakin y Michael Ramlet, “The Fiscal Implications of the Patient Protection and Affordable Care Act,” Health Affairs” (a la fecha, por publicarse).
Posted in Análisis, Derecho a beneficios, Estudios, Gobierno de Estados Unidos, Informes, Sistema de Salud, WebMemo