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WebMemo #2873 
La agenda de la administración Obama respecto a la política de salud —plasmada en las dos gigantescas propuestas de leyes de salud (H.R.3590 y H.R.4872)— es ya ley. 
La justificación de los onerosos impuestos, obligaciones sin precedentes, gasto deficitario y sofocante regulación gubernamental de la nueva ley es que ahora millones de americanos pasarán a tener seguro. Pero el impacto real de Obamacare en los que no lo tienen no es lo que muchos ciudadanos podrían haberse esperado.
La forma errónea de ampliar la cobertura
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) informa que la nueva ley de salud reducirá el número de los que no tiene seguro en 32 millones de personas para 2019 [1]. Sin embargo, esto no significa que se alcance la cobertura universal — 23 millones de americanos seguirán sin cobertura, incluyendo a inmigrantes ilegales.
De esos ciudadanos que pasan a ser asegurados, se añadirá 16 millones a Medicaid y 24 millones obtendrán cobertura en el sistema especializado de seguro médico de nueva creación. Además, se estima que unos tres millones de ciudadanos perderán el seguro médico que paga su empleador y otros cinco perderán su actual cobertura no colectiva u otras formas de cobertura existentes.
Obamacare amplía la cobertura ampliando el tamaño del gobierno.
En vez de hacer que los mercados de seguros de salud respondan mejor a los deseos y necesidades personales de los americanos, los legisladores han promulgado su planteamiento de arriba abajo que impondrá su voluntad al resto del país. Esta “reforma” resultará en menos opciones y menor competencia para los consumidores y, aunque más ciudadanos estarán “cubiertos”, la calidad de esta cobertura disminuirá. Además, ciertas disposiciones de las nuevas leyes harán menos deseable conseguir seguro médico debido a los crecientes costos, lo que causará que incluso más americanos dejen o pierdan su cobertura.
Millones de ciudadanos acabarán en Medicaid
Para dar cobertura a ciudadanos de bajos ingresos sin seguro, Obamacare amplía el derecho a entrar en Medicaid a todos los americanos que estén por debajo del 133% del nivel federal de pobreza. Sin embargo, Medicaid es un programa federal de bajas prestaciones y baja calidad que no satisface las necesidades de sus beneficiarios. Por ejemplo, el imposibilidad de Medicaid a la hora de pagar los costos que a los profesionales de la salud les supone atender a los pacientes de este programa ha reducido en gran medida el número de médicos que quieren atender a tales pacientes.
Como resultado, los beneficiarios de Medicaid son hoy más dependientes de los servicios de emergencia que los no asegurados. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control de Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC), los pacientes de Medicaid constituyeron el 25.5% de todas las visitas a emergencias en 2006, mientras que los no asegurados fueron sólo el 17.4%. Peor aún, la tasa de visitas a emergencias de los pacientes de Medicaid era mayor que la de los no asegurados: De cada 100 pacientes, 82 eran pacientes de Medicaid mientras que los que no tenía seguro eran 48 de cada 100 pacientes sin asegurar [2].
Aumentar el número de americanos que dependan de Medicaid empeorará las actuales carencias del sistema. Los estados se enfrentan ya a numerosos recortes debido a la disminución de ingresos fiscales, una tendencia que se espera continúe en próxmos años [3]. Aunque bajo la nueva ley, el gobierno federal cubrirá los costos de la ampliación de los beneficios en los años iniciales, los estados tendrán que pagar los costos administrativos adicionales de la ampliación. Y después de 2017, los estados también empezarán a pagar una parte de la ampliación de los beneficios.
Esta creciente carga financiera forzará a los legisladores estatales a hacer recortes en sus presupuestos, bien en otros programas estatales o en el propio Medicaid, lo cual significaría beneficios reducidos o reembolsos aun más reducidos para los médicos. Ambos resultados serían desastrosos para el acceso a cuidados de calidad de los beneficiarios de Medicaid. Bajo la nueva ley, el gobierno federal pagará para incrementar las tasas de reembolso a los médicos de cabecera hasta igualar las que se pagan por Medicare — pero sólo los dos primeros años, dejando luego al programa Medicaid en el mismo estado lamentable en el que empezó.
Por último, los conocidos ejemplos de ampliaciones de Medicaid, como la ampliación del TennCare en Tennessee, han mostrado que añadir a Medicaid a los no asegurados no incrementa los resultados positivos en cuanto a salud se refiere. Por ejemplo, Brian Blase, experto de política de salud de la Fundación Heritage, ha encontrado que tras la extensión de TennCare, los resultados en la salud de los ciudadanos emperoraron en Tennessee, y que la tasa de mortalidad descreció mucho más lentamente que en los estados limítrofes que no extendieron sus programas Medicaid [4].
Aumentar las primas reducirá el número de los nuevos asegurados
Nuevas y estrictas normas de los seguros dispararán los costos de la cobertura hasta por las nubes, motivando a que los que actualmente no tienen seguro, sigan sin él. De acuerdo con los analistas de la Fundación Heritage Rea Hederman y Paul Winfree, los intentos por microadministrar la industria de los seguros “tratando de arreglar una política defectuosa (las restricciones a las tasas de reembolso a los médicos y requisitos de aceptación garantizados para nuevos clientes) sólo hace el resultado aún peor” [5]. En este caso, las malas políticas afectarán adversamente la capacidad de la nueva ley para incrementar el número de los asegurados.
Una disposición de aceptación garantizada de nuevos clientes permitirá a los ciudadanos esperar hasta que enfermen para contratar un seguro, lo cual dispará las primas. El mandato individual busca combatir este efecto obligando a todos los americanos a comprar seguro antes de que enfermen. Sin embargo, ya que la penalización será mucho menos cara que el costo de un plan de seguros, esta disposición no conseguirá la cobertura universal que busca y los consorcios de riesgo de los seguros empezarán a tener casi en exclusiva a aquellos que necesitan los seguros más que nadie: enfermos y ancianos. Los americanos más jóvenes y sanos probablemente elegirán pagar la penalización, comprando seguros sólo cuando lo necesiten.
Los efectos que esto tendrá en las primas se exacerbará con la inclusión de la calificación comunitaria que prohíbe a las compañías de seguros aumentar las primas a clientes de mayor edad más de tres veces la cantidad cargada a los más jóvenes. Los americanos jóvenes y sanos serán los perdedores en la ecuación: La Associated Press cree que las primas de adultos jóvenes se incrementarán un 17%, provocando así que un menor número de éstos compre seguro [6].
Quitar pacientes jóvenes y sanos de los consorcios de riesgo resultará a su vez en mayores incrementos de las primas, ya que sólo quedarán pacientes enfermos y ancianos, creando una “espiral de muerte” a medida que causa y efecto se entrelacen y las primas imparablemente suban aún más, lo que a su vez hará que más americanos abandonen su seguro.
Por último, la nueva ley exige que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) obligue a que todos los planes de salud cubran ciertos beneficios y servicios . Incrementar el valor de todos los planes de salud, por supuesto, incrementará su costo, agravando todavía más los problemas anteriormente mencionados.
Algunos perderán su actual cobertura
Las filas de los que actualmente no están asegurados simplemente no se reducirán con la nueva ley. Más bien, a medida que varios millones de americanos consigan nueva cobertura, un importante número de usuarios también perderá la que actualmente tienen a consecuencia de esta revisión general del sistema de salud. Según la CBO, unos 8–9 millones de americanos que actualmente tienen seguro pagado por su empresa, lo perderán. De estos, 1–2 millones pasarán del seguro pagado por la empresa a entrar en el sistema especializado de seguro médico [7]
El origen de la pérdida de los seguros pagados por las empresas es que, bajo la nueva ley, las compañías pagarán una multa de $2,000 por no ofrecer seguro a sus empleados. Sin embargo, como nos dicen los analistas de la Fundación Heritage John Ligon y Robert Book, incluso si los empresarios ofrecen seguro, si los empleados de bajos ingresos tienen derecho a comprar dentro del sistema especializado de seguro médico y lo hacen, el empresario pagará una multa de $3,000. Para los empresarios que contratan una alta proporción de trabajadores de bajos ingresos, esto es un fuerte incentivo para abandonar la cobertura completamente y será en detrimento de otros empleados que no recibirán subsidios para comprar seguros en el sistema especializado de seguro médico [8].
Aunque el efecto neto de la nueva ley del sistema de salud sea incrementar el número de los asegurados, varios millones de americanos también perderán su cobertura como efecto directo de la profunda revisión federal. Puede que muchos americanos que no se describirían actualmente como no asegurados, se sorprendan cuando lo tengan que hacer en próximos años como resultado de la agenda de salud del presidente Obama.
No es lo que se prometió
El presidente Obama y los líderes del Congreso prometieron al pueblo americano que la reforma del sistema de salud incrementaría el acceso a la atención médica, simultáneamente tendría más opciones, habría más competencia y se pondría freno a los crecientes gastos de salud. En vez de eso, los legisladores convirtieron en ley un planteamiento gubernamental vertical, de mano dura, que aumentará la cobertura a expensas de los otros dos objetivos: se limitarán las opciones y se incrementará el gasto [9].
Además, más de la mitad de los nuevos asegurados se verán sujetos a la baja calidad de la cobertura ofrecida por Medicaid y varias disposiciones de la ley o bien persuadirán a los no asegurados a no buscar cobertura o bien harán perder su seguro a los que ahora lo tienen.
Kathryn Nix es experta del Centro para Estudios de Política de Salud de la Fundación Heritage.
