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A veces la Casa Blanca se equivoca con las preguntas fáciles. El martes se le preguntó al vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, acerca de una controvertida obligación legal que surge de Obamacare la cual exigiría que los empleadores de organizaciones religiosas incluyeran el control de la natalidad en su cobertura médica a pesar de objeciones religiosas.

La normativa en cuestión, publicada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), cae bajo la categoría de “servicios preventivos” y exigiría que casi todos los planes de seguro médico cubran todo: desde los anticonceptivos aprobados por la FDA hasta esterilizaciones — sin costo alguno para los asegurados. El mandato legal incluye cobertura para controvertidos productos farmacéuticos como Ella — también conocida como la píldora del día después y que puede provocar un aborto en las primeras etapas. Los empleadores de organizaciones religiosas con graves objeciones morales para proveer tales servicios encontrarán poca ayuda en la estrecha dispensa religiosa del mandato de Obamacare. Desde que se propuso en agosto, el mandato ha recibido duras críticas por la forma cómo trata los derechos de conciencia.

Sería fácil concluir que la opción óptima es la defensa de los derechos religiosos de personas e instituciones. Pero con este mandato, la Casa Blanca parece empeñada en ahogar esa libertad.

Carney tranquilizó a los periodistas afirmando: “Queremos alcanzar el equilibrio correcto entre aumentar la cobertura de los servicios preventivos y el respeto por las creencias religiosas”.

Pero el mandato exige que los empleadores de organizaciones religiosas provean cobertura para métodos de control de natalidad que podrían resultar en abortos, un serio menoscabo a la libertad religiosa en América.

A pesar de la dispensa religiosa existente en el mandato de Obamacare del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para el acceso a anticonceptivos, muchos empleadores de organizaciones religiosas previsiblemente no van a poder aplicar esa dispensa. Esta sólo está al alcance de organizaciones cuya misión básica sea “inculcar valores religiosos” — lo que podría excluir, entre otros, a muchos proveedores religiosos de servicios.

Pero los empleadores de organizaciones religiosas, como todos los americanos, no aceptarán la estrecha definición del mandato afirmando lo que constituye dispensa religiosa. Tal y como está redactado el mandato, la libertad religiosa de organizaciones o entidades con una afiliación religiosa que ofrezcan servicios sociales o que ayuden a gente necesitada puede no estar protegida.

El exinvestigador de Heritage Chuck Donovan señalaba que, aunque “la ley federal exige respeto para la conciencia de los profesionales de la salud en muchos de estos asuntos…. las nuevas directrices del HHS muestran falta de respeto por la libertad de conciencia”.

El Subcomité de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara concluyó que la dispensa es tan estricta que celebraron una audiencia para abordar su grave amenaza a los derechos de conciencia. Como testificaron algunos declarantes, ningún americano debería verse obligado a elegir entre comprometer sus creencias y obedecer regulaciones gubernamentales — y eso es exactamente lo que este mandato forzaría a hacer a los empleadores de organizaciones religiosas.

Al no proteger los derechos de esas dedicadas organizaciones religiosas, que a menudo dan servicio sin considerar la religión del receptor, el gobierno hace un mal servicio a los ciudadanos americanos que dependen de ellas. Las organizaciones religiosas a menudo cubren necesidades médicas, educativas y sociales que son de vital importancia para la sociedad y es algo que el gobierno debería recompensar, no castigar.

El clamor que suscita el mandato está surgiendo por todas partes. Belmont Abbey, una universidad católica privada de Carolina del Norte se ha asociado con el Becket Fund for Religious Liberty para demandar judicialmente al HHS a causa de ese mandato. El mismo obligaría a la universidad a proveer planes de seguros para estudiantes y empleados que cubran procedimientos y recetas que la universidad cree son moralmente objetables.

La administración Obama se ha dedicado a complacer sobre este asunto a los progres de la comunidad pro-derechos abortivos y es hora de que reconozca que esta opción equivocada. Si Obama quiere defender la libertad religiosa americana tal como se concibió debería alterar la ofensivamente estricta definición de la dispensa religiosa de este mandato y permitir que florezcan los derechos de conciencia y libertad religiosa.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.