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EL PROBLEMA:

Estados Unidos está en guerra. Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha detenido a combatientes irregulares extranjeros según la ley de la guerra y la Autorización del Congreso para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF).

Aunque la Corte Suprema ha fallado que la AUMF permite al gobierno detener sin cargos al enemigo, ha promulgado una serie de decisiones que han invadido el ámbito tradicional de los poderes electos del gobierno. Esta extralimitación de la Corte ha creado una peligrosa incertidumbre para los encargados de dirigir la guerra. El presidente deberá buscar, y el Congreso aprobar, legislación apropiada que defina quién es el enemigo y qué derechos tiene, al margen de dónde se le captura o retiene. Deben utilizarse todas las herramientas dentro de la autoridad del poder ejecutivo, incluidas las comisiones militares y, en casos limitados justificados, remitirse casos a las cortes federales. El presidente debería proveer inmediatamente a las comisiones militares con los mejores recursos que nuestro país tiene que ofrecer, incluyendo los mejores fiscales y los mejores abogados defensores.

LOS HECHOS:

• Invasión judicial de competencias. En 2008, la Corte Suprema, por primera vez en la historia, confirió el derecho de habeas corpus a combatientes irregulares extranjeros capturados y retenidos fuera del país. Esta decisión y otras decisiones relacionadas muestran a una Corte que ha decidido hacer política en un hecho sin precedentes y donde no hay directrices de los poderes electos del gobierno.

• No hay definiciones legales. El Poder Ejecutivo no ha buscado, tal y como prometió, un ley apropiada para definir los derechos de los prisioneros. Como resultado, mucho se ha dejado en manos de los jueces federales, permitiéndoles llenar los vacíos de la ley vigente con políticas que reflejan sus propios gustos.

• Falta de instalaciones apropiadas en Estados Unidos. No hay cortes de justicia capaces de hacerse cargo de información confidencial y de las necesidades de seguridad que conllevan la detención y juicio de terroristas dentro de Estados Unidos, incluso en bases militares. Actualmente Guantánamo está equipado para cubrir esos desafíos de seguridad.

• Mentalidad de “sólo justicia penal”. Poco después de ser capturados, al terrorista de los calzoncillos bomba y al terrorista de Times Square, les leyeron los derechos Miranda. El punto de partida de la administración Obama para los casos de terrorismo es tratar a los terroristas como criminales comunes, no como soldados enemigos irregulares en posesión de valiosos datos de inteligencia. Esto es peligroso y está mal concebido porque tratar con un enemigo no convencional exige el uso de todas las herramientas legales a disposición del gobierno, incluyendo interrogatorios con fines de inteligencia y el uso de comisiones militares.

• Eludiendo problemas, perdiendo valiosos datos. Estados Unidos, bajo el presidente Obama, ha permitido deliberadamente que terroristas capturados pasen a la custodia de otros países y así evitarse los difíciles problemas que conlleva detener y encarcelar más prisioneros en un sistema carente de definiciones legales útiles. Esto tiene el efecto de reducir nuestro acceso a datos de inteligencia potencialmente críticos que se les puede sacar a estos individuos.

• Rehusarse a proporcionar fiscales experimentados. El Procurador General de la República Eric Holder se ha negado a enviar fiscales federales experimentados a la Oficina de Comisiones Militares, a pesar de que el Departamento de Defensa así se lo ha solicitado.

LAS SOLUCIONES:

• El Congreso debe promulgar la legislación apropiada. Esto comprende la definición de los derechos y privilegios de los combatientes irregulares extranjeros, incluyendo prisioneros actuales y futuros capturados y establecer claras distinciones entre combatientes irregulares, prisioneros de guerra y criminales comunes.

• Dotar de todos los recursos necesarios a las comisiones militares. El Procurador General de la República Holder deberá enviar a los mejores fiscales federales a las comisiones.

• Mantener Guantánamo abierto hasta que no se necesite más. Las instalaciones de detención de la Bahía de Guantánamo son de primera y los prisioneros son bien tratados. El Congreso debe negarse a proveer fondos para cerrar esas instalaciones hasta que ya no se necesite más.

• No importar terroristas a Estados Unidos. Antes de ponerse a cerrar Guantánamo y transferir a los prisioneros restantes a Estados Unidos, el Congreso deberá definir sus derechos y privilegios. De otra forma, es probable que las cortes de justicia declaren que éstos disfrutan de exactamente los mismos beneficios penitenciarios que la Constitución, la Declaración de Derechos y varias leyes confieren a los típicos acusados civiles y criminales, incluso cuando los prisioneros de guerra legales nunca han tenido tales derechos en nuestras cortes ni en ninguna otra corte del mundo.

• Realizar una revisión exhaustiva de los prisioneros y la diplomacia. La administración debería llevar a cabo una revisión de todos los casos de detenidos puestos en libertad o transferidos fuera de Guantánamo para evaluar el índice real de reincidencia. Esta revisión deberá incluir un análisis de los acuerdos diplomáticos que Estados Unidos tenían con los países que recibieron a detenidos de Guantánamo para asegurarse que los países receptores están cumpliendo con los compromisos adquiridos. Los comités de jurisdicción en el Congreso deberían recibir esta información en audiencias secretas.

Este artículo pertenece a la serie Soluciones para América.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.