¿Sabía Ud. que este es el mes de la educación en la Casa Blanca de Obama? Tampoco lo sabíamos nosotros. Pero parece ser que lo es y, conforme a ello, el presidente cruzó el Potomac ayer para visitar una escuela primaria en Arlington, Virginia, donde reclamó la reautorización del impopular programa “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” (NCLB). Fue la típica escenificación del presidente Obama.
Primero denunció los “debates rancios” sobre si la educación necesita “más dinero” o “más reformas”. Entonces —sorpresa— dijo que lo que el país realmente necesitaba eran ambas cosas: “Necesitamos más recursos para las escuelas, pero tenemos que reorganizar la forma en la que nuestras escuelas están funcionando para asegurar el éxito de nuestros jóvenes. … Aprovechemos este momento educativo. Arreglemos [el programa] ‘Que Ningún Niño Se Quede Atrás’”. No, no lo arreglemos.
El programa NCLB es en realidad la octava reautorización de la ESEA (Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965). Aprobada como parte de la Guerra contra la Pobreza del presidente Lyndon B. Johnson, esta primera intervención federal en lo que era originalmente una responsabilidad estatal incluía sólo cinco secciones en 32 páginas. El efecto de ESEA se notó con rapidez en todo el país —pero no por los niños de las escuelas de la nación: después de la aprobación de ESEA, las burocracias educativas estatales se duplicaron en apenas cinco años. Ahora la NCLB comprende más de 50 programas, 10 secciones y 600 páginas. Los burócratas están ganando.
Según la Contraloría General del Gobierno (GAO), en 2010 había 151 programas de educación K-12 y pre-obligatoria en 20 agencias federales por un total anual de $55,600 millones. Sólo la NCLB cuesta a los estados 7 millones de horas extra en papeleo por un costo de $141 millones. Un estudio que hizo GAO en 1999 sobre 10 programas federales de educación encontró que para cuando un dólar del contribuyente llega a un distrito escolar, cerca del 17% se lo había tragado la administración.
Y el presidente Obama ha empeorado el problema. Cuarenta y un estados gastaron millones de dólares del contribuyente y horas-hombre de administración en tratar de persuadir a los burócratas del Departamento de Educación de Obama para que dieran a los estados dinero del estímulo bajo el programa “Carrera a la Cima” (Race to the Top). La solicitud de Louisiana era de 260 páginas con apéndices de 417 páginas. Y al final, la administración Obama acabó dando el dinero a los aliados políticos de sus sindicatos del sector público. Qué despilfarro tan colosal de tiempo y dinero.
¿Y qué han conseguido los contribuyentes por todo este gasto federal en educación? Nada. El gasto federal educativo se ha más que triplicado desde 1970, pero el rendimiento académico no ha cambiado en nada. La directora de Estudios de Política Nacional de la Fundación Heritage, Jennifer Marshall, testificará hoy en el Comité de Educación de la Cámara de Representantes:
Medio siglo de intervención federal en las escuelas locales, intervención siempre en expansión y siempre cambiante, ha fracasado a la hora de mejorar el logro académico. Pero ha causado una enorme carga administrativa. El perjuicio no es sólo por el derroche de dólares o capital humano que podrían haber alcanzado más eficazmente la excelencia educativa. También ha socavado la responsabilidad directa antes padres y contribuyentes, a la vez que animaba a ampliar la burocracia y dar poder a los grupos de presión.
Desde 1965, nuestra nación ha elegido enviar más y más de su dinero para educación a través de Washington, D.C. Esto ha dado poder a los burócratas, debilitado a los padres y sido un desastre para nuestros estudiantes. Necesitamos cambiar curso. Los estados deberían tener la libertad de decidir no participar en los programas educativos federales y debería permitírseles consolidar los fondos federales para redirigir recursos a cualquier propósito legal de carácter educativo que crean adecuado. Las reformas de la educación de abajo arriba solo ocurrirán realmente cuando los gobiernos se liberen del papeleo federal y no tengan que implorar a los burócratas por dinero para educación.





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