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Readoptar el federalismo


EL PROBLEMA:

En el plan de gobierno constitucional de Estados Unidos, nunca se supuso que el gobierno nacional tendría el poder absoluto o tomaría todas las decisiones. De hecho, la mayoría de los poderes del gobierno estaban localizados y las decisiones que afectasen el día a día de la vida de los ciudadanos se debían hacer a nivel estatal. Esta relación se ha invertido durante el curso del siglo XX. Cantidades cada vez mayores de regulaciones y leyes emanadas desde el gobierno federal han centralizado y burocratizado las reglas políticas en Estados Unidos, debilitando el equilibrio del federalismo y amenazando el autogobierno.

LOS HECHOS:

  • Una nación de estados. El federalismo es un componente crucial de nuestro sistema de gobierno y es parte de la infraestructura misma que hace posible nuestra libertad política. Es evidente en toda nuestra historia y en todas nuestras leyes: el reflejo exacto de la autoridad limitada y el alcance de los poderes del gobierno federal en la Constitución de Estados Unidos. La declaración más clara de esta relación se encuentra en la Décima Enmienda: “Los poderes no delegados a Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados para los estados respectivamente, o para el pueblo”.
  • Crecimiento del gobierno federal. El tamaño relativo de los distintos niveles de gobierno ha cambiado drásticamente desde 1900. Entonces, casi el 60% del gasto público se efectuaba a niveles estatales y locales. Hoy, el gobierno federal gasta más del doble que todos los demás niveles de gobierno en su conjunto.
  • Centralización de la administración. A lo largo del siglo XX, la administración del gobierno ha sido crecientemente centralizada bajo el gobierno federal, cobrando un particular protagonismo con la ampliación del estado regulador en los años 60. El Registro Federal, que contiene el texto de las nuevas regulaciones federales, comunicados, y decisiones, tenía 22,877 páginas en 1960; en 2009 tenía 68,598 páginas.
  • Inclusión de los estados en los programas nacionales. Hoy por hoy, los estados administran cada vez más las políticas y los programas que provienen de Washington, convirtíendo a los estados mayormente en agentes administrativos de un gobierno nacional que, en teoría, si no de hecho, es ilimitado y global. Como resultado de ello, los estados actúan a menudo como solicitantes en busca el socorro asistencial del gobierno federal.
  • Una amenaza renovada. Las políticas de la actual administración y del Congreso – desde sus enormes gastos hasta el apoderamiento de industrias enteras con nuevas iniciativas reguladoras y la consiguiente explosión de deuda – han sido especialmente amenazadoras y destructivas para la idea y la integridad estructural del federalismo.

LAS SOLUCIONES:

  • Cambiar la dinámica. El mejor camino para lograr el objetivo de la descentralización del poder del gobierno empieza con reformas prácticas y significativas que cambien la dinámica en cuestiones políticas claves. En las  últimas décadas hay varias áreas que se han convertido en asuntos del gobierno federal pero que se tratan mejor a nivel de gobierno estatal y local. Cinco áreas están especialmente listas para este tipo de reforma.
  • Atención médica. Un planteamiento centralizado para el sistema de salud posiblemente no producirá un sistema que funcione eficientemente por todas partes en Estados Unidos, dada la diversidad del país y también la complejidad del sistema de salud. El gobierno federal debería más bien crear las condiciones necesarias para que los estados encabecen la búsqueda para hallar mejores formas de lograr que el sistema de salud sea asequible para sus ciudadanos. Para lograrlo, el gobierno federal debe poner fin a los prejuicios en el código tributario contra las personas que adquieran cobertura de salud personal, con el fin de ayudar a la innovación del mercado. Debe promover el comercio interestatal en relación a los seguros médicos. Y debería dar a los estados dispensas de leyes que rijan programas –no solo las regulaciones – tales como Medicaid y Medicare para así estimular a que los estados prueben diversas alternativas.
  • Educación. Debemos restaurar el papel preeminente de los estados en el establecimiento de las prioridades de educación que mejor se ajusten a las necesidades de sus propios ciudadanos. Los estados deberían tener la libertad de escoger estar fuera de los programas educativos federales y asumir plena responsabilidad, libre de sofocantes mandatos federales, para dirigir su financiación y política de educación. Los estados deberían poder consolidar la financiación federal y dirigirla a cualquier propósito educativo que sea legal conforme a las competencias del estado. A cambio de la libertad frente a los mandatos federales, los estados deberían incrementar su transparencia sobre los estándares de rendimiento escolar y poder demostrar resultados en términos del logro académico con el tiempo.
  • Transporte. Los estados deberían controlar y establecer las prioridades para su red de carreteras y otros programas relacionados con el transporte en lugar de estar obligados a seguir un modelo único, con mandatos dictados por cabilderos que ahora ya están arraigados en la ley federal. Esto incluye el control de su participación del dinero federal que les corresponde del fondo de la red de carreteras. Los estados que quieran escoger estar por completo fuera del programa federal de carreteras y conservar todos los ingresos de los impuestos federales sobre el combustible recaudados dentro del estado deberían poder hacerlo.
  • Seguridad nacional. Los gobiernos estatales y locales cuenta con muchas más personas implicadas en seguridad doméstica que las que el gobierno federal tiene y las políticas deberían reflejar esa dinámica. Las subvenciones del Departamento de Seguridad Interior han dado paso a leyes para comprar favores políticos y deberían ser eliminadas y reemplazadas  por acuerdos cooperativos entre el gobierno federal y los estados. No todos los desastres naturales son un desastre nacional, por tanto la ley federal debería cambiarse para evitar el control federal en cada desastre natural y para permitir acciones más eficaces del estado. En general, a pesar del enorme crecimiento del gobierno federal, los estados mantienen la flexibilidad necesaria para desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos más difíciles de América. El Congreso debería ayudar a los estados enmendando las leyes federales, por ejemplo, en el área de inmigración – para permitir claramente a los estados experimentar con iniciativas reformistas.
  • Sobrecriminalización. El poder de hacer leyes y tomar decisiones sobre la seguridad pública debería en general residir tan cerca como sea posible en aquellos que sean los más afectados. Sin embargo, el Congreso ha criminalizado amplias áreas de la vida americana que no tienen ninguna conexión clara con los legítimos intereses federales o con la Constitución. Este exceso de la federalización del crimen socava la responsabilidad estatal y local para hacer cumplir la ley, mina los esfuerzos cooperativos y creativos para luchar contra el crimen y daña el sistema de gobierno federalista de América. Para acabar con este exceso de federalización, el Congreso debería requerir un análisis por escrito y una justificación que explique cada modificación o nueva tipificación de delito o de penas federales, incluyendo (1) una declaración directa de la expresa disposición constitucional que autoriza la nueva tipificación del crimen, (2) un análisis de si la criminalización está en conformidad con consideraciones constitucionales y prudenciales del federalismo y (3) un debate sobre cualquier coincidencia entre la tipificación propuesta y leyes estatales existentes que ya criminalizan esa misma conducta.

 

Este artículo pertenece a la serie Soluciones para América.

La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.
Posted in Constitucionalismo, Estudios, Gobierno de Estados Unidos, Liderazgo para América, Opinión, Pensamiento Político, Principios Fundacionales