Reforma educativa

14 / 01 / 2011

EL PROBLEMA:

La educación americana está en una encrucijada. El papel del gobierno federal en materia de educación ha crecido considerablemente durante el último medio siglo, trasgrediendo nuestro arraigado principio de federalismo en educación. El significativo aumento del gasto y la gran cantidad de regulación que lo acompaña no ha llevado a mejores resultados. Además, reformas importantes como la opción escolar se han visto obstaculizadas por intereses especiales. Para restituir un sentido de autogobierno, empoderar a las familias y producir excelencia educativa, es imprescindible que la autoridad educativa sea devuelta a los estados, a los líderes locales y a los padres.

LOS HECHOS:

Un mayor control del gobierno federal. La constante extralimitación del rol del gobierno federal en la educación ha culminado en una iniciativa que implementa estándares y exámenes nacionales los cuales amenazan los consolidados derechos de los padres a dirigir la educación de sus hijos y atenazan el papel tradicional de los estados a la hora de diseñar planes de estudios escolares. Los estándares nacionales amenazan con estandarizar la mediocridad menoscabando los esfuerzos de estados que exigen más de sus estudiantes.

Aumento del gasto. El aumento del control del gobierno federal de la educación va a la par con el creciente gasto de Washington en educación. Hoy, el gasto combinado de la educación federal, estatal y local excede los $580 mil millones anuales o alrededor del 4.2% del PIB. Pero aunque el gasto por alumno, ajustado a la inflación, se ha más que duplicado desde 1970, superando ahora los $10,000 anuales, el rendimiento académico y el índice de graduación se han estancado.

Los sindicatos educativos ahogan la reforma educativa. Muchos de los actuales problemas que afligen a la educación americana se pueden atribuir directamente a la influencia de los sindicatos y su inquebrantable oposición a una significativa reforma educativa. Según la Comisión Federal Electoral (FEC), los sindicatos educativos se gastaron más de $71 millones en 2007-2008 en campañas políticas y candidatos, con el 95% de sus contribuciones yendo a políticos y causas de inclinación izquierdista.

Minando la opción escolar para niños necesitados. Una de las víctimas de la agenda educativa de la administración Obama es el exitoso y muy popular Programa Escolar de Oportunidad de D.C. (DCOSP) que otorga becas de hasta $7,500 a niños de familias de bajos ingresos en la capital de la nación. Lamentablemente, la Casa Blanca quiere eliminar este programa paulatinamente a pesar de su probado historial elevando el logro académico de los alumnos que han recibido estas becas de la oportunidad.

LAS SOLUCIONES:

Estados libres de burocracia federal. Los estados deberían tener libertad para no participar en programas educativos federales y se les debería permitir consolidar la financiación federal para dirigir los recursos a cualquier propósito educativo legal según los estatutos del respectivo estado. Los responsables políticos pueden inspirarse en antiguos modelos como la ley Logro Académico para Todos (Straight A’s) y la ley A-PLUS. Liberar a los estados de los mandatos de Washington y empoderar a los líderes estatales para ejercer un mayor control sobre la financiación de la educación propiciarían la innovación, la eficacia y la excelencia.

Rechazar estándares y exámenes nacionales. El Congreso debería rechazar y desmantelar la iniciativa de la administración Obama para establecer estándares y exámenes federales. Con supervisión estatal de estándares y exámenes, estos serían más explicables y los padres podrían exigir a las autoridades que respondan por su gestión.

Frenar el gasto federal de la educación. El gasto educativo no tiene ninguna correlación con el rendimiento académico. No obstante, el Congreso, a instancias de los sindicatos de profesores, continúa aumentando el gasto federal en la educación. En vez de aumentar la financiación para la enseñanza pública, los responsables políticos federales y estatales deberían adoptar reformas que centren los recursos en las aulas y no en lo que se conoce como “la masa educacional” – las decenas de miles de burócratas que componen el complejo educativo industrial y que no contribuyen a la calidad de la enseñanza en las aulas.

Liberar a los alumnos para que asistan a escuelas seguras y eficaces. Con el fin de mejorar los resultados educativos, los padres deberían estar facultados para exigir responsabilidades a las escuelas a través de la opción escolar. Las investigaciones demuestran que los estudiantes que participan en programas de opción escolar rinden más académicamente que aquellos que no lo hacen. Los responsables políticos estatales deberían ser libres para permitir que los padres conviertan su parte de los fondos federales en programas tales como la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA) y el Título I para iniciativas de opción escolar, es decir, permitiendo que los fondos sigan a los niños a las escuelas, incluyendo las escuelas privadas, que mejor satisfagan sus necesidades educativas.