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  • Reintegrar a Estados Unidos a la economía libre


     

    EL PROBLEMA:

    En 2010, por vez primera, Estados Unidos ha bajado de la categoría de los países económicamente “libres”, tal como lo mide el Índice de Libertad Económica, publicado anualmente por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal, quedando así por debajo de la línea que da el derecho a los países a llamarse a sí mismos “libres”. (Y allí sigue en 2011). ¿Cuál es el estatus de Estados Unidos hoy? “Mayormente libre”. ¿La razón? Importantes declives en la libertad financiera, libertad monetaria y derechos de propiedad. Estados Unidos puntúa especialmente mal en áreas en las que el gobierno ha tomado un papel demasido grande e invasivo. Este declive debe revertirse.

    LOS HECHOS:

    • Libertad fiscal. Las tasas marginales de los impuestos sobre ingresos para particulares y empresas son más altos que las medias globales del 29% (personal) y 25% (empresas). La presión fiscal en Estados Unidos (28.3% del PIB en 2008) es también considerablemente mayor que la media mundial, 23.2%.
    • Gasto gubernamental. En los pasados dos años, el gasto se ha desatado, alcanzando el 24.7% del PIB en 2009. Se estima que crecerá hasta el 25.4% en 2010. El crecimiento del déficit presupuestario federal es aún más explosivo, añadiendo a la deuda nacional alrededor de un billón de dólares en 2009 y otra vez en 2010.

    • Libertad financiera. Desde 2008, el Programa de Ayuda para Activos en Problemas (TARP) y otros programas similares han rescatado una amplia variedad de compañías financieras. Estos rescates incluyen intentos del gobierno por microgestionar empresas según la teoría de que como han aceptado dólares del contribuyente americano, deben responder ante el control político de Washington.

    • Corrupción. Para tener éxito en su papel de regulador imparcial de varias industrias, el gobierno ha de ser percibido como neutral y sin interéses propios en lo que regula. En 2009, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos se convirtió en propietario parcial u operador efectivo de varias compañías “demasiado grandes para fracasar”. Algunos perciben que la imparcialidad de la acción regulatoria posterior ha quedado comprometida.

    LAS SOLUCIONES:

    • Reducir los tipos impositivos. Se debe recortar nuestro impuesto a las utilidades de las empresas, actualmente el segundo más alto del mundo desarrollado, para restaurar la competitividad de Estados Unidos. El tipo del impuesto sobre sociedades debe estar al nivel (o por debajo) de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el 26%, para eliminar el incentivo que tienen empresas y empleos para irse fuera del país. Deberíamos dejar de aplicar impuestos a las empresas como si fueran personas y más bien reducir el impuesto al 25%, lo que ayudaría a las empresas y crearía trabajos. Estados Unidos necesita impuestos más bajos y con menos progresividad, sin que le cobren a la gente varias veces por el mismo dinero ahorrado, invertido o en otras formas de capital. Una reducción de la presión fiscal sobre los ciudadanos a un nivel consistente con la media global, o inferior, mejoraría la libertad fiscal.
    • Gastar menos y descentralizar decisiones. El Congreso debería aprobar un límite fijo al incremento del gasto total del gobierno anualmente, limitado a la inflación más el crecimiento de población. Los legisladores deberían esmerarse firmemente a mantener el gasto conjunto federal en menos del 20% del PIB, el promedio histórico de gasto federal para después de la Segunda Guerra Mundial. El Congreso debería quitar el piloto automático del gasto en los derechos a beneficios y someterlo a la disciplina del proceso presupuestario de los presupuestos de largo plazo que el Congreso revisa con regularidad. Esto forzaría a que el gasto en derechos a beneficios compitiese políticamente por fondos con otras prioridades de gasto. Las responsabilidades de las agencias federales de transporte, agricultura y educación deberían descentralizarse de nuevo, transfiriéndoselas así a los estados. La nueva ley de salud que centraliza tantas tomas de decisiones y financiación deberá derogarse. Los gobiernos estatales y locales pueden ajustar los programas a la medida de sus necesidades para hacerlos más efectivos y pueden experimentar con nuevas ideas para reducir el costo total del gobierno.
    • Deshacer la intervención gubernamental. El gobierno debería acabar con las intervenciones realizadas desde 2008, empezando por la derogación del TARP. Luego debería abolir las agencias Freddie Mac y Fannie Mae y derogar todas las medidas regulatorias del gobierno federal que interfieren con los mercados hipotecarios. El Congreso también debería abolir la ley Sarbanes–Oxley que discrimina contra las pequeñas empresas y reduce la competencia. Se debería dejar que las empresas se declaren en bancarrota y las leyes y reglamentos no deberían crear expectativas de futuros rescates.
    • Reducir la implicación del gobierno en la toma de decisiones comerciales. El Congreso debe acabar con la insidiosa práctica de la asignación de fondos para proyectos especiales de los legisladores en sus propios distritos porque corrompe el proceso legislativo. El gobierno necesita deshacerse de todos los activos adquiridos en conexión con la crisis financiera y la recesión y debe dejar de interferir en las quiebras. Estas reformas, junto a las otras, se complementarían y reforzarían la recuperación general de la libertad económica de América.
    • La ley RAISE para los trabajadores. Los contratos sindicales fijan tanto el suelo como el techo de los salarios. Las empresas sindicalizadas no pueden dar aumentos a los empleados productivos fuera de los ya negociados colectivamente. Los sindicatos normalmente exigen que los empresarios compensen a los trabajadores por “tiempo trabajado” en vez de por “trabajar duro”. Da igual cuán ejemplar sea un empleado, su sueldo no puede exceder lo que especifica los contratos negociados por los sindicatos. Este “techo de clasificación por antigüedad” elimina el incentivo al desempeño excepcional y limita los ascensos de los miembros del sindicato. La ley RAISE (Rewarding Achievement and Incentivizing Successful Employees) permitiría a los empresarios pagar más, pero no menos, de lo que los contratos de los sindicatos señalan. La ley RAISE permitiría que los trabajadores tengan un incentivo para incrementar su productividad. La actual ley federal limita los salarios de 8 millones de trabajadores americanos. La ley RAISE devolvería a los miembros de los sindicatos el inherente derecho americano a ganarse aumentos individuales a través de esfuerzos individuales.

     

    Este artículo pertenece a la serie Soluciones para América.

    La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org.
    Posted in Economía, Informes, Iniciativa y Libre Mercado, Liderazgo para América, Opinión, Soluciones, Soluciones para América