• The Heritage Network
    • Ampliar:
    • A
    • A
    • A
  • Donar
  • Sinopsis del estudio “El costo de la amnistía”

    La inmigración ilegal y la amnistía para los actuales inmigrantes ilegales puede suponer un enorme costo fiscal para los contribuyentes de Estados Unidos. El gobierno proporciona cuatro tipos de beneficios y servicios que son relevantes en este asunto:

    · Beneficios directos. Estos incluyen el Seguro Social, Medicare, el seguro por desempleo y las indemnizaciones laborales.

    · Beneficios según ingresos de la asistencia social. Hay más de 80 programas que, con un costo de cerca de $900,000 millones anuales, proporcionan dinero en efectivo, alimentos, vivienda, atención médica y otros servicios a casi 100 millones de americanos con bajos ingresos. Entre los principales programas de este apartado se incluyen Medicaid, los cupones para alimentos, el crédito fiscal reembolsable por ingreso devengado (EITC), las viviendas públicas, el Seguro de Ingresos Suplementarios (SSI) y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

    · Educación pública. Con un costo de $12,300 por alumno y año, estos servicios son en su mayor parte gratuitos o están subsidiados en gran medida para progenitores con bajos ingresos.

    · Servicios según población. La policía, los bomberos, las autopistas, los parques y otros servicios similares, como determinó la Academia Nacional de Ciencias en su estudio sobre los costos fiscales de la inmigración, normalmente tienen que ser ampliados a medida que los nuevos inmigrantes van llegando a una comunidad; alguien tiene que cargar con el costo de esa ampliación.

    El costo de estos servicios púbicos es mucho mayor de lo que mucha gente imagina. Por ejemplo, en 2010 el hogar promedio de Estados Unidos recibió $31,584 en beneficios y servicios públicos pertenecientes a estas cuatro categorías.

    El sistema público es altamente redistributivo. Los hogares con un elevado nivel educativo tienden a ser contribuidores fiscales netos: los impuestos que pagan superan a los beneficios directos y según ingresos, así como a los servicios educativos y según población que reciben. Por ejemplo, en 2010, en el conjunto de la población de Estados Unidos, los hogares con cabezas de familia con educación universitaria recibieron de promedio $24,839 en beneficios públicos mientras que pagaron $54,089 en impuestos. Así, el hogar promedio con nivel educativo universitario generó un superávit fiscal de $29,250 que el gobierno utilizó para financiar los beneficios que reciben otros hogares.

    En cambio, otros hogares son consumidores fiscales netos: Los beneficios que reciben exceden los impuestos que pagan. Estos hogares generan un “déficit fiscal” que debe ser financiado con los impuestos de otros hogares o mediante endeudamiento público. Por ejemplo, en 2010, en el conjunto de la población de Estados Unidos, los hogares cuyos cabezas de familia carecen de un título de educación secundaria recibieron de promedio $46,582 en beneficios públicos mientras que sólo pagaron $11,469 en impuestos. Esto generó un déficit fiscal promedio (los beneficios recibidos menos los impuestos pagados) de $35,113.

    Los elevados déficits de los hogares con bajo nivel educativo son importantes en este debate sobre la amnistía puesto que el típico inmigrante ilegal sólo tiene un nivel educativo de 10º grado. La mitad de los hogares de inmigrantes ilegales tiene un cabeza de familia con un nivel educativo inferior a la escuela secundaria, mientras que otro 25% sólo tiene un título de educación secundaria.

    Hay quien argumenta que estas cifras de los déficits en hogares con bajo nivel educativo dentro de la población general no son pertinentes en el caso de los inmigrantes. Por ejemplo, muchos creen que los inmigrantes legales hacen poco uso de la asistencia social. En realidad, los hogares de los inmigrantes legales reciben de promedio una cantidad significativamente mayor de beneficios en asistencia social que los hogares de americanos de nacimiento. En general, los déficits o los superávits fiscales de los hogares de inmigrantes legales son iguales o mayores que los de los hogares de americanos de nacimiento con el mismo nivel educativo. Los hogares con bajo nivel educativo, ya sean de inmigrantes o de ciudadanos americanos, reciben muchos más beneficios públicos de lo que pagan en impuestos.

    A diferencia de los inmigrantes legales, los inmigrantes ilegales no tienen en la actualidad acceso a la asistencia social según ingresos, al Seguro Social ni a Medicare. Sin embargo, eso no quiere decir que no reciban beneficios y servicios públicos. Los niños de hogares de inmigrantes ilegales reciben educación pública altamente subvencionada. Muchos inmigrantes ilegales tiene niños nacidos en Estados Unidos; estos niños tienen derecho actualmente a todo el abanico de servicios de la asistencia social pública y a beneficios médicos. Y, por supuesto, cuando los inmigrantes ilegales residen en una comunidad, ellos usan carreteras, parques, alcantarillado, policía y servicios de bomberos; estos servicios se tienen que ampliar para cubrir el aumento de población o se producirá, efectos de “congestión” que llevarán a un descenso de la calidad de los servicios.

    En 2010, el hogar de inmigrantes ilegales promedio recibió $24,721 en beneficios y servicios públicos mientras que pagó $10,334 en impuestos. Esto generó un déficit fiscal anual promedio (los beneficios recibidos menos los impuestos pagados) de $14,387 por hogar. Los contribuyentes de Estados Unidos han tenido que cargar con ese gasto. La amnistía proporcionaría a los hogares de inmigrantes ilegales el acceso a los más de 80 programas de asistencia social según ingresos, Obamacare, el Seguro Social y Medicare. Por tanto, el déficit fiscal por hogar se dispararía.

    Si se promulga, la amnistía se implementaría por fases. Durante la fase inicial o interina (que probablemente duraría 13 años), a los inmigrantes ilegales se les concedería estatus legal pero se les negaría el acceso a la asistencia social según ingresos y a Obamacare. La mayoría de analistas supone que casi la mitad de los inmigrantes ilegales trabaja “en negro” y por tanto no pagan impuestos sobre ingresos ni impuestos previstos en la Ley de Contribución a los Seguros Federales (FICA). Durante la primera fase interina, estos trabajadores “en negro” tendrían un fuerte incentivo para pasar a trabajar “en blanco”. Además, sus sueldos probablemente aumentarían a medida que encontrasen empleos en un entorno más abierto. Como resultado de ello, durante el periodo interino, la aportación fiscal aumentaría y el promedio del déficit fiscal en los hogares de los que eran  inmigrantes ilegales disminuiría.

    Tras esos 13 años, los inmigrantes ilegales tendrían derecho a acceder a la asistencia social según ingresos y a Obamacare. En ese momento o poco después, los hogares de los que eran inmigrantes ilegales probablemente comenzarían a recibir beneficios públicos al mismo ritmo que los hogares de inmigrantes legales del mismo nivel educativo. El resultado de esto sería que el gasto público y los déficits fiscales se incrementarían espectacularmente.

    La fase final de la amnistía es la jubilación. Actualmente, los inmigrantes ilegales no tienen derecho al Seguro Social ni a Medicare, pero con una amnistía sí lo tendrían. Y de hecho, el costo de este cambio sería enorme.

    · Como se ha indicado, en este momento (antes de la amnistía), el hogar promedio de inmigrantes ilegales tiene un déficit neto (los beneficios recibidos menos los impuestos pagados) de $14,387 por hogar.

    · Durante la fase provisional inmediatamente posterior a la amnistía, el pago de impuestos crecería más que los beneficios públicos y el déficit fiscal promedio para los hogares de que eran inmigrantes ilegales se reduciría hasta los $11,455.

    · Al final del periodo interino, los inmigrantes ilegales pasarían a tener derecho a la asistencia social según ingresos y a los subsidios médicos de Obamacare. El promedio de los beneficios ascendería a $43,900 por hogar; el pago de impuestos se mantendría en torno a los $16,000; el déficit fiscal promedio ((los beneficios menos los impuestos) sería de alrededor de $28,000 por hogar.

    · La amnistía también incrementaría los costos de jubilación al hacer que los inmigrantes ilegales tuvieran derecho al Seguro Social y a Medicare, dando como resultado un déficit fiscal neto de alrededor de $22,700 por cada beneficiario de la amnistía que se jubilase cada año.

    En términos de políticas y déficits públicos, una cifra a tener en cuenta es el déficit anual acumulado de todos los hogares de inmigrantes ilegales. Este equivale al total de beneficios y servicios recibidos por todos los hogares de los inmigrantes ilegales menos el total de impuestos pagados por esos hogares.

    · Con la ley actual, el conjunto de todos los hogares de inmigrantes ilegales tiene un déficit anual acumulado de alrededor de $54,500 millones.

    · En la fase interina (aproximadamente los 13 primeros años tras la amnistía), el déficit anual acumulado descendería hasta los $43,400 millones.

    · Al final de la fase interina, los hogares de que eran inmigrantes ilegales tendrían derecho a un acceso total a la asistencia social según ingresos y a los beneficios de la atención médica según la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA). El déficit anual acumulado se dispararía hasta unos $106,000 millones.

    · Durante la fase de jubilación, el déficit anual acumulado estaría en torno a los $160,000 millones. Este disminuiría lentamente a medida que los antiguos inmigrantes ilegales fuesen falleciendo.

    Los ya sobrecargados contribuyentes de Estados Unidos tendrían que cargar con ese gasto (todas las cifras se corresponden a dólares de 2010).

    El inmigrante ilegal tipo tiene 34 años. Después de la amnistía, esta persona recibirá beneficios públicos durante un promedio de 50 años. Por tanto, restringir el acceso a esos beneficios durante los 13 primeros años tras la amnistía sólo tendría un impacto marginal en los costos a largo plazo.

    Si se promulga la amnistía, el inmigrante ilegal adulto recibiría un promedio de $592,000 más en beneficios públicos durante el transcurso de toda su vida de lo que pagaría en impuestos.

    Durante su vida, el conjunto de los antiguos inmigrantes ilegales recibiría $9.4 billones en beneficios y servicios públicos y pagaría $3.1 billones en impuestos. Generaría un déficit fiscal durante su vida (el total de beneficios menos el total de impuestos) de $6.3 billones (todas las cifras están reflejadas en dólares constantes de 2010). Todo esto se debería considerar como una estimación mínima, pues probablemente subestima los verdaderos costos futuros debido a que hace un recuento a la baja del número de inmigrantes ilegales y personas dependientes de los mismos que realmente se beneficiará de la amnistía y subestima de manera significativa el futuro crecimiento de la asistencia social y los beneficios médicos.

    El debate sobre las consecuencias fiscales de la inmigración ilegal y de baja calificación se ve obstaculizado por un gran número de ideas equivocadas. Realmente, pocos legisladores comprenden el tamaño actual del gobierno y el alcance de la redistribución de la riqueza. El hecho de que el hogar promedio reciba cada año $31,600 en concepto de beneficios públicos resulta chocante. El hecho de que un hogar cuyo cabeza de familia sea una persona con un título inferior a la escuela secundaria reciba $46,600 es aún más chocante.

    Muchos conservadores creen que si una persona tiene un empleo y trabaja duro, inevitablemente se convertirá en un contribuidor fiscal neto (pagando más en impuestos de lo que recibe en beneficios). Pero en nuestra sociedad eso no ha sido así durante muchísimo tiempo. De forma parecida, muchos creen que los inmigrantes ilegales trabajan más que otros grupos sociales. Pero esto tampoco es cierto. El índice de empleo entre los inmigrantes ilegales en edad adulta es más o menos el mismo que entre la población general.

    Muchos responsables políticos creen también que debido que los inmigrantes ilegales son relativamente jóvenes, estos ayudarán a atenuar las penurias fiscales de una sociedad envejecida. Por desgracia, esto no es verdad. En cada etapa del ciclo de la vida, los inmigrantes ilegales promedio generan déficits fiscales (los beneficios sobrepasan a los impuestos). Los inmigrantes ilegales promedio siempre son consumidores fiscales; en ningún momento generan un “superávit fiscal” que se pueda utilizar para pagar los beneficios públicos del resto de la sociedad. Obviamente, esta situación será mucho peor tras la amnistía.

    Muchos responsables políticos creen que tras la amnistía, los inmigrantes ilegales ayudarán a hacer que el Seguro Social sea solvente. Es cierto que actualmente los inmigrantes ilegales pagan impuestos según la FICA y que pagarían más después de la amnistía, pero con un promedio de ingresos anuales de $24,800, el típico inmigrante ilegal pagará sólo alrededor de $3,700 anuales en impuestos de la FICA. Tras las jubilación, es probable que esa persona reciba más de $3 del Seguro Social y Medicare (ajustados a la inflación) por cada dólar que haya pagado en impuestos según la FICA.

    Es más, los impuestos y los beneficios se deben ver de un modo integral. Es un error ver el fondo fiduciario del Seguro Social como algo aislado. Si una persona paga $3,700 anuales al fondo fiduciario del Seguro Social pero al mismo tiempo recibe anualmente $25,000 netos (beneficios menos impuestos) de la recaudación pública general, la solvencia del gobierno no habrá mejorado.

    Tras la amnistía, los costos fiscales de los hogares de los antiguos inmigrantes ilegales serán casi los mismos que los de los hogares de los inmigrantes legales y de los ciudadanos no inmigrantes con el mismo nivel educativo. Debido a que la política del gobierno de Estados Unidos tiene un carácter altamente redistributivo, estos costos serán aún mayores. Quienes afirman que la amnistía no supondrá una mayor carga tributaria simplemente pretenden negar la naturaleza redistributiva subyacente en las normativas públicas del siglo XXI. Finalmente, hay quien argumenta que no importa si los inmigrantes ilegales crean un déficit fiscal de $6.3 billones ya que sus hijos compensarán ese costo. Pero eso no es cierto. Incluso si todos los hijos de los inmigrantes ilegales se graduaran en la universidad, se verían enormemente presionados si tuvieran que devolver ese costo de $6.3 billones durante el transcurso de sus vidas.

    Y por supuesto, no todos los hijos de los inmigrantes ilegales se graduarán en la universidad. Los datos sobre la movilidad social intergeneracional muestran que, aunque los hijos de los inmigrantes ilegales obtendrán resultados académicos sustancialmente mejores que sus padres, esos logros tendrán limitaciones. Por ejemplo, es probable que sólo el 13% se gradúe en la universidad. Debido a esto, es probable que como promedio esos hijos de inmigrantes no se conviertan en contribuidores fiscales netos. Es probable que los hijos de los inmigrantes ilegales sigan siendo una carga fiscal neta para los contribuyentes de Estados Unidos, aunque serán una carga mucho más pequeña que sus padres.

    Un último problema es que la inmigración ilegal parece reducir los sueldos de los ciudadanos americanos y de los inmigrantes legales con baja calificación en un 10%, es decir, unos $2,300 anuales. La inmigración ilegal probablemente también deja totalmente fuera de la población activa a gran parte de los trabajadores nacidos en Estados Unidos cuya situación es más vulnerable. Por tanto, la inmigración ilegal hace que para los ciudadanos americanos menos aventajados sea más difícil participar del Sueño Americano. Y esto es injusto: las políticas públicas deberían defender los intereses de aquellos que tienen derecho a residir aquí, no los de aquellos que han incumplido nuestras leyes.

     

    La versión en inglés de este estudio está en Heritage.org. 

     

    Posted in Actualidad, Adminstración Obama, Análisis, Congreso, Derecho a beneficios, Economía, Elecciones EE.UU. 2012, Estudios, Gobierno de Estados Unidos, Impuestos, Inmigración, Opinión, Sistema de Salud, Sociedad civil, Temas legales
     
    • M. Hernandez.

      no es un amnistia!!!! caray dejen de malinformar a la gente, sean profesionales.